La visita de los diputados del Parlamento Europeo se ha desarrollado en un clima de asedio, secuestros y agresiones a los opositores del régimen de Daniel Ortega. El viernes, Violeta Granera, José Pallais, Harley Morales y Michael Healy, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fueron perseguidos en la carretera por paramilitares y policías, tras salir de la reunión con los diputados europeos.
Según Pallais, los sujetos estaban armados. Los siguieron desde el lugar de la reunión y los interceptaron en la segunda entrada a Las Colinas, al oriente de Managua, donde intentaron sacarlos del vehículo en que se movilizaban.
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Los paramilitares los tuvieron retenidos durante unos treinta minutos hasta que llegaron varias patrullas de la Policía Orteguista (PO).
Los oficiales no dijeron nada, solo les hicieron señas a los civiles armados, para que se fueran del lugar. Sin embargo, una vez que continuaron la marcha, los paramilitares los siguieron mientras la Policía observaba el asedio.
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“Nos golpeaban el vehículo para que saliéramos, nosotros nos negamos a salir y al final un oficial dijo que nos podíamos ir, pero nos continuaron siguiendo”, explicó Pallais a LA PRENSA, agregando que el régimen ha mantenido la represión, los secuestros y las agresiones, pese a la presencia de los diputados europeos, lo que para él demuestra que Ortega “es capaz de todo”.
Hasta el cierre de esta edición, Pallais y Granera reportaron que no se sentían seguros en el lugar donde se vieron obligados a refugiarse. Michael Healy logró marcharse, aunque este empresario es constantemente asediado por los paramilitares. Y Harley Morales, estudiante universitario, fue trasladado a un lugar seguro, confirmó LA PRENSA.
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La UNAB es una organización integrada por diversos sectores opositores al régimen orteguista, creada tras la crisis que se vive en el país desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega.
Los legisladores europeos se reunieron con los miembros de la UNAB el viernes a mediodía, como parte de su agenda de reuniones con actores nacionales de todos sectores del país.
Una posible “última oportunidad”
Carlos Tünnermann Bernheim, integrante de la UNAB y que también se reunió con la misión europea el viernes, dijo al salir del encuentro que la presencia de estos funcionarios podría ser la última oportunidad de Ortega para negociar una salida pacífica a la crisis que vive el país.
“La Unión Europea le está dando una oportunidad (al régimen de Ortega), que a lo mejor es la última. La oportunidad de que sean sensatos, de que sean razonables, de que se den cuenta que no es llenando las cárceles con prisioneros políticos que van a lograr una solución del problema”, dijo Tünnermann.
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Los miembros de la UNAB pidieron a los europeos que abogaran ante el régimen por la libertad de los presos políticos, el cese a la represión y el retorno de un diálogo nacional, manifestó Tünnermann.
La represión policial y paramilitar ha dejado más de 325 muertos desde el 19 de abril, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al menos 766 personas están presas por participar en las protestas contra Ortega. El régimen orteguista los ha acusado de una diversidad de delitos, entre los que están: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, secuestro y tenencia ilegal de armas de fuego.
Vieron a periodistas presos
Por la mañana, los funcionarios de la Unión Europea visitaron la cárcel de mujeres La Esperanza, en el municipio de Tipitapa (Managua), donde hay 25 presas políticas. Y también lograron entrar a la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el Chipote, donde pudieron ver a los periodistas presos Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau. Esta información fue revelada por Valeska Valle, integrante de la UNAB, quien el viernes también se reunió con los europeos.
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“Ellos ingresaron en la mañana a La Esperanza donde hablaron con Amaya (Coppens), con Irlanda (Jerez), con muchas presas políticas, incluso (en el Chipote) hablaron con Miguel Mora y Lucía Pineda y algunas compañeras de celda de Lucía Pineda. Ellos percibieron a los presos políticos con mucha fuerza, con mucha resistencia”, dijo Valle.
En la cárcel La Esperanza los europeos tenían especial interés de ver a la dirigente estudiantil Amaya Coppens, quien tiene nacionalidad belga y nicaragüense. El jueves reciente se reunieron con los padres de Coppens, diputados de la Asamblea Nacional, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil.
Otros encuentros
La misión del Parlamento Europeo también se reunió el viernes con el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, representantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y organizaciones nacionales de derechos humanos.
En la noche, los funcionarios europeos invitaron a todos los actores sociales, políticos y económicos con los que se reunieron a un cóctel, actividad a la que asistió el canciller de la República, Denis Moncada.
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Los diputados europeos están en Nicaragua desde el miércoles para “evaluar la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo para restaurar el orden democrático en el país”.
Esta sábado temprano está previsto que se reúnan con Daniel Ortega. A mediodía ofrecerán una conferencia de prensa a los medios de comunicación, que será la última actividad de la delegación en el país.
Piden retorno de la CIDH
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) también fue otra organización que se reunió ayer con la misión de diputados del Parlamento Europeo. Los legisladores europeos fueron recibidos por el abogado de la CPDH, Denis Darce, quien les planteó la importancia del retorno al país del Meseni y GIEI, creados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y también de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
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El Meseni y GIEI fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega en diciembre del año pasado, para evitar que presentaran en el país el informe final sobre los hechos de violencia comprendidos entre 18 de abril y el 30 de mayo.
Los expertos determinaron que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, y recomendaron que se investigue al mismo Ortega y a la cúpula de la Policía Orteguista.