Algunos acontecimientos ocurridos recientemente han conmocionado a Nicaragua. De manera particular habría que mencionar la muerte de seis personas a manos de militares del Ejército, incluyendo dos niños, el 12 de noviembre pasado, en La Cruz de Río Grande.
Por otra parte, la Policía obstaculizó la marcha en conmemoración al Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, el pasado 25 de noviembre, impidiendo que esta completara el itinerario previsto por las organizadoras, obligando a las manifestantes a no pasar del sitio que el bloqueo policial estableció.
La muerte ocasionada a una jovencita de 16 años y a un niño de 12, además de la indignación que causa, exige el castigo correspondiente a los responsables, pues no puede dejarse impune un hecho como este sin lesionar los valores y principios fundamentales del ser humano.
Todos estos hechos inducen a una reflexión sobre la violación a los derechos humanos, la precaria existencia de la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho en Nicaragua y el debilitamiento de la estabilidad y seguridad de la ciudadanía.
Los principios y valores que sustentan los derechos humanos, constituyen la esencia del sistema democrático, la garantía básica de los derechos fundamentales de la persona, el ciudadano y la sociedad y el establecimiento de un sistema de límites al ejercicio del poder. En ese sentido, los derechos humanos son la base de la democracia y el Estado de derecho.
Si debiéramos aproximarnos al tema de los derechos humanos con una formulación general, diríamos, a excepción del caso de los menores que ha causado indignación y repudio, que una de las cosas que debería preocupar en el país es esa especie de escepticismo moral ante graves problemas que afectan a la sociedad nicaragüense.
A veces pareciera que una cierta indiferencia cubre y encubre la conducta social, que un cierto dejar hacer dejar pasar se está transformando en hábito en el que se vive a partir del sálvese quien pueda.
Pareciera que nuestra sociedad está enfrascada en dos actitudes: la una de supervivencia y la otra de polarización, lo que puede acentuar una tendencia hacia la fragmentación y la conformación de una comunidad sin vasos comunicantes y sin capilaridad, de una sociedad compartimentada y a la vez agrupada más por intereses que por ideales y confrontada en un esfuerzo cotidiano de descalificación recíproca.
Una sociedad que se sumerge en la indiferencia o en la descalificación es una sociedad que vive y padece un proceso de deterioro; por ello, todos debemos hacer un esfuerzo para tratar de aportar alternativas que ayuden a superar esa situación, pues mientras no se realice ese cambio en la base, continuarán produciéndose en la cúpula del poder los abusos y la violación a los derechos humanos como los que hemos visto en estos días.
Es imprescindible abocarnos también a la consideración del problema desde un punto de vista social, ético y político, que es donde se encuentra la raíz de la crisis que nos amenaza y afecta.
El reto para todos los nicaragüenses es el de superar esta situación, condenando los hechos ocurridos, exigiendo el cumplimiento de los valores y principios éticos, de los derechos humanos y de la Constitución y las leyes, tal como se ha hecho en el caso al que nos estamos refiriendo, en el que la ciudadanía ha levantado y continúa levantando su voz de protesta y de indignación.
Pero además, es imprescindible reconstruir nuestro sistema de valores y la estructura social. Para ello, debemos encontrar el común denominador que puede permitirnos realizar esa tarea. ¿Nos hemos preguntado que nos une por encima de lo que nos separa? ¿Qué razones pueden unirnos frente a las acciones que nos confrontan? ¿Cuál puede ser esa plataforma común? ¿En qué punto, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, partidarias o religiosas existe una comunidad de valores para reconstruir el país?
Quede claro que estamos hablando de un esfuerzo profundo, de una visión estratégica del futuro de la sociedad nicaragüense y de un sentido de identidad, constructor de horizontes singulares y universales, y no de entendimientos ajenos a los verdaderos intereses sociales, fabricados para distribuirse el poder y los beneficios entre los protagonistas.
Hay que hacer énfasis en los valores y principios sobre los cuales se sustente el quehacer político, pues la democracia responde a una ética y una cultura política determinada de la que depende su consolidación y funcionamiento.
Debe forjarse una educación orientada a la búsqueda de esos valores, a la conformación de un conjunto de principios éticos que rijan la conducta cotidiana y el quehacer político y donde se reafirmen la racionalidad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la diferencia y la democracia.
La democracia es más que un proceso electoral debidamente realizado, pues si bien su forma más visible es la realización de elecciones libres y transparentes, el concepto, en su consideración más integral, es múltiple y encierra la democracia representativa, la democracia participativa, y sobre todo el respeto a la ley, a la voluntad colectiva y a los valores y principios que la sustentan y que constituyen, básicamente, el contenido de los tratados y pactos de Derechos Humanos.
La democracia, como sostiene Hans Kelsen, significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es la expresión de la voluntad de los ciudadanos.
La democracia exige reconstruir el tejido social y crear los mecanismos de su consolidación y reproducción. Su legitimidad no depende únicamente de un acto legal, si bien la legalidad es una condición necesaria y absolutamente indispensable, aunque no suficiente, pues depende, además, de determinadas condiciones históricas que hacen posible la equidad, la eficacia de la ley y la identidad de un sistema de valores en el que todos podamos reconocernos.
El autor es jurista y filósofo nicaragüense.
