Humberto Meza, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, analiza en esta entrevista la situación política brasileña ante la caída de uno de sus protagonistas: el casi héroe de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Meza, nacido en Managua pero radicado en Brasil, opina que Lula es víctima del establishment brasileño que quiere impedir que el expresidente vuelva a ser candidato cuando es el favorito en las encuestas.
Detrás de todo hay un sonado caso de corrupción conocido como “Lava Jato”, un mecanismo de corrupción que abarca a muchos otros países de América Latina que tienen al Partido de los Trabajadores (PT) viviendo su peor momento desde el retorno de la democracia.
¿El problema de Lula es un asunto político —el hombre era favorito en las encuestas— o es un asunto de justicia?
No se trata de un caso apenas judicial o apenas partidario. Por ser el candidato que lidera todas las encuestas para las elecciones de este año, la orden de prisión evidentemente crea todo un estado de inseguridad sobre el curso de las elecciones porque elimina de un tajo la posibilidad de un sector importante de la izquierda de volver a participar de un mecanismo democrático electoral que ya había sido arrebatado en el Congreso por el golpe a Dilma de 2016. No se puede ver aislado de ese contexto, obviamente. Eso sin contar que muchos sectores dominantes han hecho correr el rumor entre todo mundo que no hay condiciones para elecciones este año, algo que favorecería evidentemente a Temer (presidente de Brasil). Pero tampoco podemos obviar el papel del sistema judicial brasileño. La justicia de Brasil se ha convertido en los últimos años en un actor político fundamental y suprapartidario. Tras las enormes protestas sociales de 2013, el tema de la corrupción se ha convertido en una moneda usada por todos los partidos políticos para desprestigiarse entre sí. El gobierno de Temer con la cúpula del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) y los propios directivos del PSDB (El Partido de la Social Democracia Brasileña), apoyados en los grandes aparatos de medios como el sistema Globo y la Policía Federal, han hecho extender la idea de que Lula era el líder de una facción criminal corrupta. Es una afirmación demasiado liviana, no se puede asegurar semejante cosa sin mostrar pruebas. Los sectores de la izquierda, por su lado, refuerzan las acusaciones de corrupción que ha caracterizado al gobierno Temer, recordá todos los escándalos del 2017 que por poco sacaron a Temer de la Presidencia. El líder del PSDB en el Senado, Aecio Neves, también fue indiciado y hasta perdió el cargo, pero luego fue restituido por el Tribunal Electoral en una operación dudosa.
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¿Cuáles son los actores políticos en Brasil en medio de esta crisis?
El poder judicial se erige como el gran árbitro de la política brasileña, refuerza la idea de que el sistema político por entero está podrido y extienden la idea de que nadie resuelve nada. Esas son ideas peligrosas. Son caldos fértiles para pequeñitos Berlusconis tropicales, como el actual alcalde de São Paulo, João Doria. Y eso claro, conduce a toda la crisis en que Brasil está hundido. Hay otros elementos meramente del proceso penal alegados por la defensa, de que el juez Sergio Moro no tenía pruebas suficientes para dar el fallo que dio, de que la Corte Federal no podía resolver prisión en segunda instancia sin que antes se agotaran todos los recursos porque eso puede sentar jurisprudencia sobre otros casos que no han sido analizados, que Moro no podía dar orden de prisión antes del 10 de abril que es cuando se publicaría la sentencia de la Corte Federal, etcétera. Es decir, hay una serie de detallitos procesales que generan, sin ninguna duda, enormes suspicacias.
Lula ha sido visto como uno de los modelos de la izquierda mundial —aunque también fue aplaudido por la derecha por su pragmatismo en las políticas económicas—. ¿Su ingreso a prisión es por una confrontación entre izquierda y derecha como mucha gente lo quiere hacer ver?
Sí y no. A ver, los 12 años del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) hicieron una enorme diferencia en los indicadores económicos y sociales de Brasil. Estudios hablan que 36 millones de brasileños salieron de la pobreza extrema, se creó una serie de programas redistributivos como Bolsa Familia, Minha Casa, Minha Vida, PRO-UNI, sin contar la estrella petista de Hambre Cero y las dinámicas de los presupuestos participativos. Muchos críticos dicen que estos programas enfatizaron más la dimensión de consumo y menos la de la ciudadanía. Puede ser cierto, pero ¿cuál es el problema? La gente también quiere comprarse su TV plana, su camisa nueva, su smartphone. Eso no lo hace menos ni más ciudadano. Bueno, independientemente de esto, todos los programas redistributivos impactaron en el acceso de las clases populares a los lugares que eran reservados a las élites: consumo, universidades públicas y crédito. Eso incomodó, creémelo. Muchas manifestaciones anti-PT del 2015 mostraron eso clarísimo con mantas absurdas que hasta demandaban erradicar a Paulo Freire de las escuelas y universidades porque eso era petista o reclamando porque la dictadura militar no los había matado a todos. El fascismo brasileño salió del armario y presionó fuertemente hasta ver al que combatió sus privilegios tras las rejas. Entonces, no me parece que se trate de una simple confrontación izquierda y derecha. Creo que se explica más por la confrontación de dos proyectos políticos. Uno que quiere cederle espacio de acceso a las clases populares, con voz y poder de decisión y otro que no quiere perder sus privilegios, cueste lo que cueste.
Dirigentes del llamado Socialismo del Siglo XXI manifiestan que a Lula “el imperio” está detrás de lo que está pasando en Brasil. ¿Qué tan independiente es la justicia brasileña?
No conozco quiénes dijeron eso, pero en todo caso me parece demasiado simplista. La cuestión no es si la justicia brasileña cede o no a las presiones del “imperio”, sino si cede o no a las presiones de la élite local. La mayor presión que tuvo el Supremo Federal un día antes inclusive de la sesión del miércoles, fue del jefe del Estado Mayor del Ejército, al advertir abiertamente que el Ejército no aceptaría un caso de impunidad. Eso es gravísimo en cualquier democracia contemporánea. En las últimas semanas, la presidenta del STF, Carmen Lucia, estuvo en amenas conversaciones con el presidente Temer. En otras ocasiones, el mismo tribunal salvó a otros políticos como Aecio, Renan Calheiros, Romero Juca y hasta el propio Temer. Creo que esos ejemplos son muchísimo más emblemáticos que traer aquí al lenguaje trasnochado “del imperio”. Eso no ayuda en nada a Lula ni a la causa petista.
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¿Se ha podido demostrar que el expresidente Lula recibió un apartamento de una empresa contratista del Estado?
No por ninguno de los lados. Es más, hay demasiados errores y un enorme desconocimiento por ese caso. Te explico. En primer lugar, nadie ha dicho que la empresa OAS le dio a Lula un apartamento. La cooperativa de los sindicatos de trabajadores bancarios (Bancoop) es (en realidad era) propietaria de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guarujá, en São Paulo, y como líder sindical, Lula tiene una cuota en ese emprendimiento. Cuando Lula deja la Presidencia de Brasil, la OAS ofrece una reforma a uno de los apartamentos que supuestamente la pertenecía a Lula. Al final, Lula jamás hizo uso de ese apartamento ni quedó demostrado que de hecho le perteneciera. El juez Moro usó ese episodio para presumir que las buenas relaciones de Lula con la OAS eran evidencia de una relación de sobornos por contratos. Hasta hoy no existe ninguna prueba de ambas acusaciones, pero el Tribunal Regional de Porto Alegre y el Tribunal Federal siguieron con todo el proceso, basados en pruebas frágiles. Notá que en ningún momento se está hablando del escándalo de la Petrobras o de desvío de cofres públicos. Se trata de un apartamento reformado en Guarujá que hasta hoy no queda claro si le pertenecía o no al expresidente Lula.
Fueron los mismos dueños de la empresa que dijeron que la remodelación del apartamento era para Lula…
La OAS nunca dijo que el apartamento era de Lula. Lo que algunos reportajes mostraron es que las operaciones de reformas que la OAS haría eran para un apartamento que futuramente Lula ocuparía, y de hecho, se mostraron una serie de e-mails mostrando el nombre del expresidente como razón para esas reformas. El problema aquí son dos. Moro jamás consiguió probar que Lula era dueño del apartamento, no existe esa prueba, no hay un título de propiedad a nombre de Lula. Por otro lado, no es rigurosamente delito que una empresa te haga reforma a tu casa, si vos ya no estás ocupando un puesto público. Eso fue en 2012, Lula ya no era presidente. Puede ser éticamente cuestionable, por supuesto, pero no es obligatoriamente un delito. El punto es que el juez Moro usa ese episodio para deducir que ese tipo de relaciones muestran que cuando Lula fue presidente había un esquema de coimas que favorecerían a esas constructoras. Es una deducción, no es una prueba. Moro tampoco pudo comprobar cuáles son los beneficios que la OAS recibió por esas reformas, no quedan claro los contratos ni las consecuencias de esa relación. Es muy frágil.
El juez Moro ¿a quién responde?
Depende de la perspectiva que se vea. Moro ha querido verse como un “Garzón” brasileño al poner bajo prisión al mayor líder político del Brasil contemporáneo. El problema es que todas las críticas que han sido mostradas sobre este proceso, la debilidad de las pruebas sobre el triplex de Guarujá, diversas actividades partidarias donde Moro aparece, etc., arroja una gran mancha sobre esa pretensión y Moro tiene más posibilidades de pasar a la historia más por la espectacularización de este caso que por la rigurosidad jurídica. Existe una famosa foto de Moro donde aparece departiendo alegremente con Aecio Neves y el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ambos del PSDB.
¿Cómo llegó el presidente más popular de la democracia brasileña a caer en la situación que está?
Puff. Es complicado explicar la causa central de toda esta trama, pero creo que hay un par de elementos que vale la pena destacar aquí. Uno tiene que ver con el modelo presidencialista y el sistema político brasileño. Brasil tiene un sistema presidencialista de coalición, por su propia dinámica y la estructura federativa que lo caracteriza. Eso significa que ningún presidente puede gobernar sin una coalición y generalmente son coaliciones grandes. El PT lideró por muchos años una coalición multipartidista en la que le dio enormes concesiones y espacios al PMDB. Eso generó enormes conflictos en la dirigencia del partido. Cuando estalla el escándalo de la Petrobras (que dicho sea de paso, no involucró únicamente al PT, sino a todo el sistema de partidos. Esto tiene que quedar muy claro), el PMDB decidió chantajear en ese entonces a Dilma desde el Congreso Federal, a través de su tristemente célebre presidente Eduardo Cunha, para que no se avanzaran en las investigaciones. Como Dilma no aceptó, ellos desengavetaron el famoso caso de las “pedaladas fiscales” y le dieron el golpe. El PMDB acabó apuñalando de muerte a la coalición petista. El segundo elemento son esos acuerdos público-privado que traspasa toda la historia política de Brasil. Los actores privados han estado muy acostumbrados a esas alianzas patrimonialistas que les permiten usufructuar del Estado, sean por vía de contratos o exoneraciones. Lula no hizo más que mantener esa tradición, no cambió ni un centímetro, más bien profundizó esos acuerdos, bajo la creencia que eso redimiría al PT como un partido tradicional y aceptado por las élites. Su mayor error, a mi juicio, es no haber liderado nunca una reforma política que cambiara con esa configuración, pero bueno, tampoco tenía los votos en el Congreso para hacerlo. Al final el PT descubrió, a lo largo de la secuencia de golpes, que no hace parte del establishment, sino de la excepción. El PT no es aceptado como un partido tradicional, quiso jugar a escupir en rueda y les terminaron pasando la cuenta vilmente.
Ante la entrada en prisión de Lula, ¿qué puede esperarse de las elecciones presidenciales?
El PT ha dicho oficialmente que no tiene ni Plan B ni otro candidato. Eso no quiere decir que la izquierda brasileña no los tenga, recordá que el PT no es el único partido de la izquierda de Brasil. Existe también el PSOL que tiene la candidatura de Guilherme Boulos y el PcdoB que lleva la candidatura de Manuela Dávila. Ambos son reconocidos líderes sociales, pero ninguno de la talla y altura de Lula. Ellos han hecho sendos llamados a la unidad de la izquierda frente a la profunda crisis del PT, pero claro que ese es un proceso de muy largo plazo y con escaso tiempo para estas elecciones.
El famoso apartamento
El juez Sergio Moro condenó a Lula basado en pruebas testimoniales: El empresario Léo Pinhero logró rebajar su condena de 8 a 5 años y dijo que el apartamento era del expresidente. La única prueba documental que encontró el juez cuando allanó la casa de Lula fue un borrador de contrato, según reportes del diario español El País, que tiene una versión en portugués.
“El empresario aportó como pruebas diversos mensajes intercambiados con otros cargos de la constructora y con colaboradores de Lula que dan a entender alguna clase de acuerdo sobre el inmueble. El juez también valoró como prueba un borrador de contrato sobre el apartamento encontrado durante un registro en casa de Lula. El documento no tenía ninguna firma. En su afán de reunir elementos incriminatorios, Moro incluso valora como un indicio de culpabilidad las declaraciones de otros vecinos de la finca, que aseguraron que todo el mundo comentaba allí que la vivienda era de Lula”, escribió El País.
Otro hecho que el juez tomó como fuerte indicio es que la fallecida esposa de Lula reclamó 50 mil dólares que había entregado como prima del apartamento.