La Alianza Cívica y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentaron este martes un protocolo que pretende documentar los abusos contra la libertad de expresión, periodistas y medios de comunicación en Nicaragua.
El protocolo, según explicó Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, pretende dar vida al acuerdo sobre derechos y garantías logrado el pasado 29 de marzo en las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega, pero que aún no se ha cumplido.
“Las garantías ciudadanas es uno de los dos acuerdos que se lograron en la mesa y que en principio deben de cumplirse”, explicó Arana, quien además dijo que el derecho a informar no puede estar siendo objeto de censura.
Libertad de expresión no debería ser objeto de negociación
Cristiana Chamorro, en representación de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dijo que la organización fue invitada por la Alianza Cívica para colaborar en el protocolo sobre libertad de expresión, que ha sido criminalizada por el régimen de Daniel Ortega.
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“La libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano que no debería ser objeto de negociación. Además, es un derecho ganado y porque el periodismo nicaragüense es uno de los mejores del mundo”, sostuvo Chamorro.
Además explicó que lo que se quiere con el protocolo es que establezca una práctica de todas las acciones que deben tomarse para el restablecimiento de la libertad de expresión.
“En la Fundación hemos venido monitoreando esta crisis y tenemos contabilizados mil ochenta casos de violaciones a la libertad de expresión, entre ellos un periodista asesinado, Ángel Gahona, cinco periodistas excarcelados, 90 periodistas en el exilio y además las violaciones que incluyen persecución, intimidación a sus familias; también la retención a materia prima a medios de comunicación como a LA PRENSA y El Nuevo Diario, otro abuso del Estado para intimidar a la libertad de expresión”, denunció Chamorro.
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El constitucionalista y también miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, dijo que el protocolo pretende documentar todas las violaciones a la libertad de expresión que han sufrido medios de comunicación y periodistas.
“El fin es ese, documentar a periodistas y afectados para que se les puedan regresar sus bienes o de lo contrario que el Estado los indemnice”, sostuvo Pallais.
“La libertad de expresión también ha sido criminalizada en Nicaragua y este protocolo pretende identificar a los periodistas que han sido víctimas, así también las afectaciones a los medios de comunicación. Es un protocolo en desarrollo”, sostuvo Pallais.