La Corte Interamericana de Derechos (CIDH) enfatizó este martes su preocupación por la decisión del régimen de Daniel Ortega de no continuar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y “la falta de voluntad para alcanzar el restablecimiento efectivo de los derechos y garantías fundamentales restringidas en el contexto del estado policial y de grave deterioro institucional que se mantiene en el país”.
A través de un comunicado, la CIDH instó al régimen orteguista “a cumplir con sus obligaciones de garantía y respeto de los derechos humanos de las y los nicaragüenses, así como a cesar la represión”. El pasado 30 de julio, el régimen informó al Vaticano que daba por terminada las negociaciones, confirmó a LA PRENSA, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag. Sin embargo, la Alianza Cívica no fue notificada de dicha decisión y se presentó a las instalaciones del Incae para reanudar las mismas.
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Este es el segundo intento de diálogo que se realiza en Nicaragua debido a la crisis sociopolítica que surgió tras el estallido de la crisis en abril de 2018, el primero se realizó en mayo de 2018. El dictador Daniel Ortega dio por finalizada las negociaciones durante su discurso del 19 de julio del año pasado y del 2019, acusando a la Conferencia Episcopal de Nicaragua de golpistas y asegurando que las reformas electorales las realizaría con partidos políticos, respectivamente.
Persisten violaciones de derechos humanos
Además la CIDH hizo un llamado al régimen a “cesar los actos violatorios a los derechos humanos que se siguen dando en el país” e instó a la comunidad internacional a “tener presente la persistencia de la represión estatal y el cierre de los espacios democráticos, en Nicaragua siguen existiendo víctimas fatales, así como personas detenidas y perseguidas por manifestar sus opiniones e intentar protestar. El llamado a cesar la represión es necesario y urgente”.
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La CIDH hizo referencia a la situación que se vivió en el mes de julio en Nicaragua respecto a la “persistencia de los patrones de la represión estatal como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación independientes, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales”.
También denunció “la continuación de actos de hostigamiento policial en contra de quienes realizaron eventos en memoria de las personas asesinadas durante la operación limpieza; la negativa de la Policía Nacional para autorizar la marcha en conmemoración del día del estudiante; y la represión contra quienes intentaron manifestarse el día 25 de julio”.
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Asimismo, la CIDH denunció la intensificación de la vigilancia, seguimiento policial y hostigamientos de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense debido la continuación de la criminalización selectiva, la persistencia de un patrón de violaciones a las garantías del debido proceso y a la manipulación del derecho penal.