Trece ciudadanos opositores al régimen de Daniel Ortega fueron acusados este lunes por el delito de “tráfico de armas”, dos días después de que fueran secuestrados en Masaya por la Policía Orteguista por haber entregado víveres a las madres de presos políticos que mantienen una huelga de hambre.
Los opositores al régimen son activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); y, según sus familiares, se han mantenido firmes en la lucha cívica que inició en abril de 2018.
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