El expresidente de la Asamblea Nacional, Cairo Manuel López y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, coinciden en que el hecho que los diputados no aclaren cuáles son las reformas que se preparan para prevenir la violencia en las redes sociales alienta la posibilidad de que el verdadero objetivo del Gobierno es limitar la libertad de expresión con el pretexto de querer proteger a la familia.
“Recordemos que son los miembros de la sociedad quienes a la larga son los destinatarios de la información y son estas mismas personas que deberían ser ampliamente consultadas, en este sentido (debe consultarse) la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Políticas, estudiantes universitarios, personas de los mercados, es decir, a todas las personas de una manera amplia, no solamente con los sectores afines al Gobierno”, dijo López.
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En cambio, Núñez cuestionó el proceso de “consulta”, llevado a cabo por el Ejecutivo, el que llamó “una recepción de opiniones”.
El enfoque de Murillo
La vicepresidenta designada por el poder electoral, Rosario Murillo, orientó a mediados de marzo pasado a la Asamblea realizar un debate nacional para revisar el marco jurídico para prevenir la violencia y las noticias falsas en las redes sociales.
El rechazo que ha tenido entre grupos de la sociedad civil y de opositores a que el Estado censure la libertad de expresión en el internet para callar las denuncias de corrupción en el Gobierno hizo cambiar el discurso oficial. Ahora los funcionarios de Estado sostienen que con el debate buscan fortalecer los vínculos familiares.
Para Núñez, presidenta del Cenidh, lo que realiza la Comisión de la Mujer de la Asamblea es una “recepción de opiniones”, porque recordó que una consulta se hace sobre una iniciativa de ley, la que no hay hasta el momento, al menos oficialmente.
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Núñez dijo que el mismo Gobierno puede tener la intención de “engañar, generar confusión y falta de claridad” alrededor de estas “consultas” de los diputados, porque considera que si confirman que quieren controlar las redes sociales, tendría un costo político muy alto.
“No se sabe qué es lo que están haciendo, pero definitivamente, por el nivel de desconfianza, por el nivel de secretismo, nadie espera que sea algo positivo, más porque lo están haciendo a espaldas de la gente”, dijo Núñez.
Otra “consulta”
En la Asamblea, el presidente sandinista Gustavo Porras, realiza, además de la “consulta” orientada por Murillo, otra más cerrada donde invita a grupos afines al orteguismo y donde no hay acceso a los medios de comunicación independientes.
Este jueves se reunió a puerta cerrada con docentes universitarios en el salón Rubén Darío de la Asamblea constató LA PRENSA, quienes no fueron identificados. El miércoles pasado lo hizo con miembros de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia pero en el Ministerio de Salud (Minsa), según medios oficialistas.
En esas reuniones participa la primera vicepresidenta de la directiva del legislativo, la sandinista Maritza Espinales, quien además es secretaria general de la Federación de Trabajadores Universitarios (Fesitun).
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Porras dijo a medios oficialistas que la “consulta” paralela es “en nuestra lucha permanente en contra de la violencia intrafamiliar y particularmente para enfrentar la violencia contra las mujeres y la niñez”.
Save the Children y Educo se pronuncian
Los representantes de la Fundación, Educación y Cooperación (Educo) y Save the Children participaron este jueves en la “consulta” oficial en la Comisión de la Mujer, donde expusieron sus puntos de vista.
“Nuestro país da pasos agigantados en el uso masivo del internet y es necesario que nuestro sistema de leyes y políticas que impulsa el Gobierno puedan establecer parámetros claros de cómo vamos a proteger a los niños”, dijo Mauricio Castillo, director nacional de Educo.
Argentina Martínez, directora país de Save the Children, dijo apoyarán “cualquier iniciativa que contribuya a proteger” a la niñez de violencia en cualquier ámbito.