Los que creemos en la república democrática, el Estado de derecho, elecciones libres y transparentes y libertad irrestricta de prensa, debemos hacer a un lado cualquier diferencia y juntar nuestros esfuerzos para lograr las reformas institucionales que el país necesita, restablecer la plena democracia y asegurar que nuestro desarrollo económico y social sea sostenible.
El inmenso desafío radica en hacerlo sin perder la paz (más de 28 años consecutivos desde Sapoá) y sin dañar la economía. En las actuales circunstancias políticas es difícil, pero no imposible.
Se inaugura un gobierno con poca legitimidad, muy aislado en la comunidad democrática de naciones y bajo amenaza económica del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Si nuestro objetivo es realmente lograr las reformas democráticas sin perder la paz y sin dañar la economía, la oposición debe asumir una posición realista.
El año 2017 debe ser el de las reformas electorales. Ya se logró restablecer la observación electoral de la OEA para las próximas elecciones municipales y en la negociación del gobierno con el secretario general de la OEA deben ponerse en práctica las recomendaciones de la misión electoral hechas en noviembre de 2011. Eso llevaría a elecciones libres y transparentes en noviembre de 2017 y permitiría elegir a alcaldes y concejales municipales legítimos, al frente de los gobiernos locales, que son la base de la estructura democrática de gobierno en el país.
El año 2018 debe ser el de las reformas del ejecutivo, integrando un gobierno de unidad nacional con los mejores representantes de las fuerzas políticas que hubiesen participado en las elecciones municipales, del sector privado y de la sociedad civil, para conformar un gabinete fuerte que tenga la credibilidad nacional e internacional necesaria para detener cualquier medida externa que afecte la economía nacional.
En el año 2019, en que vencen los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los contralores, debe llevarse a cabo la reforma judicial y de transparencia, logrando la independencia del Poder Judicial que es esencial para el Estado de derecho y reformando la Contraloría para asegurar la transparencia en la gestión gubernamental.
Esto completaría las reformas democráticas que habrían sido efectuadas en tres años. Las reformas electorales son necesarias pero insuficientes para restaurar la credibilidad democrática de Nicaragua.
La oposición parlamentaria puede contribuir a esos objetivos ejerciendo presión para que se hagan las reformas y apoyando cuando estas se realicen, dándoles legitimidad en la Asamblea Nacional. La oposición en general, la sociedad civil, el sector privado y los ciudadanos deben acompañar el proceso, apoyándolo cuando se avance en las reformas.
El país se encuentra en un momento delicado y lleno de incertidumbre. Los nicaragüenses tenemos en nuestras manos el poder de superar los anteriores ciclos de violencia para cambiar las cosas y hacerlo como la inmensa mayoría desea: en paz, sin crisis económica y llenos de un espíritu de unidad nacional, como el que prevaleció cuando logramos detener la guerra en marzo de 1988 en Sapoá y cuando logramos una transferencia pacífica del poder en abril de 1990.
Nuestros hijos y nietos necesitan este cambio sin que se rompa la paz ni se dañe la economía.
El autor es presidente del Partido Conservador (PC) y diputado nacional en la Asamblea Nacional.
