El régimen de Daniel Ortega nombró a la diputada sandinista Rosa Adelina Barahona Castro como la nueva ministra de Defensa, en reemplazo de Martha Elena Ruiz Sevilla.
Según el Acuerdo Presidencial 127-2019, publicado este miércoles en La Gaceta, diario oficial, Ruiz fue trasladada al cargo de Secretaria Adjunta de la Secretaria Privada para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República y en consecuencia se dejó sin efecto su nombramiento en el cargo de ministra de Defensa. Según el Acuerdo, Ruiz había sido ministra desde 2017.
La diputada Barahona fue nombrada en el cargo por el Acuerdo Presidencial 128-2019, según la misma publicación del miércoles 21 de agosto.
Según el sitio web de la Asamblea Nacional, Barahona es diputada de la circunscripción Matagalpa, de profesión psicóloga. Su suplente es el diputado sandinista Ramiro Enrique Blandón Vasconcelos.
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Como todas las instituciones del Estado de Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega desde 2007, el Ministerio de Defensa es una órgano sin independencia, que responde a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El régimen de Ortega se caracteriza por nombrar en cargos de poder, o al frente de ministerios, a personas leales a él y a su esposa Rosario Murillo, que no lo cuestionen y que siguan sus órdenes ciegamente.
Además, el Ministerio de Defensa es una de las instituciones que en la primera mitad del año recibió un aumento de presupuesto en el gasto de la planilla, según revela el informe de ejecución presupuestaria hasta junio.
Según el reporte, en la primera mitad del año para mantener funcionando el aparato represivo el régimen se gastó en planilla 2,834 millones de córdobas repartidos entre la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Defensa, que en su conjunto absorbieron el 22.6 por ciento del total de lo que costó la burocracia estatal.
Desde abril de 2018, Ortega usa a la Policía como brazo armado contra las protestas civiles que demandan su salida del poder. Más de 325 personas han muerto desde el 19 de abril de 2018 por la represión policial, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).