En el silencio de Bosawas es posible percibir el grito de una persona o el ladrido de un perro desde lugares distantes. Si alguien quisiera averiguar el origen del sonido tendría que caminar durante diez o quince minutos hasta localizarlo o, bien, quedarse muy quieto y afinar el oído. Eso hicieron las tres mujeres que pescaban en el río Kikulang la tarde del pasado 29 de enero, cuando escucharon pasos que se acercaban corriendo.
Primero pensaron que alguien venía dando voz de alarma, como suele hacerse en esas tierras cuando una persona tiene un encuentro desafortunado con una serpiente venenosa. Pero poco después vieron aparecer a un joven jadeante que no podía articular palabra; seguido de otro muchacho, herido de bala. Detrás de ellos corría un tercer joven, que gritó desde largo:
—¡Mataron a mi papa!
El que iba adelante era Centeno Indalecio y el herido, Marcony Jarquín. El último muchacho era Becker, hijo del mejor pescador de la comunidad de Alal: Juan Emilio Devis Gutiérrez. Venían huyendo desde el río Kun Kun, situado a hora y media de camino del río Kikulang, y se dirigían al caserío para alertar al resto de sus habitantes. Tenían que avisarles que los colonos armados estaban atacando.
A lo largo del día anterior y la mañana del propio 29, una docena de hombres había partido de Alal para pescar en el río Kun Kun y cazar guardatinajas y venados en el cerro de Waktah. Su misión era conseguir carne para que la iglesia la vendiera el 30 de enero, en el día de acción de gracias, relata un líder de la comunidad que ha solicitado se omita su nombre. Tiene miedo de que algún colono pueda reconocerlo.
Hace algunos años, antes de 2015, para los habitantes de esta comunidad mayangna todavía era posible irse de caza o de pesca durante tres o cuatro días sin despertar preocupaciones entre los suyos. “Ahora no”, dice el líder indígena. “Ahora no se puede ni salir de la casa. Pasando el río Kaska (que atraviesa la comunidad), ya es peligroso”.
Desde que los ataques de colonos empezaron a multiplicarse en el territorio indígena al que pertenece Alal, los comunitarios adquirieron la costumbre de regresar temprano de sus parcelas y de avisar con exactitud a dónde iban y cuándo volverían.
Los que partieron el 28 de enero dijeron que iban a volver al día siguiente, pero no regresaron.
La “guerra” silenciosa
El territorio Mayangna Sauni As o territorio uno, se encuentra en el corazón de la reserva Bosawas, a 25 kilómetros de Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Se extiende por alrededor de 2,000 kilómetros cuadrados y tiene una población aproximada de 7,000 personas. La comunidad de Alal es una de las 23 que conforman este territorio y se halla “en la orilla de la Reserva”.
Después de Alal solo hay montaña, “hasta tres días de montaña” antes de llegar a otra comunidad. Caminando siempre derecho, es posible perderse y nunca más salir de ahí. Las comunidades más cercanas se encuentran a varias horas de distancia y la tierra es surcada por numerosos ríos y cauces naturales. En esa vastedad se vive desde hace muchos años una “guerra” desigual entre indígenas e invasores colonos, un drama que afecta a casi todos los pueblos indígenas y afrodescendientes asentados en los 23 territorios que les pertenecen ancestral y legalmente.
Con todo, en Alal nunca habían sufrido un ataque directo. En 2017 la vecina comunidad de Wilu fue agredida por colonos armados y en 2019, también las de Suniwas y Betlehem, aunque en ninguno de los ataques hubo muertos.
Olvidados por todas las instituciones del Estado, los indígenas han mantenido su propio patrullaje, armados con artesanales arpones y uno que otro rifle de cacería, para descubrir a tiempo la presencia de “terceros” que llegan a ocupar por la fuerza la tierra de la reserva. Pero nada de eso sirvió el 29 de enero.
Los primeros en salir fueron Marcony Jarquín, Centeno Indalecio y Arly Samuel Gutiérrez. Se fueron la mañana del 28 de enero, rumbo al río Kun Kun, ubicado a dos horas y media de camino desde la comunidad. Poco después Amaru Rener Hernández y Cristino López Ortiz siguieron sus pasos. Y más tarde, ese mismo día, un grupo de señores partió a cazar a la montaña, más arriba del Kun Kun.
Entre estos últimos estaban Víctor Díaz, Tránsito Meza Bruno, Econías Miguel, Carlos Bruno y Navarro Miguel. Todos guardabosques, encargados de patrullar las parcelas que los habitantes de la comunidad trabajan cerca del río Kaska.
Al siguiente día, en la mañana del 29, Juan Emilio Devis Gutiérrez y su hijo Becker también fueron al Kun Kun con el propósito de colaborar en la colecta para el día de acción de gracias. Después de todo, en Alal nadie pescaba mejor que Juan, de 40 años. Era sabido que cuando él iba con su arpón, a bucear en el río, traía suficiente pescado para abastecer a buena parte de la comunidad. Además, era guardabosques y uno de los más preocupados por el destructivo avance de los colonos en la Reserva.
Como él, los otros indígenas que salieron a pescar y a cazar, eran de los que no rechistaban cuando en la iglesia mencionaban sus nombres para encomendarles alguna tarea.
Arly Samuel, de 19 años, y Amaru Rener, de 24, trabajaban en las parcelas de lunes a viernes y los sábados estudiaban la secundaria. Cristino, de 25 años, también sembraba la tierra y los viernes viajaba a Bonanza, más de cuatro horas a pie y más de dos horas en bus, para asistir a la universidad. Estaba por empezar su tercer año de Lengua y Literatura.
A las 4:00 de la tarde de ese miércoles trágico ninguno había regresado a Alal y los comunitarios empezaron a preocuparse de verdad.
Un grito en la selva
“¡Mataron a mi papa!”, gritó el hijo de Juan Emilio Devis. Y las mujeres que estaban pescando en Kikulang empezaron a correr junto con los tres muchachos que venían del río Kun Kun. Al llegar a Alal, Centeno Indalecio y Marcony Jarquín alertaron a la gente y los líderes comunitarios se encargaron de regar la voz: “¡Están atacando a la comunidad!”
“A las mujeres y a los niños les dijeron que salieran primero”, relata un líder indígena. “Salieron sin agarrar ropa, sin agarrar nada. Mi mamá es enfermera y se puso a atender las heridas de Marcony, solo terminó de hacer eso y a los cinco minutos los armados atacaron la comunidad”.
En pocos minutos casi todos los cerca de 500 habitantes de la comunidad abandonaron sus casas y se echaron al monte para refugiarse en poblados vecinos, sobre todo en Musawas, la capital del territorio, ubicada a dos horas de distancia.
Alal quedó vacío. Y a eso de las 5:20 de la tarde unos ochenta hombres armados cargaron contra el caserío; incendiaron 16 viviendas, incluyendo la casa pastoral; dañaron la iglesia, la escuela y el puesto de salud; quemaron la merienda escolar y mataron a todas las vacas que encontraron: alrededor de veinte.
También hirieron a un joven llamado Will Fernández, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, pero todavía tuvo fuerzas para ir a esconderse al monte, donde pasó toda la madrugada.
Al amanecer del 30 de enero los atacantes ya se habían marchado y el sol iluminó la escena de las casitas de madera reducidas a escombros y cenizas. Algunos habitantes de Alal volvieron para confirmar el desastre y empezaron a buscar a los desaparecidos.
A Will lo hallaron en el monte. No hablaba, no miraba, apenas respiraba, pero estaba vivo. Era más preocupante el “olor a muerto” que comenzaba a percibirse en el aire, porque no era el hedor de las vacas; provenía de un cauce en la ribera del Kaska. Ahí estaba el cuerpo de Juan Emilio, todavía vestido con la ropa que él usaba para ir a pescar. Un pantalón color crema, raído y roto; botas de hule y una vieja camiseta gris con la leyenda de “Las Vegas”.
El pescador se hallaba boca arriba, cubierto por algunas hojas que cayeron de los árboles en la madrugada. Tenía las manos atadas en la espalda, la cabeza con señales de haber sido golpeada con palas, varios impactos de bala y hay quienes aseguran que, al quitarle las botas, descubrieron que le habían cortado los dedos.
Becker se equivocó cuando, al huir del río, dio por muerto a su padre. Los invasores lo habían traído vivo desde Kun Kun para matarlo en la propia comunidad de Alal.
Otros tres muertos
De todos los hombres que la tarde del 29 no regresaron a casa, cuatro estaban muertos. El día 30 dieron por desaparecidos a los que habían ido a cazar a la montaña y sus nombres se mencionaron en las primeras denuncias emitidas por los líderes de Alal. Sin embargo, esa misma tarde se supo que, metidos en el monte, los cazadores ni siquiera se enteraron del ataque de los colonos, porque el sonido del río ahogó el de los disparos.
Fueron ellos, precisamente, los que encontraron los cuerpos de Cristino y Amaru a orillas del Kun Kun, cuando bajaron de la montaña, la tarde del jueves 30 de enero. Avistaron desde lejos a dos hombres que parecían dormidos y al comienzo se alarmaron, creyéndolos colonos; pero al ver que no se movían fueron a ver qué pasaba. Ahí reconocieron a los dos muchachos.
Cristino y Amaru fueron sepultados la mañana del viernes 31 de enero, en el pequeño cementerio que está ubicado a 300 metros de la iglesia. La tarde anterior los comunitarios dieron sepultura a Juan Emilio y a Arly Samuel, a quien encontraron en el camino del Kun Kun al Kikulang. Las balas lo alcanzaron cuando iba corriendo y luego los atacantes lo hirieron hasta casi cercenarle la cabeza.
Ese viernes, cuando ya los muertos de Alal estaban bajo tierra, la Policía emitió un comunicado afirmando que en la zona no había indicios de personas fallecidas. Fue hasta el sábado, tres días después de la masacre y ante la abrumadora evidencia que ya circulaba en redes sociales, que la institución se vio obligada a reconocer el asesinato de los cuatro indígenas mayangnas.
La vida en la comunidad, sin embargo, no ha regresado a la normalidad. Y tal vez nunca lo haga, mientras persista el conflicto con los colonos que invaden territorios indígenas. Por el momento, los comunitarios ni siquiera han terminado de regresar y los que volvieron no tienen qué comer, porque temen a lo que les puede pasar si van más allá del río Kaska.
Hace poco más de un mes Cristino recibió una medalla por ser el mejor arquero en la liga de futbol del territorio Mayangna Sauni As y hace menos de dos semanas se preparaba para iniciar un nuevo año de clases en la universidad. Ahora está muerto y se teme que nadie pague por eso.
De 2015 a la fecha, al menos cuarenta indígenas han sido asesinados por resistirse a la ocupación ilegal de sus tierras, afirma Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan). El total de esos casos ha quedado en la impunidad.
“Ninguno ha sido investigado, no hay ningún autor material o intelectual sancionado o condenado, y esa impunidad viene a promover más esa invasión”, sostiene.
Para los indígenas que han perdido a amigos y parientes a manos de colonos, el sentimiento de injusticia y vulnerabilidad es aún mayor. “Nos están violando la ley”, dice uno de ellos. “Si yo miro un caballo muerto en la calle, le hago una foto, la subo a internet, su vida tiene valor. Pero nosotros es como que no somos nada… Como que no valemos nada”.
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Impacto social de la invasión de los colonos
El problema de la invasión de los colonos es de vieja data. No ha sido resuelto por ningún gobierno y en los últimos años ha empeorado exponencialmente. Se trata de miles de personas que invaden tierras que por ley pertenecen a los pueblos indígenas y afrodescendientes, un territorio que comprende alrededor del 54 por ciento de la Costa Caribe.
Hay de todo tipo de colonos: desde los campesinos que son engañados por vendedores de tierra ajena hasta exmilitares y grandes terratenientes que se han apropiado de “fincas” de hasta 10 mil manzanas. Se trata de gente que aparece con títulos firmados por cualquiera.
Existen 23 territorios indígenas, dentro de los cuales hay 304 comunidades y 270 de ellas viven “en zozobra, temor y crisis”, amenazadas con mayor o menor violencia, “bajo intimidación, hostigamiento y esa masiva invasión ilegal a su territorio”, señala Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Doce de esas comunidades tienen medidas de protección de la CIDH, “pero desde 2015, en ningún momento las autoridades del Estado han demostrado voluntad para implementar esas medidas para proteger la vida y el territorio de los indígenas”.
Para Cunningham no hay duda de que la tragedia que viven los pueblos indígenas del Caribe es responsabilidad directa del Estado. “Las autoridades del Estado han sido cómplices, porque no han realizado acciones completas para mitigar la amenaza, intimidación y hostigamiento que viven las comunidades. El Gobierno ha demostrado que ha apoyado de forma clientelar a los colonos, muchos de ellos exmilitares, porque están armados. Ahorita la mayoría de las comunidades indígenas están en alerta, no duermen. Viven vigilando para no ser atacadas”, sostiene.
Solo en esas doce comunidades beneficiadas con medidas de protección, más de mil personas han sido desplazadas de sus tierras de cultivo y más de 600, de sus comunidades. Se han perdido 32,330 hectáreas de parcelas. Y si pudiera censarse el resto de las 270 comunidades amenazadas, los resultados serían abrumadores.
Las personas que se han quedado en sus comunidades, están “muriéndose de hambre”, sobreviviendo con guineos que crecen en el monte. Las que se han ido, han tenido que “rebuscárselas” en ciudades como Waspam, Puerto Cabezas y Bonanza o en comunidades de mayor población. Algunos indígenas han migrado a Costa Rica y Panamá, y muchos a Honduras.
Las mujeres se colocan como empleadas domésticas mal pagadas y los hombres han ido al mar a trabajar en buceo, pescando langosta y camarones, afirma Cunningham. Pero como no están acostumbrados a esa faena en alta mar, varios se han ahogado.
La tragedia de los indígenas ante el avance de los colonos, que buscan tierra para pastizales y monocultivos, madera preciosa y oro, es profunda. Su cara más visible y brutal es la de los asesinatos, pero de fondo hay un problema complejo que ninguna autoridad ha querido resolver, aunque, a menudo, incluso se conocen los nombres y los apellidos de los invasores.
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