Un rechazo total de diversos sectores del país recibió la denominada Comisión de la verdad, justicia y paz, que este domingo juramentó, sin el consenso de la sociedad civil, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, por ser sus cinco integrantes personas ligadas directamente al partido del presidente designado del poder electoral, Daniel Ortega Saavedra.
Mirna Cunningham, Cairo Amador, Adolfo Jarquín Ortel, Jaime Francisco López Lowery y Francisco Uriel Molina Oliú, son los miembros de la “Comisión Porras” que no dieron ninguna declaración a los medios de comunicación, luego de su juramentación en el parlamento dominado por el partido gobernante, Frente Sandinista.
“A mí me parece un acto de suprema irresponsabilidad política, crueldad y de desprecio de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Esto es seguir jugando con el pueblo nicaragüense que está haciendo las más nobles, heroicas y generosas expresiones de civismo de encontrar la concordia, la estabilidad y la paz”, expresó el constitucionalista Gabriel Álvarez.
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El también jurista dijo que la comisión creada por Porras no tiene ninguna credibilidad, por ser parte del sistema de gobierno. “Es una comisión que nace muerta, no tiene el menor ápice de credibilidad. Esa comisión Porras está para investigar a los jefes de Porras, a los aliados de Porras y al mismo Porras. Eso no tiene ningún sentido. Ortega y Murillo aún están a tiempo de que este infierno no se prolongue más”, advierte Álvarez.
El sector estudiantil, ahora aglutinado en la Coalición de Estudiantes Universitarios y de la Sociedad Civil, lanzó este sábado una advertencia a Daniel Ortega para que en el término de cuatro días invitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU para que integraran a la Comisión.
La represión gubernamental contra las marchas pacíficas de los estudiantes universitarios que salieron en rechazo a las reformas al Seguro Social ya abolida por Ortega, por la presión de los estudiantes, ha dejado como resultado más de cuarenta personas asesinadas, en su mayoría estudiantes. Ante esto, los estudiantes exigen justicia y demandan una comisión de la verdad que conduzca al esclarecimiento de los crímenes y castigo a los responsables.
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Según Porras, la comisión trabajaría con independencia. “Nosotros solo le damos origen y la creamos legalmente”, dijo al momento de juramentarla.
Un total de 74 participante, entre parlamentarios sandinistas y aliados, votaron por la “Comisión Porras”. El PLC no se presentó a la Asamblea Nacional, por no estar de acuerdo con la comisión.
Tampoco se presentó la representación del Partido Conservador.
La “Comisión Porras” tiene tres meses para realizar la investigación sobre la violencia de abril y entregar un informe sobre dichos resultados.
Se equivocan otra vez
El rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, dijo que el Gobierno se vuelve a equivocar al conformar una comisión con personas sin credibilidad.
“El Gobierno se vuelve a equivocar, en Nicaragua todos nos conocemos y esas personas tienen una trayectoria lamentable como políticos y como personas, y eso no le da ninguna credibilidad a una cuestión tan seria donde se está jugando el futuro del país, porque la gente quiere saber qué pasó, quién ordenó (crimen contra estudiantes) y esas personas no dan ninguna garantía de credibilidad para conformar una Comisión de la Verdad”, cuestionó el académico.
“Una payasada”
La investigación de los asesinatos en las pasadas protestas debe ser profunda, creíble e independiente para que haya justicia, consideró este domingo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, quien señaló que la comisión creada por el diputado sandinista Gustavo Porras no cumple ninguna de las exigencias antes descritas.
“Eso es una payasada lo que están haciendo en la Asamblea Nacional, nombrando una comisión las mismas personas que son culpables de estas atrocidades. Yo lo veo ilógico y es inaceptable que la Asamblea Nacional esté nombrando una comisión como la misma Fiscalía que nombra una comisión para investigar algo que sabemos que va a estar amañado al final de cuenta”, afirmó Healy, uno de los delegados por el sector privado para participar en la mesa de diálogo que convocó el Gobierno.
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Healy aseguró que entre los primeros pedidos que hará en la mesa es que se traiga a una comisión internacional, que incluya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas para que investiguen, acompañados de los organismos de derechos humanos locales, la muerte de más de cuarenta civiles en las protestas.
A criterio de Healy, los organismos de derechos humanos nacionales tienen suficiente información para que se comiencen las investigaciones.
“¿Por qué Daniel Ortega no permite el acceso de los organismos internacionales?”
Healy sugiere remontarse a 1979, cuando la guerrilla sandinista, de la cual Ortega formaba parte, luchaba contra Somoza. En ese año, “el Frente Sandinista pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a Nicaragua. O sea no hubo necesidad de que Somoza diera permiso. ¿Entonces si ellos la pidieron como Frente Sandinista en 1979 por qué no la dejan entrar ahora en el 2018? Esta es una pregunta que hay que hacerle a ellos. O sea si era bueno en aquellos tiempos, por qué ahora no es bueno que vivimos una crisis igualita a la que se vivió en ese tiempo”, se preguntó el empresario.
Creada para encubrir
Para el jurista y exvicecanciller, José Pallais, la “Comisión Porras” fue creada para encubrir y desinformar.
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“Esta comisión fue creada para el encubrimiento y la desinformación, con su designación rechazan de forma expresa la presencia en Nicaragua de la CIDH, únicamente les interesa desvirtuar los hechos y tratar de hacer creer que todo se trató de una conspiración internacional, no pueden aceptar que el pueblo los rechaza”, afirmó Pallais.
Campesinos la rechazan
El Movimiento Campesino anticanal también rechazó la “Comisión Porras”. “Ellos debieron haber exigido al Gobierno que se dé una investigación, ¿por qué hasta ahora?, quieren maquillar; esa es una falta de respeto, esa es una violación a nuestros derechos que hasta hoy están queriendo conformar una comisión, o sea van a ser juez y parte también”, criticó Medardo Mairena, coordinador del movimiento.
Para el coordinador del Movimiento Campesino, las instituciones en las que ellos confían son la Iglesia católica y para la ejecución de una investigación sobre la muerte de los jóvenes es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los organismos de Derechos Humanos independientes en el país.
Miskitos indignados
La “Comisión Porras” también causó indignación a los miskitos que tienen representación parlamentaria en el partido Yatama. “Nosotros rechazamos esta comisión de la mentira. Cómo es posible que Mirna Cunningham, sandinista radical, que nunca ha defendido los asesinatos de los indígenas, sea parte de esta comisión; no es aceptable esto”, dijo la diputada de Yatama, Elizabeth Enríquez, partido que no votó para la conformación de la comisión parlamentaria.
La parlamentaria también denunció que Cunningham es la madre de Carlos Alemán, gobernador en el Atlántico Norte. “Su hijo es quien dirige y coordina a las turbas sandinistas”, denunció la diputada.