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CONTENIDO EXCLUSIVO.Susana Marley Cunningham, socióloga y docente de profesión, ha dedicado casi dos décadas de sus 62 años de edad a defender y denunciar violaciones a los derechos de las comunidades miskitas del Caribe Norte de Nicaragua. Nació en Waspán e inició su trabajo humanitario luego del huracán Mitch desde comunidades aledañas al Río Coco, a través de la Fundación Civil para la Unidad y Reconstrucción de la Costa Atlántica (FURCA).
El trabajo de Marley ha dejado huella en la población miskita. Los niños a los que una vez enseñó y defendió le llaman “Mamá Grande”. Pero no solo el cariño ha ganado. También amenazas. En agosto de 2019 tuvo que dejar su natal Caribe Norte hacia una zona más urbana del pacífico por seguridad.
En esta entrevista, Marley denuncia el aumento de la violencia en el Caribe, el avance de las invasiones, la hambruna que pasan las comunidades, la zozobra de los niños al ir a las escuelas, la corrupción de los gobiernos comunales y el irrespeto a sus formas de organización y elección.
¿Cuándo comenzó a empeorar la situación de inseguridad para los indígenas, miskitos y afrodescendientes?
La situación de violencia y violación a los derechos humanos en carne propia la he sentido desde que iniciaron todas esas acciones de los años ochentas, con la famosa Navidad Roja, cuando se llevaban a nuestra gente o la asesinaban en el monte. Yo estuve a punto de morir durante esa llamada Navidad Roja, me formaron en una fila y, gracias a Dios que usó a uno de los militares, me salvé solo porque uno de ellos se hizo pasar por mi esposo y me sacó de ahí.
¿Quiénes iniciaron esa ola de violencia en los años ochenta?
El Ejército y la Policía sandinista. Nosotros empezamos a vivir en un ambiente de mucho temor, inseguridad y miedo. No se podía ir al campo solo, entonces, desde los años ochenta se ha empeorado en cuanto a la defensa de la vida. No se respeta la vida y nuestros derechos. Nos han tratado como si fuéramos animales que se deben cazar para ellos poder explotar la tierra, los minerales, los recursos de nuestros territorios.
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¿Qué consecuencias tuvieron en el Caribe de Nicaragua las protestas de abril 2018?
Nuestra resistencia ha sido histórica y siempre denunciamos que nos estaban matando, entonces, después de la situación que se desató en abril 2018 la gente empezó a comprender que lo mismo que nos hacían a nosotros lo estaban utilizando contra los jóvenes, que estaban desarmados, indefensos y los asesinaron y los siguen asesinando. En el Caribe no recetan cárcel, allá es solo plomo, pero la situación es bastante similar. Es una situación terrible, lamentable, que ha separado familias.
En las últimas semanas se han registrado varios actos de violencia contra familias indígenas ¿Cuál es la situación actual de las comunidades?
En diciembre y enero es para la preparación de la tierra para cosechar arroz y frijoles, pero no han sembrado para este año por la violencia e invasión que hay. La hambruna será una realidad ahora en nuestras comunidades. Estamos viviendo una crisis humanitaria. Las clases iniciaron y los niños van con temor. Están pendientes de la montaña porque ahora no se sabe cuándo descenderá un armado del monte. Los niños están “sicoseados” ante la inseguridad porque no es solo lo que pasó el pasado 16 de febrero, que hirieron a una niña. Entonces, ante esta situación, nosotros consideramos que vivimos una grave situación de inseguridad, no hay estabilidad económica, hay mucha pobreza y un irrespeto latente de nuestros derechos.
¿Cómo se dio ese ataque del 16 febrero, donde hirieron a una menor en la mejilla?
Ese domingo, a eso de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Santa Clara cerca de un lugar donde se encuentra crique del río de Santa Clara, la gente fue a bañarse y mientras venía la niña saliendo ahí resultó herida. No pudimos ver a los que dispararon y fue difícil lograr conseguir un medio para salir de la comunidad. La ambulancia se pidió desde las 5:00 de la tarde y llegó hasta a las 11:00 de la noche. Ellos (los paramilitares o colonos) parece que estaban vigilando a los que se bañaban, los estaban acechando y vale más que no le dieron a la niña en la cabeza, sino en la mejilla. No es justo que los niños también sean víctimas de este tipo de violaciones a derechos humanos. Los menores también sufren esta persecución.
¿Que tanto ha avanzado la invasión de colonos?
Demasiado. Quiero confiarle a usted que si algo me pasa yo responsabilizo a estos asesinos porque nosotros solo denunciamos y no tenemos armas de guerra. La situación está muy mal y en cada testimonio que escuchamos se puede notar ese temor, esa inseguridad. Hace poco, un campesino de la comunidad de Santa Clara que tuvo que salir de ese territorio me comentó que entre el territorio Wangki Twi Tasba Raya y Li Auhbra, que está a la orilla del río Coco -en medio de estos- está el cerro Mocó, donde hay docenas de colonos o paramilitares que crearon una comunidad que se llama Araguas. Tienen grandes extensiones de potreros y casas, entonces, el avance de invasión casi es innumerable.
¿Qué consecuencias tiene esta invasión de colonos en las comunidades?
La usurpación que hace esta gente a nuestras tierras ha provocado el desplazamiento de nuestra gente hacia el lado de Honduras. Nuestra gente está desplazada, inclusive, gente de la comunidad Santa Clara, ubicada en nuestro territorio Wangki Twi Tasba Raya, migraron del campo a la ciudad y otros se han desplazado hacia Waspam porque ya no pueden sembrar. A los líderes de Santa Clara y de otras comunidades aledañas del territorio Wangki Twi Tasba Raya han tenido que sufrir la muerte de sus líderes, entonces, el hambre y la inseguridad empujan el desplazamiento forzado de nuestros comunitarios.
¿Qué pasa con la justicia en estos casos de asesinatos de líderes?
Han quedado impunes. Nosotros cada vez que sucede este tipo de situaciones hemos querido denunciar, pero no tenemos ese apoyo o ese contacto para denunciar cada una de esas situaciones de violaciones a nuestros derechos humanos. Lo que nosotros estamos exigiendo es que respeten las leyes que nos amparan como la Ley 28, la Ley de Autonomía, pero esta gente está organizada y dispuesta a seguir causando daño.
Algunas de las comunidades que ha mencionado son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Considera que el Estado está acatando esas medidas?
No. El Estado no protege estas comunidades. El Estado debería cumplir íntegramente, pero no lo está haciendo. Recientemente, las comunidad de Santa Clara -una de las protegidas por medidas cautelares- recibió amenazas de colonos o paramilitares que les indican que son 200 hombres y que irán, quemarán las casas y van a asesinar y hemos visto como las amenazas se han venido cumpliendo.
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¿Cómo se ha portado el Ejército de Nicaragua con los pueblos indígenas miskitos?
No hay protección porque en los años atrás que han habido asesinatos atrozmente a campesinos e indígenas cerca de sus puestos no hacen nada. Ellos conocen y son cómplices directos de este tipo de violaciones y se llenan la boca diciendo que ellos protegen, pero en la práctica no cumplen nada.
¿Se sienten desprotegidos?
Sí. Nos han desprotegido totalmente. Las medidas cautelares no son cumplidas y todas las autoridades son cómplices de todo lo que nos está pasando. Las amenazas en la zona son constantes, los ataques igual y no hacen nada por detenerlos, entonces, la situación es muy tensa y la población indígena y afrodescendiente está desprotegida. Los robos de ganado, el secuestro de mujeres y la explotación laboral son una realidad en nuestras comunidades.
¿Esa desprotección ha sido en todos los gobiernos o es algo que se ha intensificado con el régimen de Daniel Ortega?
Nuestra lucha y nuestra resistencia es histórica. Es triste decirlo, pero cada gobierno que ha asumido en el país ve a nuestras tierras con fines de explotación. Eso es lo que nosotros hemos observado.
¿Cuántos ataques registran en lo que va del año?
La amenaza es permanente. Ellos (los paramilitares) dejan clavado en la penca de los árboles la amenaza a las comunidades. La zozobra es perenne. Solo este año el secuestro de dos niños pescadores de Santa Clara, el ataque a la comunidad de Alal y ahora este ataque a una adolescente.
¿Cuál es el sentir de estas comunidades que perennemente están amenazadas?
Hay mucha tensión. La gente está en zozobra luego que reciben las amenazas, pero están organizados. Los hombres han estado cuidando, pero me han informado que el gran problema es que ahora no pueden ir tranquilos a recoger las cosechas en el campo, me dicen que están pasando hambre. Algunos solo se mantienen con frutos o coco seco. Mucha gente ni siquiera puede dormir, los niños no tienen tranquilidad para estudiar. Desde los ochenta hasta la fecha nos siguen asesinando y se sigue intensificando, exigimos que paren de asesinarnos.
¿Y qué pasa con los consejos regionales? Estos también son parte de los gobiernos territoriales que deberían buscar políticas para proteger a los comunitarios
Viviendo en los territorios uno se da cuenta que el que está en la casa del Gobierno es del Gobierno, entonces, trabajan en estricta coordinación con el Gobierno y solo hace lo que se le ordena. No trabajan en favor de las comunidades.
¿Y los síndicos tienen la misma fama o velan por el bienestar de las comunidades?
Los síndicos comunales trabajan de la mano con los líderes comunales. El pueblo elige a sus síndicos y líderes, pero el problema es que paralelo a eso el oficialismo elige a sus síndicos, entonces, el Consejo Regional solo acredita a los síndicos que ellos eligen, pero el elegido por las comunidades, generalmente, no son acreditados igual que pasó en Kamla el año pasado. Solo para no acreditar al síndico elegido por el pueblo mandaron a golpear, herir y amenazar al pueblo. Las denuncias sobre estos casos se hicieron, pero como son de ellos mismos no hay justicia para los comunitarios que fueron víctimas de estos atropellos.
¿Cuál es el papel de un síndico? ¿Por qué el Gobierno lo ve como un obstáculo y prefiere no acreditarlo?
El síndico que queda es representante de las comunidades y puede coordinar la utilización de los recursos, siempre en consulta con las comunidades, pero ellos dejan sin voz ni voto al síndico elegido por las comunidades, entonces, solo el que es elegido por ellos es acreditado y presenta papeles como autoridad máxima. El fin, en realidad es que este síndico que ellos ponen haga, únicamente, lo que quiere el Gobierno y no lo que necesitan las comunidades. Por ejemplo, las grandes extensiones de tierra por las que entran y se toman los paramilitares son ellos los que les dan el pase para que se registren esas propiedades. Esa invasión y toma de tierras son ellos mismos los que lo hacen y es ahí donde los comunitarios llegan y reclaman sus tierras. Los síndicos que pone el orteguismo no tienen tierras, pero ellos mandan a ubicar a los invasores. Los funcionarios del Gobierno promueven la invasión en las comunidades.
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visto desde los años ochenta o es algo que también han promovido gobierno no sandinistas?
Esto (la invasión y violencia) inició con más fuerza desde 2009, aunque en los años ochenta hubo desplazamiento y masacre contra el pueblo miskito por la llamada Navidad Roja. En los años ochenta la gente buscó desplazarse hacia Honduras por la persecución, pero en el noventa -cuando fueron regresando por el cambio de Gobierno- hasta se encontraron tigres en las comunidades y poco a poco se fueron levantando las casas. En 2003 que aprobaron la Ley 445, que incluía la titulación, nosotros no valoramos que luego esos títulos serían usados por los políticos corruptos de nuestra región también, entonces, daban el título a personas que no eran comunitarios y negociaban nuestras tierras, además se aliaron con los síndicos y se aliaron para ir invadiendo poco a poco nuestras tierras.
A propósito del trabajo legislativo que hacen algunos en supuesta representación del Caribe ¿ustedes se sienten representados por estas personas que son funcionarios dentro de la Asamblea? ¿Impulsan proyectos para mejorar la situación de los pueblos indígenas, miskitos y afrodescendientes?
Años atrás, como en el 2016, la representación política corrupta de la región fue expulsado de la Asamblea por la venta ilegal de nuestras tierras indígenas, entonces ¿cómo es que regresó nuevamente a la Asamblea Nacional? Es real que son aliados, entonces, nosotros no sentimos que nos representan y con esto me refiero al partido Yatama. Ellos no pueden velar por liberar nuestros territorios de la invasión cuando son los mismos que han sido señalados de promover la invasión con la entrega de títulos a personas ajenas a los comunitarios. Si ellos fueron parte del problema nunca van a ser parte de la solución.
¿Cómo valoran el proceso de coalición que están trabajando miembros de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica?
Mirá, cuando se dio esta situación en el pacífico en abril 2018, muchos jóvenes dieron sus vidas para ver una Nicaragua libre y muchos políticos se metieron en un hoyo y ahora, por dinero y por darle oportunidad a este asesino, están uniéndose. Hay que ser realistas porque estos políticos viejos y corruptos no son oposición. No hay sinceridad, deben ser más sinceros, entonces, siento que hay mucha falsedad en esos políticos tradicionales. Nosotros como miskitos exigimos que haya transparencia, que haya unidad, que defiendan de verdad los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los jóvenes, de los estudiantes. Tienen que darle oportunidad a las nuevas generaciones porque los políticos corruptos son de avanzada edad, que vayan a descansar con sus millones, que dejen el camino libre a los jóvenes para que Nicaragua vuelva a ser libre y democrática. Si verdaderamente amamos a Nicaragua dejemos en las manos de los jóvenes a Nicaragua, para que esto se conduzca en paz.
Plano personal
-Susana Marly, conocida como “Mamá Grande”, nació el 24 de mayo de 1957 en la comunidad Cabo Gracias a Dios en Waspam, Caribe Norte.
-Se graduó como maestra en 1970 de la Escuela Normal de Waspam, pero gran parte de su niñez la vivió en la comunidad Santa Martha, ubicada cerca del río Wawa.
-La líder miskita también es socióloga. Culminó la carrera en 1997 en la Universidad Centroamericana (UCA).
-Es hija de Eduardo Marley (q.e.p.d.), conocido en Waspam como pastor moravo y uno de los primeros docentes de ese municipio, y de Benicia Cunningham, de 95 años, popular por ser una de las primeras parteras de su comunidad.
-“Mamá Grande” tuvo cinco hijos, pero a ninguno lo tuvo en un hospital. Sus partos fueron asistidos única y exclusivamente por su madre.
-En 1981, durante la llamada Navidad Roja, estuvo a punto de morir, pero asegura que su belleza y el favor de Dios la salvaron.