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Cartas al Director

Se ha aplaudido el acuerdo trinacional sobre el ferrocarril bioceánico Perú-Brasil que China ha ofrecido financiar y ejecutar como complemento de las rutas marítimas que sirven al comercio con la potencia asiática. Sin embargo, la envergadura y aristas del proyecto exigen una aproximación rigurosa.

Perú: entre China y Brasil

Se ha aplaudido el acuerdo trinacional sobre el ferrocarril bioceánico Perú-Brasil que China ha ofrecido financiar y ejecutar como complemento de las rutas marítimas que sirven al comercio con la potencia asiática. Sin embargo, la envergadura y aristas del proyecto exigen una aproximación rigurosa.

Santos o Río de Janeiro reciben la carga china en barcos que llegan por el Atlántico (así pueden recalar en puertos de Sudáfrica). La carga para el Callao viene directamente por el Pacífico. Ninguna de las rutas utiliza el Canal de Panamá y el flete es el mismo o similar para ambas (www.shippinglatino.com/maritimo.html). Significa que el proyecto no reduciría el costo del transporte marítimo, factor de competitividad importante para las exportaciones peruanas, brasileñas o chinas, y justificación económica del megaproyecto.

En el tramo peruano —de Ucayali a Piura— no hay un solo riel. Brasil tiene operativos unos 900 km del tramo Mato Grosso-Goias (Campinorte), que continuará hasta llegar al super puerto de Açu (al norte de Río), terminal de la “Ferrovía Transcontinental EF-354”, como se denomina la sección brasileña del Ferrocarril Bioceánico en ciernes. Por ausencia de complicaciones medioambientales, el tramo entre Mato Grosso y Puerto Açu podría construirse primero, mejorando sustancialmente la logística del grueso de las exportaciones de soya al Asia y Europa, sin necesidad del emprendimiento trinacional.

El costo económico y ambiental del ferrocarril son problemas que afectan al Perú y a Brasil. China financiaría y ejecutaría las obras y vendería sus equipos y tecnología, además de colocarse en posición privilegiada para participar en el transporte marítimo (Cosco, su naviera, está entre las cinco primeras del mundo) y en la implementación de los puertos involucrados en el proyecto.

El periódico “El Comercio” ha informado que la división de tareas convenida en el Memorándum de Entendimiento firmado por los tres países asigna los principales estudios a China. Las tareas de Perú y Brasil son de menor envergadura. Entre ellas destaca la evaluación del impacto ambiental del ferrocarril. Profanar la selva amazónica, atravesar áreas protegidas (como la fronteriza Sierra del Divisor) y perturbar la vida de comunidades nativas, anuncia una guerra con poderosas ONG y movimientos afines.

El proyecto abre muchos frentes que debemos anticipar y tratar cuidadosamente. Equilibrio de beneficios y costos, amplio acceso de nuestros productos a los mercados de Brasil y China, recorrido de la ruta ferroviaria, intermodalidad, conexiones fluviales y carreteras, y minimización de impactos ambientales son algunos de los aspectos a negociar. El Perú es el socio menor de un megaproyecto con el gigante asiático y el mayor país de Sudamérica, pero nuestro territorio sería el eslabón entre ellos, lo que potencia nuestra capacidad de negociación.

El impacto geopolítico y fiscal de un proyecto no menor de $$10 billones —y seis años de construcción— exige un eficiente equipo multisectorial de expertos y diplomáticos para apoyar al Ministerio de Transportes. De ello depende que las negociaciones en curso sean favorables para el Perú. ©FIRMAS PRESS

J. Eduardo Ponce Vivanco. Ex Embajador del Perú en Brasil.

El alto precio de ser opositor

Que un gobierno descuide las vías de comunicación y el estado de las calles de una ciudad, porque la Alcaldía fue ganada por la oposición, es algo bochornoso y, por demás, vergonzoso.

Siempre supe que Río Blanco y Matiguás, ambos, municipios de Matagalpa, son grandes productores de granos básicos y productos lácteos, como de ganado. Tuve la oportunidad de conocer Río Blanco el pasado 15 de mayo del corriente, y mi decepción y la del grupo de amigos que me acompañaron, fue completa, constatando el decepcionante deterioro de la carretera que une a Muy Muy, municipio en manos del sandinismo, con Matiguás y Río Blanco. Pero es con este último con el que el gobierno se ha ensañado, a tal extremo de tener el trecho de carretera en más pésimo estado de todo el país. Es un verdadero calvario el recorrido de los aproximadamente setenta kilómetros entre Muy Muy y Río Blanco, no importándole al gobierno la cantidad de vehículos de todo tamaño que transitan dicha vía en actividades comerciales, pues la zona es de las más rica y productiva del país.

La entrada a dicha ciudad se encuentra en un estado tan lamentable, que hasta los camiones y vehículos de doble tracción pasan grandes apuros para poder entrar a la ciudad. Visité la Alcaldía, en la que, para mi sorpresa, fui atendido de inmediato por la vicealcaldesa, contestando ella amablemente a mis preguntas. Expresó que con la partida que el gobierno destina para el municipio, no se cumple ni con la décima parte de las necesidades que tienen, y que a pesar de todo, le hacen frente lo mejor que pueden a la penosa situación a la que han sido expuestos por haber ganado limpiamente la Alcaldía.

Le recordaré a doña Rosario Murillo, quien es la que decide lo que puede o no pasar en nuestro país, que si haber votado en su contra es el pasaporte al olvido del Gobierno que tan deshonestamente manipula, el progreso de un pueblo no se mide por la cantidad de votos que adquiera un gobierno, sino por la madurez de sus actuaciones. Recuerde que Río Blanco también es Nicaragua.

Ramón Pineda

El notariado, la más noble o vil profesión

El desarrollo social de nuestro país es evidente y con ello la exigencia al Derecho, como ciencia, a reinventarse y moldearse a esas nuevas realidades. Para Nicaragua es un momento clave en su historia, por el aparente crecimiento en su economía y desarrollo humano. No obstante para el Derecho nicaragüense es uno de los peores momentos de su historia. La falta de efectividad normativa y reconocimiento social del Derecho, hace agonizar a las Ciencias Jurídicas. Diversas ramas del Derecho en Nicaragua podrían mejorarse y modernizarse, pero es fundamental comenzar a analizar el Derecho Notarial de nuestro país.

Hay una crisis deontológica en la profesión. La sociedad ha perdido la fe en la profesión notarial, el reconocimiento de la certeza jurídica que los notarios poseen, como función delegada del Estado en ellos. Esto se debe principalmente a la carencia de valores morales en el ejercicio de la profesión por parte de los notarios en el país, la carencia de conciencia, la paupérrima preparación académica en el notariado, la mixtura entre la profesión abogadil y la notarial, la no supervisión, fiscalización y control notarial del Estado, la deplorable función del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial frente al correcto ejercicio de la función notarial, la falta de compromisos de las universidades del país de formar verdaderos profesionales con un perfil que apunte al desarrollo de la nación, además de contar con una cantidad exagerada de notarios para una densidad demográfica reducida. Estas son algunas de las muchas causas de los trances que vive el Derecho Notarial en Nicaragua.

Por ello se hace necesario formular diversas interrogantes procedentes de la revisión del ordenamiento jurídico notarial vigente. Dichas interrogantes deben hacer pensar al legislador la necesidad de considerar nuevas pautas en la conceptualización y alcance de la norma notarial, muchas cuestiones pueden saltar al tintero tras la revisión al sistema normativo, las cuales podrían ser: considerar en establecer un númerus clausus a la profesión notarial, establecer calificación académica especializada para ser notario (exámenes de oposición, especialización universitaria notarial, experiencia profesional). Interrogantes necesarias para lograr establecer un ordenamiento jurídico progresivo, a tono, y ajustado a las realidades sociales.

Es inaceptable para la sociedad nicaragüense contar en pleno siglo XXI contar con una norma notarial longeva, contradictoria, y estridente a la seguridad jurídica ideal. Los nicaragüenses y el Derecho en el país merecen un sistema notarial adecuado, seguro y coherente con las necesidades sociales.

Nicaragua necesita verdaderos fedatarios públicos, verdaderos ministros de fe, que vivan, piensen, actúen como notarios y no un montón de personas que ejercen de forma vil la profesión.

Amadeus Josué García Dávila

Cartas al Director

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