El país no termina de asimilar un hecho doloroso contra una mujer en Chinandega, a quien su excónyuge pretendió asesinarla introduciéndole fosfuro de aluminio en la vagina, cuando fue estremecido por un doble crimen en una comunidad de Jalapa, Nueva Segovia. Las víctimas fueron identificadas como Zeyling del Carmen Zamora González, de 17 años, y Jamileth Ávila Sánchez, de 38 años, cuyos cuerpos fueron calcinados.
“Un crimen atroz cometido en Jalapa”, valoró la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, quien dijo que posiblemente las víctimas fueron asesinadas primero y después los hechores le prendieron fuego a la casa con los cuerpos adentro.
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El Ministerio Público emitió un comunicado a través del cual adelantó que una vez que la Policía determine quiénes son los autores del crimen, esa institución acusará y garantizará el ejercicio de la acción penal.
Al tiempo que señaló que esa institución “reprocha, rechaza y repudia los actos de violencia extrema, manifestado en delitos de odio contra las mujeres”. Y que “a los delincuentes y asesinos que cometieron estos hechos criminales, se les debe perseguir y capturar en cualquier lugar que se encuentren”.
“Nos comprometemos a trabajar incansablemente para que estos delitos de odio cometidos en contra de cualquier ser humano, no queden en la impunidad. No podemos permitir que se siga quebrantando la seguridad ciudadana y la paz social de las familias nicaragüenses”, dice la Fiscalía en el comunicado que fue leído en los Juzgados de Managua por la fiscal especial Odeth Leytón.
LA PRENSA/ CORTESÍA
“Otro hecho repudiable”, insistió Murillo, quien no desaprovechó la oportunidad de relacionar el doble crimen con el debate promovido por el Gobierno en la Asamblea Nacional, sobre las leyes que regulen el tema de la violencia.
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Y que, según Murillo, buscan “fortalecer a la familia” en valores y respeto, tras referir: “Tenemos que enfrentar estas realidades y educarnos mejor todos; además de que las instituciones del Estado tienen que, en ese sentido, en el sentido de denunciar estos hechos y condenar estos hechos, también castigar a los culpables con todo el rigor de la ley”.
Ocurrencia del hecho
El hecho ocurrido la tarde del lunes ha trastocado la tranquilidad y seguridad a la que estaban acostumbradas las 143 familias de la comunidad rural Buena Vista del Peñón, ubicada a 20 kilómetros al norte de Jalapa y a solo un kilómetro de la frontera con Honduras.
De acuerdo con algunos vecinos, que prefirieron omitir sus nombres por temor, fueron cuatro hombres encapuchados los que cometieron el crimen a eso de las 3:00 p.m. del lunes.
Hasta la tarde del martes no había una versión oficial sobre el posible móvil del hecho, aunque en el sector no se descartaba la posibilidad del robo.
Esta versión está fundamentada en un robo anterior del que fue víctima esa familia. El robo ocurrió el 24 de febrero pasado, cuando sujetos desconocidos robaron setenta mil córdobas, lo que causó la zozobra y el miedo en el sector.
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Esta vez, a los delincuentes no les bastó robarse presuntamente 21,000 córdobas en efectivo que la familia tenía de la venta del café y de los pequeños ingresos de su pulpería y masacraron a las dos mujeres que se encontraban solas en la casa, según la hipótesis extraoficial.
Los vecinos fueron sorprendidos por las detonaciones posiblemente de las latas y la explosión de una batería de panel solar.
El fuego ya había empezado cuando también escucharon una detonación de escopeta, que presumen haya sido el momento en que los delincuentes segaron la vida de las mujeres con arma de fuego.
Los pocos ciudadanos que se encontraban en la comunidad, la mayoría adolescentes, corrieron a sofocar las llamas, pero las mangueras habían sido cortadas.
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Al llegar a la zona la Policía Nacional, que fue alertada poco tiempo después, encontró entre los escombros de la vivienda los cuerpos calcinados de las dos mujeres.
Varios adolescentes se dispusieron a seguir las huellas de los delincuentes que, según revelan, las perdieron al llegar a la comunidad Villa Rica, en Honduras, a pocos metros del Cerro Jesús, ubicado en la frontera común entre ambos países.
Efraín Cárdenas, esposo de Ávila, y sus dos hijos, de 17 y 22 años, se encontraban en la ciudad de Jalapa realizando unas gestiones.
Uno de los vecinos comentó que Ávila era una persona muy apreciada en la comunidad.
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La joven, en cambio, cursaba el cuarto año de secundaria y esperaba culminar su bachillerato para estudiar una licenciatura en inglés.
Los cuerpos calcinados fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML), en Managua.
Se presume que a más tardar en ocho días serán devueltos los cuerpos a su comunidad, una vez que los especialistas forenses hayan realizado los análisis correspondientes que determinen las condiciones y situaciones que se presentaron en el momento del crimen.
La noche del lunes la Policía Nacional se limitó a informar de forma escueta que un equipo técnico conformado por oficiales de investigación, inteligencia policial y peritos de criminalistas y técnica canina fueron enviados al lugar para efectuar las pesquisas correspondientes, que les permita “la identificación, ubicación y captura de los delincuentes involucrados en este hecho criminal”.
El martes, a eso del mediodía, salieron los oficiales de la comunidad en compañía de Efraín Cárdenas.
Es una alerta
Haydée Castillo, de la organización Mujeres Segovianas, mostró preocupación por esta situación que se presenta en comunidades del norte del país. Y recordó hechos graves como el ocurrido a finales del año pasado contra una niña de 12 años, lanzada en un pozo, en una comunidad de Pueblo Nuevo, Estelí. “Esta es una alerta, que de nuevo, lo mismo que dijimos el 8 de marzo, es como si la misma sociedad está mandando una serie de mensajes al Gobierno y al Estado de Nicaragua que no pueden seguir siendo indiferentes”, afirmó Castillo.
La defensora de mujeres segovianas criticó que se decretan alarmas por movimientos telúricos o algún tipo de epidemia, no así por los crímenes contra mujeres.
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Según Castillo, esta situación pone “en tela de juicio” la capacidad del Gobierno para resolver la seguridad de las mujeres.
Recordó Castillo que, según la Constitución Política de la República, el Estado está obligado a garantizar la seguridad y la vida “como un principio fundamental de derecho humano”.
No obstante, señaló la defensora de mujeres que este tipo de casos demuestran que las autoridades tienen otras prioridades.
Y recordó que en un caso ocurrido el año pasado en la comunidad La Palanca, en Quilalí, también zona fronteriza, ella escuchó expresiones de la población del lugar de que “aquí no hay presencia ni del Ejército ni de la Policía, nos han dejado a la buena de Dios (…) en manos de la delincuencia”.
Que doble crimen no quede impune
En la comunidad Buena Vista del Peñón los vecinos de la familia afectada demandaron que el caso no quede impune, así como una mejor vigilancia por parte de las fuerzas regulares. “Hoy exigimos a las autoridades que el caso no quede en la impunidad, que la Policía Nacional establezca un puesto de control en esa zona fronteriza y que las tropas del Ejército mantengan vigilancia y patrullaje en el lugar”, demandó uno de los habitantes del sector.
Requieren de mayor vigilancia
Yanitza Gutiérrez, habitante de Jalapa, manifestó que es urgente que el Gobierno asigne más personal a la Policía Nacional, “porque somos una ciudad fronteriza y es lógico que esos maleantes se pasen a nuestro país a hacer de las suyas”.
Gutiérrez y Ricardo Avendaño Jr. coinciden en que el personal designado para vigilancia es muy poco. Avendaño dijo que los veinte policías, dos patrullas y seis motocicletas designados para la vigilancia son muy poco para proteger un territorio con una amplia frontera con Honduras y más de ochenta mil habitantes del municipio de Jalapa, Nueva Segovia.
Avendaño aseguró que el fin de semana entre Santa Rosa y El Escambray ocurrieron varios robos con intimidación y tentativa de homicidio.
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fueron las muertes violentas reportadas por la Policía Nacional en las últimas 24 horas. Entre esas seis muertes está el doble crimen cometido en la comunidad Buena Vista del Peñón, en Jalapa.