Entre los grandes retos que enfrenta el transporte urbano colectivo de la capital en 2018 y luego de 11 años de administración sandinista, figura la insostenibilidad de la tarifa social del pasaje de 2.50 córdobas y la necesidad de una reestructuración profunda del sistema de trabajo.
Así lo estima el ingeniero Agustín Jarquín Anaya en entrevista a LA PRENSA, donde analiza los desafíos del transporte urbano colectivo (TUC) en Managua, tras los 11 años de administración Ortega-Murillo (2007-2018).
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor, en Managua aproximadamente quinientos mil personas usan al menos dos veces al día el sistema de transporte público.
El Transporte Urbano Colectivo de Managua está conformado por 835 buses, divididos en 35 rutas a través de Managua.
Tarifa social congelada desde 2007
Para Jarquín, hubo grandes mejoras al servicio al inicio de la administración: se sustituyó la vieja flota de buses por nuevas y modernas unidades, se mantuvo la tarifa social del pasaje en 2.50 córdobas gracias a los beneficios del acuerdo petrolero con Venezuela desde 2007, mediante subsidio en combustibles y derivados a las cooperativas.
Además —indica Jarquín— se ha mejorado sensiblemente la infraestructura vial, acompañada de mejoras en las terminales, con casetas y bancas, y pequeños comercios y servicios higiénicos.
“Se intentó mejorar la administración del dinero del pasaje con una empresa como MPeso, pero no ha sido eficiente, se ha entrenado a conductores sobre el tratamiento a los pasajeros, pero siguen las denuncias y accidentes, pero a pesar de eso el tema del TUC, 11 años después, sigue enfrentando grandes desafíos de parte del Estado, de la Alcaldía, de las cooperativas y del sector privado”, dice.
Explica el ex contralor de Nicaragua, que por día cada socio de cooperativa recibe una cantidad de combustible a un precio diferencial y casi simbólico, para mantener congelado el precio de la tarifa, pero que debido a la nueva realidad política-comercial del acuerdo Nicaragua-Venezuela ese beneficio ya no es sostenible en 2018.
Ajustar la tarifa social no debe asustar a nadie
“Un ajuste del precio del pasaje a un costo siempre accesible, pero un poco más caro que el actual es necesario porque ya no creo que sea sostenible para el país mantener esos costos elevados del subsidio del combustible”, dijo Jarquín.
Además, dijo el exdiputado sandinista, el sistema de transporte capitalino urge una reestructuración completa que permita que los circuitos y rutas de las cooperativas sea más cortos y eficaces en Managua.
“La gran dispersión vial de Managua, ahora con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano de Managua hecho por Japón, ya se trabaja y se buscará la zonificación para organizar el crecimiento desordenado de la capital, pero ese desafío todavía está pendiente, y la calidad del transporte público sigue siendo deficiente: hacen falta unidades, no cubren las unidades el horario que corresponde, se han deteriorado las unidades, se deben revisar las rutas y las distancias, son demasiado extensas y dispersas”, dijo Jarquín.
Para él, se deben hacer nuevos estudios, tomar en cuenta investigaciones ya realizadas en universidades nacionales e internacionales y convocar a todos los sectores a aportar ideas para un mejor servicio.
“Hace falta una gerencia más eficiente. La gestión de Amaru Ramírez (Irtramma), en su misión de ordenar el transporte, no ha sido eficiente, él es un buen administrador, muy joven, muy capaz, pero creo que escapan a él las decisiones sobre el sector”, dijo.
“Yo recomiendo considerar una intervención público-privada, aprovechando la ley de la materia para darle mayor incidencia al Estado y puedan haber otros actores privados en la prestación de servicio, porque hay que recordar que está totalmente concesionado a cooperativas. Pueden ensayarse tarifas diferenciadas, modalidades de servicios y otras ofertas. El tema es de urgencia, porque con la gran cantidad de vehículos en Managua, si tuviéramos un servicio público eficaz y eficiente, se disminuiría la circulación de vehículos particulares con un impacto positivo en la economía familiar, en el medioambiente, en el presupuesto público al destruirse menos las vías, en el presupuesto y trabajo de la Policía de Tránsito y en la accidentalidad y sus impactos negativos con toda la carga de muertes, heridos, daños materiales, presupuesto médico”, dijo Agustín Jarquín.