En Nicaragua estamos viviendo un momento en el que vemos prefigurarse los elementos propios de la crisis y en el que se enuncian silenciosamente los signos de la confrontación. Hay una ruptura en la idea y en la práctica de la política, con todas las consecuencias que una situación semejante conlleva.
Al observar los hechos que dan forma al momento y circunstancia de nuestro país, encontramos de entrada visibles acontecimientos que evidencian el atropello a valores y principios que sustentan a una sociedad: irrespeto a los derechos fundamentales de las personas; violación de la Constitución Política y del sistema legal e institucional; actuaciones de facto como norma de conducta del poder; fragmentación de la oposición y ausencia de una propuesta que presente un proyecto político estratégico, entre otras actitudes que caracterizan el momento presente.
El poder actúa conforme a sus intereses y luego, si es el caso, reforma la Constitución, adecúa las leyes, o interpreta a través de los órganos jurisdiccionales su actuación, a fin de crear la apariencia de legalidad y legitimidad en sus acciones.
Así vemos, la eliminación de las organizaciones políticas que podían llegar a constituirse en una oposición más o menos significativa; la destitución de diputados pertenecientes a estos sectores; la división interna de estas organizaciones, que se han fragmentado en diferentes grupos; la conformación de una oposición afín al poder, desnaturalizándose de esta forma el ejercicio de la democracia y la práctica política.
Estos hechos que derivan de la actitud autoritaria en el ejercicio del poder y de la debilidad e incoherencia de la oposición, son efectos de causas más profundas que persisten en el subsuelo de la vida política nicaragüense y actúan en forma recurrente, haciendo de nuestra historia un movimiento circular en el cual lo ocurrido en el pasado se repite en el presente con otros autores y protagonistas.
Es necesario, entonces, tratar de analizar las causas subyacentes en una circunstancia como la actual, en la que el poder fabrica las condiciones sobre las que tiene planeado actuar, creando una situación en la que ya tiene las soluciones, solo le falta fabricar los problemas; ya tiene las respuestas, solo le faltan las preguntas; ya tiene los resultados, solo le faltan las elecciones.
Como ya dijimos, todo esto es consecuencia no solo de la actitud autoritaria de quien ejerce el poder, ni solo de las debilidades, divisiones e incoherencias de la oposición, sino de una situación más compleja que involucra a la sociedad como tal y produce las consecuencias que se repiten periódicamente.
Esta situación subyacente podría representarse como la deformación del concepto y práctica de la política, y la ausencia de una cultura, en ese sentido, en la sociedad nicaragüense. La falta de una adecuada educación, en este campo, y la práctica deformada de esta actividad a consecuencia de la ruptura entre Estado y sociedad, está en el origen del problema y de su constante repetición.
La ruptura entre sociedad y Estado es una de las formas más negativas en el ejercicio de la política, pues se trata de dos entidades que deben guardar una consecuente interacción, manteniendo cada una de ellas su propia identidad, conservando la sociedad su naturaleza de origen y fuente del Estado. En efecto, el Estado es la organización jurídica y política de la sociedad y esta la naturaleza del mismo, el origen de la soberanía y de la legitimidad del poder.
La ciudadanía es la condición necesaria del Estado. Sin sociedad no hay Estado, al menos desde el punto de vista de la democracia y el Estado de Derecho.
La sociedad es condición cronológica y ontológica del Estado, pues no solo le precede, sino que determina su naturaleza, su esencia y existencia. La sociedad es el ser del Estado.
No obstante, también habría que decir que el Estado es condición de la sociedad, ya que el funcionamiento de esta depende del conjunto de normas e instituciones que posibilitan su existencia y desarrollo.
En todo caso, si recíprocamente son necesarios y complementarios, esto significa que ambos tienen que existir para que a su vez cada uno de ellos tenga vida propia en su individualidad. El derecho, la sociología y la filosofía política han partido de ese presupuesto que hoy se desmorona en nuestro país.
El restablecimiento de la complementaria integración e interacción de ambos, es condición de su legitimidad y legalidad, es decir, de su justificación histórica, pues de lo contrario la ley sería una arbitrariedad, las instituciones un abuso, y el poder un exceso. El contrato social que sirva de base a la nueva sociedad nicaragüense debe restablecer los vasos comunicantes y la capilaridad entre el aparato del Estado y la sociedad civil, esta última fuente de la soberanía y el poder
Esta fractura entre Estado y sociedad se da también entre los diferentes sectores que componen la estructura social. No obstante, cabe aclarar, que cuando hablamos de fragmentación en la sociedad, no nos referimos al hecho de que ella esté dividida en varios sectores que tienen sus propios intereses, sino que entre todos esos segmentos con su propia identidad, esfera de acción e intereses específicos, no existe un común denominador en el que las distintas partes adquieran el sentido de unidad en el que se trasciendan las diferencias sin perder la identidad respectiva.
Para Nicaragua es fundamental una educación y una cultura política que conduzca a una redefinición del país, a un contrato social que supere lo inmediato y coyuntural y que contribuya a recomponer la fractura de las partes y los compartimientos estancos, en un tejido de relaciones múltiples e interactivas que permita que el cuerpo social sea una entidad recíprocamente relacionada, en la que las partes, mediante un proceso debidamente orientado, tiendan a un fin común en el que se concilien los objetivos particulares y específicos.
Una sociedad fundada sobre nuevos valores y principios debe dar paso a una teoría y práctica política diferente. Mientras no se produzca esa transformación en la base, difícilmente podremos ver un cambio en el vértice.
Es pues necesaria una nueva política con nuevos contenidos y con una misión prioritaria: restituir a la voluntad y decisión del ser humano, la responsabilidad de la coexistencia social y de la convivencia digna. Esta nueva política sería el resultado de una significativa presencia y participación de la ciudadanía y la sociedad civil.
Se trata de una nueva política que asuma su sentido y dignidad, que tome conciencia de los severos problemas de nuestro país y de la necesidad de enfrentarlos mediante la construcción de acuerdos que den forma a un nuevo contrato social que siente las bases de la sociedad nicaragüense de hoy y de mañana.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.