El científico ambientalista más reputado de Nicaragua, una referencia obligada para cualquier consulta sobre fenómenos naturales, el doctor Jaime Incer Barquero, ha levantado su voz junto con más de cincuenta organizaciones ambientalistas contra el decreto presidencial 15-2017, que elimina los requisitos de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación de recursos naturales que establecía el decreto 76-2006 promulgado por el expresidente Bolaños y le otorga facultades discrecionales a Marena para extender dichos permisos sin mayor trámite.
Según el doctor Incer, resulta irónico que de un plumazo se le otorgue semejante responsabilidad al Marena, una institución que apenas cuenta con exiguos recursos presupuestarios y que ha sido incapaz de detener el avance de la frontera agrícola en las reservas naturales de Bosawas e Indio Maíz, donde colonos están depredando ilegalmente los bosques para sembrar pasto en tierras que no son apropiadas para la ganadería.
Es contraproducente que cuando el cambio climático se está manifestando como un grito de alerta de la naturaleza, en forma de frecuentes y poderosos huracanes e inundaciones, atizados por un incremento gradual de la temperatura del globo, Nicaragua dé un paso atrás en la conservación y uno adelante en la depredación de nuestros recursos naturales.
En un documento nunca antes visto en la historia de Nicaragua, cincuenta organizaciones ambientalistas, encabezadas por el Grupo Cocibolca que se opone a la construcción del canal y el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la Soberanía, se pronunciaron en “defensa de la naturaleza y las comunidades” con un manifiesto en que señalan entre otras cosas lo siguiente.
“En momentos en que el ambiente en Nicaragua enfrenta un exagerado proceso de degradación, el Estado irresponsablemente renuncia a tutelar un modelo de desarrollo que asegure el bienestar de sus ciudadanos, acertadamente la mayoría de las naciones del mundo están tomando medidas cautelares para reducir el impacto de las inversiones públicas y privadas en beneficio de sus poblaciones. En Nicaragua contradictoriamente y en forma insensata, se suprimen las pocas regulaciones existentes”.
Siendo aún el doctor Incer, asesor presidencial en materia de medioambiente y recursos naturales, resulta irónico que no haya sido consultado antes de la promulgación del decreto 15-2017, que anula el decreto 76-2006, y es doblemente meritorio que él sea también el más visible líder ambientalista firmante de dicho manifiesto —abiertamente crítico a dicho decreto presidencial— a través de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, organización que preside.
Según el doctor Incer, el controversial decreto presidencial fue gestionado por el sector privado para favorecer la explotación de recursos mineros en cielo abierto por parte de empresas mineras canadienses que tienen prohibido operar en su país y en Brasil por el impacto ambiental que este tipo de minería conlleva, tanto en los recursos hídricos por envenenamiento de las aguas superficiales y subterráneas, así como en la erosión de los bosques.
Ya este gobierno había cometido, el 13 de junio del 2013, el peor pecado ambiental del siglo XXI, al aprobar sin mayor trámite, consulta, debate o estudios de impacto ambiental, la Ley 840 que le otorga al señor Wang Jing una concesión de cincuenta años, prorrogables, para construir un mega canal interoceánico cortando en dos el Lago de Nicaragua, principal reserva de agua potable de Centroamérica.
Como ya se ha señalado, ello implicaría un inmenso dragado y millones de toneladas de explosivos para profundizar su lecho lacustre, lo que ciertamente de llevarse a cabo, arruinaría irremisiblemente sus aguas para el consumo humano.
El pronunciamiento de las cincuenta organizaciones ambientalistas concluye que “la naturaleza no puede seguir subsidiando las exportaciones y el espejismo del supuesto crecimiento económico basado en la depredación y el extractivismo de recursos”.
“La derogación del Decreto de Sistema de Evaluación Ambiental coloca al país en un estado que no atrae la inversión responsable y seria interesada en el desarrollo y favorece la intromisión de empresas foráneas caracterizadas por su perfil depredador y extractivista”.
Si el gobierno no escucha el grito de las organizaciones ambientalistas, seguramente escuchará el grito de la naturaleza, que ya ha comenzado a manifestarse de diversas formas, pero para entonces seguramente será muy tarde.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.
