La represión desatada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense desde el 19 de abril de 2018 llegó a una inédita y brutal sexta etapa, según investigación de la socióloga e investigadora Elvira Cuadra.
Los actores de tal política de Estado represiva son fuerzas policiales, grupos de choque simpatizantes del gobierno y grupos paramilitares conformados por exmilitares, expolicías, militantes históricos del Frente Sandinista y la fanatizada Juventud Sandinista del régimen.
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“Entre abril de 2018 y julio de 2019, se pueden identificar al menos seis fases diferentes de represión que están caracterizadas por la forma de actuación de las fuerzas represivas y sus consecuencias. El objetivo ha sido el mismo en todas las fases: eliminar e impedir las protestas y al movimiento cívico”, revela la investigación.
Primera fase de represión
“La primera fase se produjo en las primeras semanas de abril, 2018, y en ella participaron principalmente las fuerzas policiales y los llamados grupos de choque del gobierno, conformados por jóvenes policías encubiertos o jóvenes en situación de riesgo. En ese momento el objetivo era impedir las protestas y el tipo de actuación que se les dio fue similar a la de movilizaciones y protestas anteriores”, dice Cuadra.
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Sin embargo, cuando la dimensión de las marchas y protestas creció en todo el país, la Policía se vio rápidamente rebasada en sus capacidades aun cuando utilizó fuerza letal desde el inicio, precisa la investigación.
“Eso obligó al gobierno a redefinir su estrategia de represión y reorganizar sus fuerzas, mientras en el país se produjeron dos de las primeras y masivas marchas realizadas en el país: la del 23 de abril convocada por la empresa privada y el 28 de abril convocada por la Iglesia católica”, de acuerdo con el documento, que servirá de insumo a organizaciones internacionales de derechos humanos que dan seguimiento al brutal desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua.
Segunda fase: organizar paramilitares
“La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas, actuando de manera errática tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas en todo el país. Esta fue una fase muy corta en la que las fuerzas policiales y los grupos de choque fueron ampliamente rebasados por el nivel de movilización social”, reza el documento “Las modalidades de la represión en Nicaragua”.
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“El gobierno decidió utilizar a los grupos paramilitares que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo, 2018, utilizando un nivel de fuerza y violencia mucho más alto y letal que en las semanas anteriores. La marcha del 30 de mayo en Managua fue el punto culminante de las acciones de represión de ese período y marca un punto de inflexión para la siguiente fase”, expresa el documento.
Ese día en Managua se realizó la más gigantesca marcha realizada jamás en Nicaragua, y otras en todo el país, pero fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 19 personas e hirieron a unas doscientas a balazos, actos considerados en la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como crímenes de lesa humanidad.
Tercera fase: “operación limpieza”
De acuerdo con el estudio, la tercera fase de represión consistió en la llamada “operación limpieza” realizada por fuerzas de la Policía y grupos paramilitares en todos los tranques y las barricadas de defensa civil que la población habría alzado ante los ataques armados de policías y paramilitares.
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“Consistió en la realización de ataques armados cuasi militares en contra de tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país, eliminación de barricadas y focos de resistencia cívica en varias ciudades como Masaya, el departamento de Carazo, Jinotega y otras, así como el ataque al recinto universitario de la UNAN-Managua ocupado por estudiantes y jóvenes. La “Operación Limpieza” incluyó también ataques armados a varias marchas y se extendió entre los meses de julio y septiembre, 2018”, ilustra la investigación.
Cuarta fase: secuestros, persecución, cierre de medios y prohibición total de marchas
En la cuarta fase de represión “se intensificaron los apresamientos selectivos a líderes del movimiento cívico, la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación y la prohibición total a la realización de marchas. Las acciones de represión fueron realizadas por fuerzas policiales y paramilitares. Esta fase se extendió entre los meses de octubre, 2018 y enero, 2019”.
Quinta fase: Asedio y secuestros selectivos
Las características de la quinta fase de represión fueron el asedio, la vigilancia, el acoso e intimidación, así como los secuestros selectivos realizados principalmente por la Policía y estructuras partidarias del régimen en las comunidades, a las que la población llama despectivamente “Sapos”.
Sexta fase: Ejecuciones selectivas
Desde el último trimestre de 2018 a la fecha, según la reveladora investigación de la socióloga, al menos 29 personas han sido asesinadas mediante la macabra política de “ejecuciones selectivas”, sin incluir la masacre en León, donde la Policía asesinó a un joven manifestante en su casa e hirió a dos hombres más de la misma familia, ni el asesinato a disparos de dos campesinos de Nueva Segovia acribillados este 19 de julio de 2019.
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“Desde el último trimestre de 2018, es posible observar un incremento de asesinatos en las zonas rurales del país, una buena parte de ellos tienen como víctimas a líderes sociales y políticos vinculados con el movimiento cívico o partidos políticos de oposición”, asevera Cuadra.
“Entre octubre de 2018 y el 15 de julio de 2019 se reportan 29 casos en medios de comunicación. De ellos, al menos 28 personas fueron asesinadas con armas de fuego y en 20 de los casos participaron grupos de dos o más personas como victimarios”, dice la investigación.
Características de la sexta etapa de represión
Entre las características más destacadas de la sexta etapa de represión están:
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1. Amplios despliegues policiales en ciudades y centros urbanos importantes, para evitar actividades cívicas de protesta como piquetes exprés y marchas.
2. Secuestros realizados por policías a excarcelados y ciudadanos sospechosos de participar en actividades cívicas. Los secuestrados por la Policía generalmente son liberados el mismo día o pocos días después.
3. Vigilancia, asedio, hostigamiento y amenazas constantes a excarcelados por parte de la Policía y grupos paramilitares.
4. Reorganización de grupos paramilitares en varias ciudades del país. Se mantiene estructura con participación mayoritaria de exmilitares, expolicías y militantes fanatizados seleccionados cuidadosamente por sus niveles de lealtad. Se han dedicado a realizar secuestros y desapariciones forzadas de líderes sociales, ataques simulando robos, intimidación con armas de guerra y vigilancia.
5. Actuación de grupos paramilitares en las zonas rurales con complacencia de la Policía e impunidad. Realizan secuestros y ejecuciones selectivas de líderes sociales.
6. Participación de grupos paramilitares en delitos como robos, asaltos y otras acciones que aparentemente se relacionan con delitos comunes, pero que en realidad buscan generar un estado de inseguridad y temor entre la población.