Esa es la pregunta que nos hacemos millares de nicaragüenses sin que, hasta la fecha, hayamos escuchado repuestas satisfactorias. ¿Por qué personas que son inocentes, apresadas por ejercer su derecho a protestar u opinar —como Miguel, Lucía, Amaya, Irlanda, Medardo y tanto más— y que llevan meses en las ergástulas del régimen, deben seguir más tiempo enjauladas y sufriendo?
La propuesta de liberar todos los presos en tres meses salió del gobierno y, de acuerdo con las informaciones, fue bienvenida por la OEA y por el embajador Sullivan. En realidad, había motivos para regocijarse: prometer soltarlos, aunque no fuese de inmediato, era un gran paso. Si bien el tema no era negociable, pues como lo dijo monseñor Báez los derechos de las personas no están sujetos a discusión, para el gobierno no era fácil hacerlo. Sus líderes habían llamado golpistas a los apresados e insistido ante sus bases que muchos eran asesinos y violentos. Admitir sacarlos es pues, desde su perspectiva, una concesión políticamente importante.
El problema, evidentemente, es el plazo. Algunos podrán argumentar que se trata de un procedimiento para minimizar la pérdida de cara que implicaba liberarlos. Los dictadores tienen sobradas razones para temblarle a decisiones que puedan hacerles lucir débiles o vencidos; no pueden dar su brazo a torcer ante sus seguidores sin arriesgar perderlos o desmoralizarlos. Pero hay también otras interpretaciones que ameritan consideración: la posibilidad que se trate de una maniobra artera.
La verdad es que con esos tres meses el gobierno se da la potestad de retener por muchas semanas a los presos más emblemáticos y usarlos, de nuevo, como rehenes o fichas de negociación. Así él podría alegar, en algún momento, que la oposición está incumpliendo sus compromisos, o dificultando las cosas, o molestando en la calle, y declarar suspensas las liberaciones hasta que se alineen las cosas a su antojo. No sé. Lo que sí sé es que la pareja dictatorial no se ha caracterizado por respetar lo pactado y es capaz de cualquier subterfugio para echar por la borda lo firmado.
Estamos pues ante una situación que requerirá máxima vigilancia y una actitud más exigente de parte de los negociadores de la Alianza: ningún arreglo final mientras no salgan absolutamente todos; no soltar el pie del acelerador para apurar el proceso; gritar en alto: ¿Por qué tardan en soltarlos? ¿Por qué no ya? Ahora el gobierno no tiene repuestas, debilidad que es importante evidenciarla. Debe también insistirse en que los que permanecen detenidos tengan, sin dilación, un régimen carcelario humanitario. Igual, la opinión pública, debe seguir mostrando que no se desmovilizará hasta abrazar, bajo el sol de la libertad plena, al último preso.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.