El caricaturista de LA PRENSA, Manuel Guillén, usa el acrónimo LAME para referirse en sus trazos de humor al titular del Consejo de la Contraloría General de la República. El dardo de Guillén no es gratuito. El ente fiscalizador de los recursos bajo la dirección del contralor Luis Ángel Montenegro Espinoza se ha convertido en una entidad que el exdiputado opositor Alberto Lacayo definió como “inútil, ciega, sorda, muda e inoperante”, en una entrevista en febrero del 2017, publicada en LA PRENSA. Las únicas intervenciones públicas que hace el contralor Montenegro
Espinoza son para defender una supuesta transparencia del gobierno de Ortega y sus funcionarios. Pero hace 18 años, el entonces contralor Montenegro Espinoza era distinto. “Un vulgar ladrón”. “Delincuente”. “Corrupto”. Así se refería el contralor Montenegro Espinoza a los funcionarios de los gobiernos liberales que eran descubiertos en actos indebidos con el presupuesto estatal.
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Eran años de “gobiernos neoliberales” y la Contraloría General de la República rebozaba de actividad. A Arnoldo Alemán lo retaba directamente a demostrar su transparencia. Igual fue un dolor de cabeza para el expresidente Enrique Bolaños. Fue uno de los que votaron a favor de bloquear la compra de generadoras energéticas de emergencia por parte de Bolaños para enfrentar la crisis energética en 2005.
Crisis de apagones
El bloqueo de Montenegro y los otros contralores agudizó la crisis de apagones, lo que afectó severamente al país en ese año, lo que fue aprovechado políticamente por el Frente Sandinista para las elecciones presidenciales del 2006.
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Todo cambió cuando finalmente Daniel Ortega regresó al poder en 2007. “Ni somos policías ni FBI”. “No vamos a salir corriendo a investigar a alguien solo porque un medio de comunicación publica cualquier cosa”, se convirtieron en habituales respuestas del contralor Montenegro Espinoza, es sus más escasas comparecencias con el periodismo independiente.
“No me llama la atención si gana 60 mil dólares al año y tiene yates, mansiones y aviones. No me llama la atención”, reiteraba en referencia al presidente del poder electoral, Roberto Rivas, cuando fue abordado por un reportero de la televisora 100% Noticias, sobre los reportes periodísticos referidos al ostentoso estilo de vida del titular del Consejo Supremo Electoral.
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Contraloría no ve corrupción en el Estado, rezaba el titular de LA PRENSA de una nota escrita por la periodista Lucía Navas, el 23 de marzo del 2017, sobre el último informe que Montenegro Espinoza presentó ante la Asamblea Nacional. El reporte señalaba que para el consejo de contralores, la corrupción en el Estado en 2016 solo había alcanzado los 3,047,583.17 millones de córdobas.
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Un monto ínfimo, de acuerdo con excontralores y especialistas en temas de transparencia, tomando en cuenta las revelaciones de irregularidades en instituciones como el Ministerio de Salud, Enabas, Empresa Administradora de Aeropuertos y el mismo Consejo Supremo Electoral. Montenegro Espinoza no respondió las preguntas de los diputados no sandinistas ni de los periodistas independientes sobre detalles de estas supuestas afectaciones al patrimonio estatal. Salió huyendo de los periodistas, sin hablarles, como que no los miraba ni les escuchaba.
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