En momentos que el régimen de Daniel Ortega aún no muestra voluntad para continuar en la mesa de negociación, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reveló este martes las propuestas de temas a abordar, que van desde la adopción de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta reformas electorales que garanticen elecciones anticipadas.
La Alianza aseguró la urgencia de que se adopten las medidas de la CIDH para garantizar el derecho a la vida de los nicaragüenses.
Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica, recordó que desde el 21 de mayo pasado cuando el Gobierno se comprometió a adoptar las recomendaciones de la CIDH, hasta ahora solo cumplió tres de manera parcial y temporal, de las 18 que se propusieron.
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“El pasado 21 de mayo el régimen de Daniel Ortega aceptó cumplir, pero en la práctica solo cumplió tres de manera parcial y temporalmente”, explicó Solís al leer los cinco puntos de la agenda que tienen que ver con libertad, justicia, democracia y derechos humanos, que están sobre la mesa.
Según Solís, el régimen “ha cometido graves violaciones” contra el derecho a la vida, cuando se atentó contra los manifestantes cívicos que pedían la salida del poder de los Ortega-Murillo.
Y ante la negativa del régimen de poner fin a la represión, la Alianza Cívica lleva otra vez a la mesa del Gobierno las recomendaciones de la CIDH, las cuales no han sido cumplidas en su totalidad. Estas medidas surgieron luego que el régimen desatara una violenta represión, que le ha costado la vida a más de 325 nicaragüenses desde abril del año pasado.
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Ortega hasta ahora no ha dado muestra de querer adoptar las medidas y cuando se comprometió en mayo, durante los primeros intentos de diálogo con la oposición, no las cumplió por completo.
“En un primer momento el Gobierno implementó tres, las cuales fueron la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la llegada al país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es decir, de las 18 recomendaciones, tres se cumplieron parcial y temporalmente. En este momento tenemos que las 18 recomendaciones no están cumplidas. Por lo tanto, en el punto quinto se habla de que se implementen estas recomendaciones de la CIDH”, dio a conocer Solís en una conferencia de prensa realizada este martes.
Libertad y nulidad de juicios políticos
El primer punto de la agenda de la Alianza Cívica continúa demandando la libertad de los presos políticos y la nulidad de los juicios, que los consideran viciados y parcializados contra los ciudadanos que protestaron de manera cívica y pacífica. Este primer punto también tiene que ver con las libertades, derechos y garantías que están establecidos en la Constitución de Nicaragua, los cuales la Alianza Cívica considera han sido violados por la dictadura Ortega-Murillo.
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“Efectivamente al día de hoy (este martes) el Gobierno de Nicaragua tiene 11 meses de estar afectando los derechos de los nicaragüenses, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la manifestación. Es decir, la gama diversa de derechos que están establecidos tanto en la Constitución como en los convenios y tratados de derechos humanos han sido pisoteados reiteradamente en estos 11 meses que lleva de lucha el país”, sostuvo Solís.
Democracia
El segundo punto de la agenda es el tema de la democracia, que tiene que ver, de acuerdo a la Alianza Cívica, con recuperar la confianza en el sistema electoral a través de la “implementación de las recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento electoral y otras propuestas de reformas electorales”.
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“Esto para que se garanticen procesos electorales anticipados, libres, justos, transparentes y observados”, explicó Solís en presencia de los miembros de la Alianza Cívica.
Justicia y no impunidad
El tercer punto de la agenda está vinculado con el tema de la justicia, que busca cómo implementar procesos judiciales de verdad que conlleven “a reparación de garantías de no repetición para consolidar la paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto a los derechos humanos en una situación que no conlleve a la impunidad”.
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En su cuarto punto, la Alianza Cívica demanda que se establezcan mecanismos de implementación “y seguimiento de los acuerdos parciales y finales de la negociación, incluyendo gestiones internacionales para apoyo a la implementación de los mismos”.
Prioridades no cambian
Solís aseguró que las demandas de la Alianza Cívica sobre la mesa de negociaciones siguen siendo prioridad, reiterando que “la libertad de presos políticos, justicia y democracia siguen siendo las exigencias en las negociaciones”. Explicó además que las demandas de la población en estos temas son válidas, por los cuales la Alianza Cívica decidió regresar a las conversaciones con el Gobierno.
Negociaciones estancadas
Por otro lado, la Alianza Cívica aseguró que el régimen de los Ortega-Murillo sigue mostrando falta de voluntad para reanudar el diálogo.
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Solís demandó a la dictadura voluntad política y condiciones propicias para volver a la mesa de negociaciones.
Las conversaciones entre la Alianza Cívica y el régimen orteguista se retomaron el pasado 27 de febrero, ante una solicitud que hicieran cinco importantes empresarios del país, quienes demandaron, tanto al régimen como a la Alianza Cívica, voluntad y compromiso para buscar una solución a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril pasado.
Gobierno“cerrado”
Una fuente explicó a LA PRENSA que el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, han mostrado su total esfuerzo para acercar a las partes; sin embargo, la fuente revela que el Gobierno se mantiene totalmente cerrado a su agenda, en la que destaca el rechazo a elecciones anticipadas, el tema de la justicia y la libertad total de los presos políticos.
“No hay humo blanco de parte del Gobierno. Están totalmente cerrados al tema de su agenda. La ciudadanía demanda elecciones anticipadas y prontas, pero el Gobierno no quiere ceder y también en el caso de la libertad total de los presos”, reveló la fuente en el anonimato.