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CONTENIDO EXCLUSIVO.Este miércoles 15 de mayo se realiza el Examen Periódico Universal a Nicaragua ante los Estados Miembros de Naciones Unidas, con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, donde la representación del régimen orteguista enfrentará una abrumadora avalancha de pruebas de abusos de derechos humanos.
De acuerdo a la información preliminar en el Palacio de Naciones, sede del evento en Ginebra, Suiza, los estados miembros que realizarán el examen a Nicaragua han recibido más de 60 informes, investigaciones, documentos, denuncias y reportes sobre las condiciones de derechos humanos en Nicaragua bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El citado Examen Periódico Universal (EPU) se realiza cada cuatro años y engloba una evaluación de cumplimiento a todos los aspectos, tratados, acuerdos y leyes internacionales suscritas por cada país miembro de la ONU en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.
El examen a Nicaragua este año parte de una evaluación al cumplimiento del país a las recomendaciones que se le hicieron en el EPU 2010-2014 y una nueva evaluación desde la fecha hasta hoy. En total son 14 países los evaluados y para Nicaragua la troika de países relatores son Ruanda, Pakistán y México.
Nicaragua llega a este examen con los graves antecedentes de la crisis de abril de 2018 y la masiva y documentada violación de derechos humanos, respaldada por más de 30 documentos internacionales y nacionales, más los reportes propios de cada delegación diplomática participante del evento.
Abundantes informes y documentos
Figura, dentro del arsenal de documentos analizados y leídos por los estados miembros, el informe de febrero de 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis, que no solo recoge elementos del informe específico que un grupo de enviados especiales elaboró en 2018 y por el cual fueron expulsados, sino que amplía y detalla una suma de violaciones en el marco nacional e internacional de los derechos humanos: ejecuciones, desapariciones forzadas, abusos sexuales y violaciones por razones políticas, abuso de la fuerza letal, torturas, detenciones arbitrarias y juicios amañados por razones políticas.
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Otros informes actualizados son los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos y organizaciones internacionales no gubernamentales que emitieron informes detallados sobre violaciones a derechos civiles y políticos, administración de justicia incluida la lucha contra la impunidad y el Estado de derecho, así como violaciones a las libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública.
Los informes, como los del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, hacen eco de 325 personas muertas en el contexto de las protestas sociales, más de 2,000 heridos, decenas de miles de exiliados y centenares de detenidos de forma arbitraria y otros abusos considerados a la luz de las leyes internacionales como delitos de lesa humanidad.
Los informes cuestionan, además, la vulnerabilidad de los derechos de mujeres, niñez, indígenas, migrantes y hasta de trabajadores públicos, señalando que los despidos de personal de salud en 2018 por haberse opuesto a la represión estatal de Ortega afectaba la calidad del sector de la salud, el acceso a los servicios médicos y los derechos de los trabajadores nicaragüenses a manifestarse públicamente.
En la parte ambiental se destaca la progresiva destrucción de los recursos naturales y la poca efectividad o calidad del marco jurídico para protección de los recursos, incluyendo como gran amenazante al proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, origen a la vez de múltiples violaciones de derechos humanos de los campesinos.
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Figuran, además, reportes e informes de organizaciones no gubernamentales como Cenidh, CINCO, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Centro Humboltd, Cejudhcan, Movimiento por Nicaragua, Ipas, Reporteros sin Fronteras, Human Right Watch, Cisas, Unesco, Unicef, Acnur, Hagamos Democracia, Fundación del Instituto de liderazgo de Las Segovias, Movimiento Autónomo de Mujeres, Cosep, Funides, etcétera.
El informe del régimen
En contraste, el informe oficial de Nicaragua que presentará el régimen a través del asesor presidencial Valdrack Jaentschke, presentado ante los países miembros del EPU en enero de este año, se limita a consultas con una denominada Comisión Nacional Gubernamental dirigida por la Presidencia, que se reunió en septiembre de 2018 para la elaboración de la tesis estatal ante el EPU.
La citada comisión la integran los órganos del régimen como Policía, Gobernación, Cancillería, Fiscalía, Ejército de Nicaragua, Banco Central, Procuraduría General de la República y otros ministerios y entes públicos que en resumen dicen que el país iba de maravillas antes de abril de 2018, pero que un intento de golpe de Estado “fruto del intervencionismo” provocó daños al patrimonio del país, muertes, destrucción de la economía, torturas, tratos crueles y otra serie de daños a través “del terrorismo disfrazado de protestas pacíficas”.
Pero que una vez derrotado el fallido golpe de Estado, el gobierno ha restablecido la normalidad y que en el país no existen presos políticos, ni restricciones a los derechos, libertades y todas las prerrogativas que benefician a sus ciudadanos en el marco de la constitución y los tratados internacionales.
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Sin embargo, y de acuerdo a fuentes diplomáticas de países miembros del EPU, existe un amplio e indiscutible consenso internacional de que los representantes del régimen mienten y que las evidencias de sus abusos son tan abrumadoras y graves como en ninguno de los otros 13 países evaluados.
Por esa razón se espera que aumenten las recomendaciones al estado de Nicaragua para encausarse en la ruta del respeto de los derechos humanos y que el resultado de este examen sea elevado a la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos en noviembre próximo.