Inmigrantes nicaragüenses y de otras nacionalidades protestaron esta mañana contra la multa de 100 dólares por cada mes de estancia irregular para los extranjeros, la cual entra a regir de manera retroactiva a partir del próximo 20 de abril.
Desde las nueve de la mañana, decenas de manifestantes apoyados de varias oenegé que trabajan a favor de la población extranjera en este país, demandaron al gobierno costarricense posponer esta sanción económica y al parlamento reformar la ley que la ordena, para eliminarla.
Primero los manifestantes acudieron a las afueras de la cancillería, luego caminaron hacia la Asamblea Legislativa y la protesta culminó en Casa Presidencial, en Zapote, San José. Portaron pancartas con leyendas que rezaban: “No a la multa” o “Somos fuerza laboral, no criminal”.
Olinda Bravo, representante de la Red de Mujeres Migrantes en Costa Rica, explicó que la protesta exige posponer el cobro de la multa vía decreto ejecutivo, además de una reforma migratoria en el legislativo para eliminarla o que se baje en proporción al salario de los migrantes.
“Las mujeres estamos siendo afectadas, porque esos 100 dólares de multa son el 30 por ciento del ingreso mensual de una trabajadora doméstica”, cuestionó.
En Costa Rica viven alrededor de 300 mil nicaragüenses, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quienes trabajan en áreas como construcción, agricultura, servicio doméstico, seguridad privada y otros.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su directora Gisela Yockchen, anunció a finales de abril que a partir del 20 de abril próximo entra en vigencia el cobro a personas extranjeras que excedan el tiempo de permanencia legal en el país.
Contemplada en nueva ley
La multa está contemplada en la ley migratoria vigente desde el año 2010, la cual se había pospuesto durante siete años. La sanción es de 100 dólares por cada mes de estadía irregular es retroactiva y se hará efectivo al momento que el extranjero abandone el país.
Si la persona no puede o no quiere cancelar la multa al momento de su salida del país, el oficial de Migración le impondrá un impedimento de ingreso por el triple de tiempo en que la persona permaneció en Costa Rica de forma irregular.
Están expuestos a las multas turistas, migrantes trabajadores que entran con visas de turistas, extranjeros en tránsito, residentes legales o con condiciones especiales como permisos de trabajo y otros.
Fomenta irregularidad, aseguran líderes de migrantes
LAPRENSA/JOSUÉ BRAVO
“En esencia la multa fomenta la irregularidad y el coyotaje, al no tener los migrantes las condiciones económicas para ponerse al día en la documentación, pero la necesidad de trabajo persiste y en vez de usar puestos fronterizos regularizados se van usar formas irregulares”, explicó Quxabel Cárdenas, coordinadora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses.
“También va a desestimular la contratación de mano de obra y afectará a los empleadores, desestimula la migración regularizada y aumenta la explotación laboral porque da más poder de amedrentar de parte del empleador”, añadió Cárdenas.
Cárdenas dice que la retroactividad de este cobro hace esta medida más dura que una deportación y que las mismas leyes de los Estados Unidos, porque una persona que esté los siete años en condición migratoria irregular, deberá cancelar al momento de salir del país 8,400 dólares por los 84 meses acumulados o se exponen a no ingresar a Costa Rica durante 21 años.
Por su parte, el nicaragüense Salón Fernández, dice que los inmigrantes son personas trabajadoras que ganan si acaso el salario mínimo en las áreas en las que se emplean, por lo tanto les perjudica.
“Nosotros construimos los edificios, levantamos la cosecha, cuidamos las casas, cuidamos los niños de las familias y la plata no alcanza para poder pagar esa multa”, cuestionó.
Presentan recurso de amparo
La semana anterior, la directora del Centro de Derechos Laborales, Fidelina Mena Corrales, presentó un recurso de amparo ante la Sala Cuarta Constitucional contra las multas.
Entre otras cosas, Mena Corrales alega confusión en el cobro y la falta de claridad en las exoneraciones de la misma a poblaciones vulnerables, por lo tanto pide a los magistrados que declaren inconstitucional el cobro.
A finales de marzo, cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos humanos en Costa Rica también pidieron al gobierno costarricense posponer este cobro y procurar una reforma a la legislación migratoria que lo contempla.