Nicaragua cambió desde 2018. Luego de las protestas sociales contra las draconianas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y de las consecuentes acciones de represión sangrienta de policías y paramilitares del régimen, nada volvió a la normalidad en Nicaragua, al criterio de tres sociólogos consultados por LA PRENSA.
La ubicación de los tres sociólogos, de hecho, refuerzan la tesis de que nada está normal en Nicaragua: uno de ellos exiliado en Costa Rica, otro clandestino y desempleado y un tercer experto, radicado temporalmente fuera del país en espera de mejores condiciones para regresar.
¿Qué encuentran ellos y ellas fuera de la normalidad en Nicaragua desde el 18 de abril del año 2018? Al menos las siguientes diez situaciones, frecuentes ahora, no eran normales antes del 18 de abril.
- Las calles principales de las ciudades pobladas, a toda hora, de policías con armas de guerra y patrullas, motos y buses de la Policía Orteguista (PO). Asedian universidades, colegios, iglesias, centros comerciales, medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y otros sitios y espacios públicos y privados.
- La criminalización de portar una bandera de Nicaragua: Se han asesinado personas por portar la bandera azul y blanco de Nicaragua, se han condenado a cárcel y se han detenido. Los últimos dos casos: el joven abogado Avil Ramírez Mayorga (25 de enero) y el empresario José Dolores Blandino, terminaron presos por varias horas por portar las banderas.
- Periodistas exiliados, detenidos y medios de comunicación asaltados por la Policía Orteguista. Al menos 66 periodistas independientes se han ido al exilio, dos periodistas siguen detenidos y acusados de terrorismo, el canal 100% Noticias sigue confiscado, las salas de redacción de Confidencial y Esta Semana, siguen tomadas por la PO, Canal 12, bajo asedio y los periódicos, castigados en sus importaciones de insumos.
- Migración. Si bien Nicaragua por sus condiciones de pobreza ha sido considerado desde hace años un país que expulsa a sus ciudadanos, a raíz de abril de 2018, se estima que cerca de 70,000 personas han emigrado por la represión, por el agudizamiento de la crisis económica y por el básico temor de un conflicto a mayor escala.
- Presos políticos. Desde el 18 de abril de 2018, hasta la fecha, se estiman más de 700 personas presas políticas por asumir posturas contrarias a las del régimen, incluyendo su vinculación a las protestas sociales. Desde organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hasta gobiernos de países americanos y europeos, abogan por la libertad de los reos políticos.
- Demanda de justicia por asesinatos y crímenes de lesa humanidad: Foros internacionales, países de América y Europa, organizaciones defensoras de derechos humanos, demandan justicia por la muerte de más de 325 personas que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron cometidos en su mayoría por policías y paramilitares. El último solicitante de justicia fue una comisión de parlamentarios europeos que vino a Nicaragua el pasado enero.
- Sesiones extraordinarias en la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el “caso Nicaragua”. Desde la primera sesión en junio de 2018, cuando la cifra de muertes se estimaba en 212, hasta el 11 de enero de 2019, cuando la cifra de muerto se cifró en 325 y se empezó a aplicar la Carta Democrática al régimen, han ocurrido ocho sesiones en ese foro internacional.
- Crisis económica: Si bien Nicaragua ha sido un país pobre, su economía se había mantenido estable pese a las denuncias de corrupción y falta de transparencia reinante desde 2007, pero desde abril a la fecha han ocurrido hechos que ahora impactan en la economía: hasta noviembre de 2018 se habían fugado 1,373 millones de dólares de los depósitos del sistema financiero desde abril. Cayeron las ventas de vehículos, de viviendas, de consumo, de servicios y turismo y ahora en 2019, dos reformas, una fiscal y una de Seguridad Social, incrementan los costos de los productos de consumo nacional y elevan los gastos de operaciones de las empresas, mientras le deducen más al salario de los trabajadores formales para aportes al INSS.
- Sanciones internacionales. En menos de un año, al régimen de Nicaragua y funcionarios específicos le han aplicado sanciones económicas (Estados Unidos con la ley Nica Act), condenas morales (OEA, Naciones Unidas y Unión Europea) y amenazas de nuevas sanciones (Unión Europea). Entre los funcionarios sancionados figura Rosario Murillo Zambrana, la vice-dictadora de Nicaragua, sancionada por Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos, y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.
- Boicot y redes sociales. Desde abril a la fecha, las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla desde donde se llaman a boicots a actividades del régimen y viceversa. Las campañas han surtido efecto: los llamados de la mayoría azul y blanco a marchas, plantones y actividades de protesta social son invadidos, boicoteados y aplastados por policías, fanáticos y paramilitares. Del lado oficialista, pese a sus esfuerzos por impulsar eventos públicos con normalidad, las llamados en redes sociales han hecho su efecto visible en celebraciones oficialistas o gubernamentales con poquísima participación, suspensión de procesiones o eventos religiosos alternativos con escasa presencia social, negocios calificados como colaboracionistas o “sapos” con poca clientela y eventos de más impacto, como el anunciado concierto de Carlos Vives, cancelados.