La organización opositora Alianza Cívica presentó este viernes su primer balance anual 2019, desde su nacimiento el 16 de mayo de 2018, en el primer intento de dialogo nacional.
En el informe anual de la Alianza Cívica, leído por su director ejecutivo Juan Sebastián Chamorro, sobresale el apoyo de la comunidad internacional y su respaldo a una salida pacífica a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles.
Los directivos de la Alianza Cívica valoraron que en este momento la Organización de Estados Americanos (OEA) está a punto de aplicar la medida más extrema contra el Estado de Nicaragua y se espera la aplicación de sanciones de parte de la Unión Europea (UE).
Chamorro señaló que las posibles sanciones de parte del Parlamento de la UE estarán dirigidas a funcionarios orteguistas corruptos y violadores de derechos humanos.
“La información que tenemos de parte de la política europea es de que en este momento se van a concentrar principalmente en las sanciones a funcionarios que han cometido actos de violación de derechos humanos, ilícitos y actos de corrupción. Es decir que deberíamos esperar que las acciones que se vengan a dar por parte de Europa en el comienzo de 2020 estén asociadas al tema de las sanciones a individuos”, dijo Chamorro.
También explicó que aunque la resolución sobre Nicaragua, aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, contempla la suspensión del país del Acuerdo de Asociación, esto sería parte de una medida extrema y que implica un proceso más amplio y complejo.
El político opositor reconoció que la suspensión del Acuerdo de Asociación significaría “un enorme costo económico para las empresas que están exportando a ese mercado y (también una afectación) a sus trabajadores”, pero insistió en que la UE se está concentrando en sanciones individuales en este momento.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica, destacó los pasos que establece la resolución de la UE, entre estos la visita de una misión de parlamentarios europeos, que sería lo más próximo, antes de aplicar sanciones.
“Lo primero que establece la resolución es la visita de los parlamentarios (europeos). Creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días: esa solicitud formal del Parlamento Europeo hacia el gobierno de Nicaragua, para que ya en enero puedan venir los parlamentarios”.
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Por su parte, José Pallais, también miembro de la Alianza, manifestó que la convocatoria a una sesión extraordinaria de cancilleres de los Estados miembros de la OEA, para tomar una decisión sobre la ruptura del orden democrático en Nicaragua, sería la última carta que tiene este organismo para presionar al régimen de Ortega a buscar una salida negociada a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles.
Para el economista y sociólogo, Cirilo Otero, las consecuencias de que Nicaragua sea expulsada del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, tendría aspectos gravísimos para Nicaragua.
“El primer impacto es que nadie de Europa haría transacciones, ni compra ni venta de bienes y servicios con Nicaragua. De modo que de los 25 país que componen a la Unión Europea, ninguno de ellos haría importaciones ni exportaciones hacia Nicaragua”, dijo el sociólogo.
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De acuerdo a Otero, si bien es cierto que Nicaragua no exporta grandes cantidades de sus productos hacia Europa, el país al ser expulsado del tratado comercial con la comunidad europea ya no recibiría tampoco recursos de cooperación.
Particularmente Estados Unidos lidera las sanciones contra los funcionarios orteguistas. Ha sancionada a 15 personas, entre funcionarios y familiares de Ortega, y cinco empresas.