Nicaragua tiene nuevos millonarios: los cinco opositores que fueron a Washington en julio, y que el Gobierno y algunos medios, entre ellos El Nuevo Diario (END), acusan de haber logrado en el congreso norteamericano el pasaje rápido y unánime del Nica Act.
Empujar leyes en el capitolio es lento y difícil; cuesta mucho dinero, tiempo y esfuerzos. Las empresas norteamericanas gastan más de 3.5 billones de dólares anuales para influir en la legislación norteamericana y para ello emplean un ejército de casi 30,000 lobistas. Solo las compañías farmacéuticas tienen 240. De forma que tan pronto sepan que estos cinco nacionales lograron semejante éxito, con una sola visita, millares de empresarios norteamericanos harán fila para contratarlos.
Ya lo decía Pedro J. Chamorro Barrios en un artículo reciente, atribuirles a esas personas la autoría e inesperada aprobación de la reciente ley “es otorgarle a un pequeño grupo de personas poderes de persuasión mágicos e hipnóticos sobre el Congreso de los Estados Unidos”.
Pero aún con lo ridículo y falso de la historia, esto es lo que han estado propalando voceros del gobierno y sus aliados. Por dos únicas razones: o un profundo desconocimiento sobre la forma en que opera el legislativo norteamericano, o por la intención, cobarde y maligna, de eximir de responsabilidad a los verdaderos culpables y buscar de chivos expiatorios a cinco patriotas.
Antes de que llegaran, el famoso proyecto de ley estaba ya redactado y en la tubería parlamentaria. Estados Unidos tampoco se enteró de los atropellos de Ortega a la democracia porque un grupito de nacionales fuera a contárselos. Antes de que llegaran ya los habían reportado los principales medios internacionales, desde el New York Times hasta El País de Madrid, así como todas las cancillerías de países con embajadas en Nicaragua. Y es que Ortega había tenido el arte de poner en primera plana a un paisito al que casi nadie prestaba atención.
Que el Gobierno haya desatado una sucia campaña de insultos y amenazas en las redes sociales, presentando a estos nicaragüenses como instigadores malvados de una gran calamidad, es de esperarse. Lo es menos que medios, como END, hayan cooperado indirectamente en esta campaña. Su editorial del lunes 26, decía que el proyecto “…tiene su origen en una serie de denuncias y cabildeos en Washington de grupos políticos nicaragüenses opositores al gobierno actual, y que ahora, en vista del impacto que pueda tener la Nica Act sobre la población… tratan de deslindarse de la responsabilidad que tienen en que dicho proyecto haya transitado tan rápido… hasta su aprobación por unanimidad…” Al día siguiente, su columnista, Adolfo Miranda, escribió: “Lo malo del proyecto de ley, solicitado por el MRS y los antiguos PLI a Ileana Ros-Lehtinen…”
Que Nica Act será dañino para Nicaragua nadie lo discute. Que afectará no solo al Gobierno sino también a los pobres, también. Que es trágico que programas para mejorar nuestra red vial, educación y salud, queden en el aire, es absolutamente cierto y está bien señalarlo. Pero un periodismo que se anuncia como balanceado, no puede ignorar al principal componente de la ecuación y dar una versión sesgada que le hace el juego al Gobierno, pero no a la verdad. Pues veamos, señores; si se trata de deslindar responsabilidades, ¿quién es el principal culpable de todo esto? ¿Hubiese acaso prosperado en el tortuoso congreso norteamericano semejante iniciativa de ley, si tuviésemos comicios verdaderamente libres y competitivos? ¿Y quién podría, con un solo plumazo, hacer que los tengamos y solucionar el problema?
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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