Hace exactamente nueve meses comenzaron los enfrentamientos entre policías fuertemente armados y estudiantes universitarios defendiéndose con piedras, un hecho que por primera vez ocurría dentro de los últimos once años de gobierno de Daniel Ortega. Un día antes, el 18 de abril, los universitarios habían sido agredidos y robados por miembros de la Juventud Sandinista, adeptos al régimen orteguista, en el sector de Camino de Oriente, Managua, cuando realizaban una protesta contra las fallidas reformas a la seguridad social.
El 19 de abril, tras varias horas de enfrentamiento y persecución policial en la Avenida Universitaria, Managua, los estudiantes decidieron encarar a los policías que les bloqueaban el paso en los semáforos Rigoberto López Pérez, ubicados a unas tres cuadras al suroeste de la Universidad Centroamericana (UCA). Los estudiantes avanzaron frente a policías motorizados —en cada moto dos policías: el conductor y el que apuntaba el rifle—, y atrás de las motos al menos tres o cuatro patrullas policiales.
Los universitarios avanzaron con las manos arriba, cantando el Himno de Nicaragua, algunos ondeando la Bandera Nacional y otros usando pañuelos azul y blanco. Cuando los jóvenes se encontraban a tres metros o menos de los policías, estos últimos les dispararon de frente.
Primeros muertos
En otras partes de Managua y en todo el país se realizaron protestas simultáneas, las cuales también trataron de ser aplastadas por la fuerza policial. Ese día murieron Richard Edmundo Pavón Bermúdez, adolescente de 17 años; Darwin Manuel Urbina, trabajador de un supermercado de Managua, y el policía Jilton Rafael Manzanares.
El analista político y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann Bernheim, manifestó que en los últimos nueves meses en Nicaragua está ocurriendo lo que jamás se imaginó que podría pasar en un país: la criminalización de los símbolos patrios.
La Bandera Nacional azul y blanco y el Himno Nacional se convirtieron desde el 19 abril de 2018 en motivo de detención, agresión y arresto de parte de la Policía Orteguista. Por esa razón y por la defensa del derecho a la protesta, nueve meses después se cuentan entre 325 y 535 muertos, según diferentes reportes de organismos de defensa de derechos humanos; más de dos mil heridos, 767 detenidos por participar en las protestas, miles de exiliados por la persecución, agresión y amenazas de la Policía y de simpatizantes de Ortega.
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Además, despidos, persecución y amenazas contra médicos por atender a manifestantes heridos, detención a periodistas críticos, censura a los medios de comunicación que informaron sobre la crueldad de la represión contra las protestas civiles desde abril.
Tünnermann valoró que pese al dolor y el luto que vive el país desde el 19 de abril, se debe destacar la unidad ciudadana que generó esta situación, las marchas masivas a favor de una salida pacífica y negociada a la crisis, el apoyo de la comunidad internacional a través de los foros internacionales.
El esfuerzo de un diálogo entre mayo y junio también fue destacado por Tünnermann como un logro del pueblo democrático, porque aunque tuvo que suspenderse por la sistemática represión, logró que organismos internacionales de derechos humanos estuvieran en el país conociendo en el terreno lo que estaba pasando; confirmaron la agresión del propio Estado contra el pueblo, a través de la fuerza brutal de la Policía y paramilitares orteguistas, de lo que dejaron constancia los organismos internacionales en sus informes, según el analista.
Ortega no ha logrado nada
En contraste, Tünnermann aseguró que el régimen de Ortega tiene un saldo negativo en estos nueve meses.
“(El régimen de Ortega) lo que ha logrado es el colapso de la economía, el incremento del desempleo; miles de trabajadores desafiliados del Seguro Social, lo cual incrementa la crisis en esa institución; el daño a la imagen de Nicaragua en el exterior, lo cual desestimula la inversión extranjera y nacional. Si ellos se ponen a reflexionar qué es lo que han logrado, el saldo es negativo”, aseguró Tünnermann.
El analista político explicó que el daño económico que causarán las sanciones estadounidenses a Nicaragua, es una respuesta a la represión contra el pueblo que no ha querido detener Ortega.
El opositor y miembro de la Unión de Nicaragüenses Exiliados en Costa Rica, Luciano García, opinó que estos nueve meses han sido un proceso por el que inevitablemente ha tenido que transitar el país, para despertar la conciencia ciudadana, desenmascarar totalmente la dictadura y conocer el rechazo de la comunidad internacional al régimen orteguista.
“El mundo entero ha reconocido, a excepción de una minoría de países de corte dictatorial, que el gobierno de Ortega es un gobierno que no respeta los derechos humanos, es un gobierno que permanece en el poder a punta de balas y muerte”, dijo García.
El 19 de abril pasado, en los semáforos Rigoberto López Pérez, los disparos frontales de la Policía Orteguista contra los estudiantes desarmados lograron que los jóvenes se dispersaran, pero también de las casas particulares salieron civiles que hasta ese momento solo eran espectadores. Amas de casa defendieron a los estudiantes, les gritaron a los oficiales, les arrebataron a jóvenes que se querían llevar detenidos, pero ni así la Policía rehusó a realizar disparos y evitar la agresión.
La resistencia del pueblo
La política opositora y miembro de la sociedad civil, Violeta Granera, manifestó que se debe tener siempre en cuenta el enorme costo humano que ha significado la brutal represión de Daniel Ortega contra la ciudadanía, porque provocó crímenes de lesa humanidad según los informes de organismos de derechos humanos. Granera también valoró la resistencia del pueblo y la unidad de la ciudadanía.
“Todo esto indica un fortalecimiento de la ciudadanía en Nicaragua, sobre todo en la lucha cívica, también demuestra un salto de calidad para el período pos-Ortega”, dijo Granera.