María Ercilia Martínez y sus familiares en vano esperaron ayer que el abogado defensor Marlon Aburto fuera notificado de la audiencia donde la juez Nancy Aguirre le leería la sentencia a los tres procesados por la muerte de cinco policías en la comunidad de Santa Rosa, Polo de Desarrollo Daniel Guido, Punta Gorda, Caribe Sur.
Sin embargo, Aburto nunca fue notificado y la judicial optó por leer la sentencia únicamente a los tres detenidos: la suma de la pena impuesta por cuatro delitos fue de 35 años de prisión a cada uno.
Sin embargo, la pena máxima de cárcel en el país es de treinta años.
La judicial estableció a los tres detenidos 25 años por asesinato agravado, 5 años por crimen organizado, 4 años por robo agravado contra la Policía Nacional y un año más cincuenta días de multa por posesión ilegal de armas de fuego.
Los sentenciados Juan de Dios Martínez, Sotero Reyes y Carlos García deberán cumplir la pena de cada delito de manera sucesiva hasta concluir el 9 de septiembre del año 2045.
Aparte es procesado un cuarto detenido: Thomas Téllez, capturado la semana pasada.
El 16 de agosto fueron asesinados el jefe de sector, Santos Andrés Sevilla Castro; y el oficial Roberto Granados; junto con los policías voluntarios Wilber González, Jorge González y Wilbert López.
IGNORAN A DEFENSOR
En un extraño procedimiento, la juez Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua ignoró la representación legal de los procesados Juan de Dios Rodríguez, Sotero Reyes y Carlos García, quienes tienen a un mismo abogado.
“Me di cuenta por allí, me di cuenta que notificaron sentencia a ellos, a ellos, pero a mí, a mí en lo personal no le puedo decir, porque no sé cuánta pena, cuántos años, no le puedo decir nada, porque desconozco” , reaccionó el defensor.
Aburto confió que la familia de Sotero Reyes y de Juan de Dios Rodríguez esperaron hasta la 1:00. p.m. en su oficina. Al no notificarle a él se retiraron.
María Ercilia Martínez se enteró hasta las 7:00 p.m. de ayer de la pena impuesta a su marido; Juan de Dios Rodríguez.
“DEMASIADA BARBARIDAD”
“Treinta y cinco años es demasiada barbaridad, fíjese, es caballada”, reaccionó Martínez, esposa de Juan de Dios Martínez. Los otros dos detenidos son: Sotero Reyes, cuñado de Martínez y Carlos García.
Martínez expresó que habla por su esposo y su cuñado, que ellos no cometieron el asesinato de los cinco policías por lo que sigue en su reclamo: “¡Qué los saquen!”
De García indicó la campesina, no puede decir lo mismo, porque alega que no lo conoce.
La Policía atribuyó el hecho a la denominada banda delictiva “El Chofer”, pero hasta ahora no ha dejado claro la relación de los detenidos en Managua con el grupo que es enjuiciado en Nueva Guinea y liderado supuestamente por Lucio
Sequeira Angulo, conocido como Luciano, alias “Fatal”, quien no está detenido.
Según la acusación de la Fiscalía en Nueva Guinea, “Fatal” también está vinculado a una agrupación armada que opera en el municipio de Nueva Guinea, denominado “Las Milpas”.
Martínez insiste en que tanto su esposo Juan de Dios Rodríguez como su cuñado Sotero Reyes, “no son culpables de eso”. Ella recordó que Rodríguez hasta trabajó en los llamados Comités de Prevención del Delito, que hasta el 2006 organizaba la misma Policía.
También fungió como auxiliar del alcalde en la comunidad de La Gloria, aún con el gobierno de Daniel Ortega. “Y no sé por qué lo acusan tanto”, insistió la campesina.
Ella resta crédito que una juez haya sentenciado a 35 años de cárcel a su esposo, por el hecho de haber dado de comer a un grupo de armados cuando pasó por su casa.
BRUTALIDAD POLICIAL Y JUEZ SORDA
Ella denuncia que cuando la Policía ingresó a su casa en busca de su marido “llegó peor (que un) delincuente, rompiendo las puertas de la casa, golpeando a mi marido, haciéndole torturas grandes hasta quererlo capar, después de eso le metieron unas cosas en las uñas, lo colgaron y le hicieron zanganadas, a mí me decían que me iban a matar también”.
Además Martínez no entiende cómo fue que las autoridades no escucharon a los testigos, ni sus alegatos de que los reos son personas de bien, que trabajan con la parroquia de Nueva Guinea.
Y es que el 19 de septiembre de 2015, el párroco Mariano Martínez Pérez extendió una constancia con el sello de la Parroquia San Martín, de Porres, de Nueva Guinea, a través de la cual confirma que Rodríguez, “es vicepresidente de la directiva de la comunidad de Santa Elena de Pijibay de esta parroquia y asume otros ministerios a favor de esta comunidad”.
“Le conozco desde el año 2009 que llegué a esta parroquia, vivía y colaboraba en la comunidad La Gloria, hace unos años se trasladó a vivir a Santa Elena. Es una persona humilde, trabajadora, servicial, pacífica, siempre dispuesta a colaborar con los más desfavorecidos, con un profundo sentido de fe y amor a Dios”, hizo constar el párroco.
Por otra parte la esposa de Rodríguez teme que un hecho anterior ocurrido el 7 de junio de 2013, que le costó la vida a su hermano Nicolás Martínez Jirón, tenga que ver en que sus parientes hayan sido involucrados en la matanza de los policías.
Supuestamente el jefe policial del Polo de Desarrollo Daniel Guido, Manuel Calderón —a cargo de la detención de Rodríguez y Reyes— habría sido señalado en su momento de proteger al sospechoso de matar al hermano de María Ercilia Martínez, un hombre de apellido Romero, sostuvo la campesina.
El trasfondo fue el despojo de una propiedad de 150 manzanas de tierra que dos de los parientes de Martínez luego vendieron con la venia de la Policía local. El caso fue denunciado en su momento en Bluefields, pero el crimen sigue en impunidad.
“DOBLE RASERO”
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, criticó que en el país se administra justicia “con doble rasero”. “El esmero de los operadores (de justicia) está ausente en cantidad grande, indeterminada, de hechos en los que la justicia se ha hecho esperar y parece que ya no va a llegar en cantidades de casos”, manifestó Carrión, quien destacó la falta de coherencia tanto en este caso como el de la masacre del 19 de Julio con el de la masacre de Las Jagüitas y la de El Carrizo, que demuestran que “la ley no se aplica parejo”. “Las masacres todas, se han caracterizado para garantizar su tipo de justicia… Con penas absurdas, mínimas, o penas draconianas en otros extremos”, señaló Carrión.
Que valore la sociedad, quien tenga que valorar, si la juez cumplió… Hasta que a mí me notifiquen comienza a correr el término. Debí estar presente lógicamente para trabajar la apelación”.Marlon Aburto, Abogado defensor
