Cuando Daniel Ortega, recién investido presidente de la República, juramentó al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua y a la jefa de la Policía Nacional, el 10 de enero de 2007, lo primero que hizo fue recordarles el origen sandinista de ambas instituciones.
El mensaje estaba claro: al volver Ortega al poder y considerándose él la encarnación del sandinismo, ambas instituciones estaban llamadas a ser leales a su persona, a su familia y a su proyecto político.
Esa fue la primera y más clara manifestación pública de su propósito de alejarlas de la subordinación y lealtad a la Constitución y a la ley y de su desarrollo profesional e institucional al servicio de los intereses de la patria y la nación.
Cooptar a ambas instituciones, comenzando por lograr a través de diversos mecanismos la lealtad de sus respectivas jefaturas, era clave para la consolidación de un proyecto de desmantelamiento del régimen democrático y la instauración de uno de carácter corporativista, de partido único (de facto) y dinástico. Ese proceso fue más rápido de lo esperado; no solo porque Ortega no encontró ninguna resistencia en la voluntad de defender a cualquier costo, la Constitución y la ley, sino porque los recursos que tiene el poder, para someter voluntades débiles, encontraron terrenos fértiles en donde echar raíces y florecer.
En otro contexto histórico, Anastasio Somoza García comenzó a tejer el entramado de su poder, apropiándose de la jefatura de la recién creada Guardia Nacional (GN), desarrollando su proceso de desnaturalización como cuerpo armado de la nación, hasta convertirla en su guardia pretoriana; tanto así, que la GN nació a la vida prácticamente con el primer Somoza y terminó su existencia con el último de ellos.
Que Ortega haya acabado con la independencia de los poderes e instituciones del Estado, sometido a sus designios a los principales sindicatos, a varios sacerdotes y pastores de diversas iglesias evangélicas o que haya acabado con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra y que se apropiara del partido que encabezó la revolución, vaciándolo de verdadero contenido político y enviando al ostracismo a sus dirigentes y militantes históricos, o que se apropiara de miles de millones de dólares provenientes de la cooperación petrolera venezolana, son hechos graves, pero ninguno tan grave como el de convertir a las fuerzas policiales y militares en los guardianes de su régimen dictatorial.
Como no son tiempos de golpes de Estado a la vieja usanza, como los vividos durante el siglo pasado, porque sus consecuencias serían muy negativas nacional e internacionalmente para sus propiciadores, Ortega y con él algunos de sus compadres políticos en América Latina, han optado por el desmantelamiento gradual del régimen democrático; guardando las formas hasta donde sus ambiciones se los permitan, para poder seguir hablando de democracia en países donde existen dictaduras.
Adecuar el andamiaje legal: cuerpo de leyes e instituciones encargadas de su promulgación, interpretación y aplicación, con el fin de darle visos de legalidad a sus abusos y arbitrariedades, incluyendo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, es tarea primordial de un régimen dictatorial de nuevo tipo. En este campo se inscribe la promulgación de la Ley de Seguridad Soberana por parte de la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, el 2 de diciembre de 2015.
Con este concepto jalado de los cabellos, el régimen crea un sistema de seguridad no de la nación ni del país, sino de la familia en el poder, sus intereses y allegados cercanos y criminaliza cualquier tipo de protesta política o social si considera que las mismas son atentatorias o ponen en riesgo la seguridad soberana; es decir la seguridad de su régimen.
Al calificar de soberana a la seguridad, la pareja en el poder trata de suavizar y hacer más digerible el viejo concepto de seguridad nacional de la época somocista y de otros regímenes dictatoriales de América Latina; concepto bajo el cual se cometieron todo tipo de atrocidades y violaciones de los derechos humanos contra la población que se oponía a los mismos, reclamando libertad y democracia. Miles de nicaragüenses, de distintos colores políticos y ciudadanos sin partido, incluido Daniel Ortega y muchos miembros del FSLN de aquella época, fueron víctimas de tales violaciones.
Al señalarse en la exposición de motivos de la referida ley que es “…bajo un modelo de fe, familia y comunidad que aseguren la Seguridad Soberana…” se hace confesión de parte, sobre el verdadero objetivo de aquella. Este modelo a defender es la razón de ser de la seguridad soberana, pero encubierto en razones de Estado, como la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria y desestabilización. Todo esto es calificado a discrecionalidad por parte de las autoridades del régimen.
Al delegar, según la ley, en el jefe del Ejército la coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, creado bajo el marco de la Ley de Seguridad Soberana, transfiere a este y a la institución castrense un gran poder, pero también el peso de las consecuencias que de sus excesos y abusos en su aplicación puedan derivarse; los crímenes cometidos en la comunidad San Pablo 22, de la jurisdicción de La Cruz de Río Grande, es un ejemplo claro de ello.
No he perdido la confianza en que la oficialidad, los clases y soldados verdaderamente profesionales, de la que fuera por muchos años la institución del Estado más respetada, se percaten del derrotero de deshonor y de vileza al cual están siendo empujados y actúen en consecuencia.
Todavía están a tiempo.
El autor es general retirado, vicepresidente del mrs.
