El Frente Amplio por la Democracia (FAD) introdujo este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Electoral (331) que le quitó las funciones administrativas al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, lo que para los miembros de esta organización es una forma de protegerlo de la sanción impuesta en diciembre pasado por Estados Unidos, a través de la Ley Magnitsky.
Moisés Hassan, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro del FAD, dijo que “Rivas debería de estar en la cárcel o al menos en proceso de investigación por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y fraudes electorales”.
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Azahálea Solís, otro de los denunciantes, explicó que el presidente del poder legislativo, Gustavo Porras, violentó el procedimiento de Ley al permitir una reforma con trámite de urgencia y sin consulta, a una Ley de rango constitucional, como lo es la Ley 331.
“(Con esta reforma) el Estado de Nicaragua se convirtió en un Estado de delincuentes, porque hace reformas a las leyes para proteger delitos”, dijo Solís.
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Rivas ha sido vinculado —en investigaciones periodísticas— a la compra de lujosas propiedades, tanto en Nicaragua como Costa Rica, y a la adquisición de aviones.
La responsabilidad de Gustavo Porras
El recurso por inconstitucionalidad contra la reforma electoral —que fue aprobada el pasado 7 de febrero por la Asamblea Nacional—, responsabiliza al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, y al presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, de violar el procedimiento de Ley para hacer dicha reforma, con la que se protegió a Roberto Rivas.