La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), concluyó su informe final sobre la violación de derechos humanos que comete a diario y desde abril de 2018 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe será presentado el 10 de septiembre en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, y concluye que la dictadura de Daniel Ortega sigue violando los derechos humanos y “refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado”.
Para solucionar la crisis, Bachelet en su informe propone a la dictadura Ortega-Murillo 14 recomendaciones ordenadas alfabéticamente de la A a la N:
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Ocho llamados al Estado de Nicaragua
A: Reanude urgentemente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019;
B: Garantice el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; y condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno, entre otros;
C: Restablezca urgentemente la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes, documentos y equipos incautados;
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D: Con el apoyo de la OACNUDH y su cooperación técnica, así como con la asistencia de las instituciones regionales de derechos humanos, establezca un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas que sea inclusivo, se centre en las víctimas, y contemple lo siguiente:
(i) Investigación y enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018, especialmente las violaciones graves de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual, en particular mediante la creación de una Unidad Especial dentro del Ministerio Público;
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(ii) Consultas participativas e inclusivas para la reforma del sector judicial, incluida la renovación de cargos en consonancia con las normas internacionales, tales como los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y las Directrices sobre la Función de los Fiscales;
(iii) Previa consulta con asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas, la elaboración y aplicación de un conjunto de medidas de amplio alcance que garanticen el acceso a la justicia y la reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018, incluida la abrogación de las Leyes 994 y 996;
(iv) Desarticulación y desarme de los elementos armados progubernamentales y reforma general del sector de la seguridad, incluida la investigación de antecedentes en materia de violaciones de derechos humanos, la supervisión y el control civil, y la revisión de la Ley 872 de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos.
E: Adopte medidas inmediatas para poner fin y prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos en custodia, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento; lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces de toda denuncia de tortura y malos tratos, así como de los hechos violentos subsiguientes a la protesta dentro de la cárcel La Modelo el 16 de mayo de 2019; lleve a los autores ante la justicia y garantice la reparación a las víctimas;
F: Ponga fin a las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas con el Gobierno;
G: Modifique la legislación penal para garantizar su plena compatibilidad con las normas y estándares internacionales; en particular, para garantizar que toda privación de libertad sea ordenada por una autoridad judicial, que la detención preventiva se imponga sólo si se considera necesaria y proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias personales del imputado, y que las órdenes de arresto, incautación y registro sean emitidas por una autoridad judicial antes de su ejecución;
H: Asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.
La Alta Comisionada hace dos llamados a la PDDH
I: Cumpla plenamente su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, de conformidad con los Principios de París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de promover y proteger de forma efectiva e independiente los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua;
J: Solicite la cooperación de la OACNUDH, la Alianza Mundial de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y el Subcomité para la Prevención de la Tortura, para enfrentar las cuestiones que provocaron su descenso de categoría y reforzar su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.
Cuatro recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional
K: Inste a Nicaragua a que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sus promesas y compromisos voluntarios, en particular mediante la programación de visitas de los Procedimientos Especiales, en consonancia con la invitación abierta cursada el 26 de abril de 2006;
L: Inste a Nicaragua a que reanude cuanto antes la cooperación con la OACNUDH y los mecanismos regionales de derechos humanos, y a que les permita el acceso al país;
M: Reafirme el compromiso de la comunidad internacional de apoyo a Nicaragua para encontrar una solución a la crisis sociopolítica a la que se enfrenta, incluyendo gestiones para establecer un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas;
N: Solicite a la OACNUDH que fortalezca el monitoreo, la documentación, el análisis y los informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, fundamentalmente como contribución para garantizar la rendición de cuentas, y para apoyar el Estado de Derecho y las reformas del sector de la seguridad.