Los grupos de paramilitares que se mantienen operando desde el inicio de las protestas en abril de 2018 estarían involucrados en al menos 12 asesinatos que se han cometido en Nicaragua desde octubre de 2018 hasta el 15 de julio de este año, asegura la socióloga y especialista en seguridad Elvira Cuadra.
La participación de estos grupos armados, según la investigación que realiza la especialista, se confirma “ya sea porque hay evidencias o porque se puede identificar un patrón en la forma que se cometió el asesinato”. Asegura, además, que los paramilitares han sido señalados como responsables de los crímenes por “testigos o por familiares de las víctimas”, quienes además culpabilizan régimen de Daniel Ortega por los hechos.
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Según un registro de Cuadra en ese periodo hubo 24 asesinatos, de los cuales nueve fueron contra ciudadanos que pertenecían a un partido político o que tenían relación con las protestas iniciadas en abril del año pasado. Esto confirmaría, según Cuadra, la existencia de “ejecuciones selectivas y asesinatos por motivaciones políticas” y que no se tratan de delitos comunes.
Según la especialista, el patrón en los crímenes contra los opositores se da por “la forma en que ocurrieron los asesinatos, la mayoría de ellos con armas de fuego, y otro elemento más es la concentración geográfica de los casos”. Además en algunos casos “el asesinato es cometido por grupos de tres sujetos (que) están utilizando motos”, sostiene.
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El estallido social desencadenó una crisis sociopolítica donde los opositores se enfrentan al asedio, persecución y amenazas de la Policía Orteguista (PO) y de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En menos de un mes en la zona fronteriza de Nicaragua con Honduras han sido asesinados tres opositores ocurrieron: Edgard Montenegro y su hijo, Yalmar Montenegro, fueron asesinados el pasado 27 de junio por sujetos que los emboscaron en el municipio hondureño de Trojes. Ambos se habían exiliado debido a la persecución que vivieron en Wiwilí, Jinotega, de donde eran originarios.
Edgar Montenegro había sido señalado por la Policía Orteguista de liderar tranques y asesinar a un policía voluntario en El Rama. Una hija de éste dijo en su cuenta de Facebook que los sandinistas eran responsables de las muertes. “Hoy los asesinos sandinistas celebran que terminaron con la vida de mi padre y mi hermanito mayor… los héroes de mi vida; pero lo que dan es lástima, porque lo único que ganaron es el pasaje al infierno por tantas vidas que llevan ya en su lista”, aseguró la mujer.
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En Trojes también fue asesinado el jinotegano Francisco Sobalvarro, quien huyó del país por las amenazas que recibía en El Cuá, donde vivía. Era un excontra y aunque no estuvo involucrado en las protestas de abril era un reconocido opositor.
Inseguridad en aumento
Para Cuadra, el incremento de estos casos y la violencia e inseguridad que se está registrando en el país “son una consecuencia directa de la crisis por varias razones: porque la Policía ha dejado de atender sus funciones y misiones ordinarias para dedicarse a las acciones de represión”.
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Asimismo la investigadora señala que “el gobierno ha alentado y facilitado la confirmación, actuación y la impunidad de los grupos paramilitares integrados por simpatizantes fanatizados y porque hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresiones a líderes sociales, especialmente prisioneros políticos excarcelados y aquellos que están en las zonas rurales”.
El destino de las armas
Cuando inició la represión en abril de 2018, simpatizantes del FSLN, exmilitares, entre otros, fueron armados para reprimir a los manifestantes que se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según reveló Brian Castner, asesor sénior y experto en armas y municiones del equipo de crisis de Amnistía Internacional (AI), el régimen usó al menos siete tipos de armas para la represión, además de las armas con la que cuenta la Policía.
A un año de la crisis, los pobladores han denunciado la presencia de sujetos fuertemente armados en diferentes partes del país. En diciembre pasado, un bus de transporte colectivo de la ruta Bonanza – Managua fue secuestrado por un grupo de delincuentes vestidos de verde, con pasamontañas, armados con fusiles AK-47 y pistolas, confirmaron los pasajeros del bus.
“Lo que vivimos fue algo muy terrible. Las mujeres y los hombres que veníamos nos hicieron cosas muy feas, nos quitaron los teléfonos y el dinero y nos manosearon a como ellos quisieron, hubo disparos al aire hubo llanto y tragedia”, dijo Elízabeth Cortez, una de las pasajeras.
El caso más reciente ocurrió el pasado 11 de julio. El preso político excarcelado José Alejandro Martínez Vásquez fue baleado a una cuadra de su casa en Wiwilí, supuestamente por un expolicía que ahora es paramilitar, según señalaron familiares.