La dictadura de Daniel Ortega está encaminada a buscar la perpetuidad y para eso se han empecinado en crear una serie de leyes que amenazan derechos fundamentales.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez no deja de sorprenderse por estas medidas de los Ortega-Murillo. Él mismo reconoce que “tienen creatividad para reprimir”.
Álvarez es un apasionado del Derecho y ha seguido muy de cerca los últimos movimientos del régimen en ese sentido.
En esta entrevista asegura que le producen más preocupación las leyes de “ciberdelitos” y “agentes extranjeros”, que la aprobación de la cadena perpetua. También ofrece un análisis sobre cómo se ha venido destruyendo el sistema de justicia de Nicaragua durante los últimos 40 años y ofrece una solución a este enorme problema. Además, explica si un futuro gobierno podría juzgar a los Ortega-Murillo por los crímenes perpetrados contra los nicaragüenses.
Cuando aprobaron la ley de la cadena perpetua, mucha gente dijo que esa misma ley sería aplicada a Ortega.
Eso responde a cuestiones más emotivas. Un gobierno democrático después de Ortega lo que debe es crear un poder judicial independiente, crear leyes humanistas y razonables, que garanticen a todos los que son imputados de delitos el debido proceso. Si creemos ahorita que está mal y no es necesaria la cadena perpetua, creo que por coherencia mínima debemos de pensar que tampoco es adecuado y necesaria aplicarla a los que ahora están gobernando. Creo que luego el país debe entrar en una dinámica de reconciliación y eso no significa impunidad. Y ellos (dictadura) mismos lo han dicho, que el que tenga que responder ante la justicia debe hacerlo. Lo más importante es buscar un poder judicial independiente, leyes que recuperen la racionalidad que se ha perdido y aplicar el debido proceso sin revanchismo.
¿Cree que el próximo gobierno pueda comenzar una macroinvestigación, para enjuiciar a los responsables de crímenes contra los nicaragüenses?
Yo creo que la sociedad nicaragüense necesita sanar de verdad sus heridas. Sanar las heridas pasa, en primer lugar, por saber la verdad de lo que ha ocurrido. No se puede seguir tapando este tipo de cosas que llevamos años sufriendo, desde el 79 para acá y antes de ese año. Yo creo que iniciar a lo inmediato con una cacería de brujas no sería lo más adecuado. Hay que crear las condiciones institucionales para que respondan los que tienen que responder por los actos cometidos. Pero si creemos que con la revancha o darle el medio vuelto vamos a construir una sociedad estable con sostenibilidad y prosperidad, a mí me parece que no es eso lo más importante. Lo primero es la verdad, los familiares de las víctimas, los presos políticos y la sociedad nicaragüenses deben saber la verdad. También es importante reparar a las víctimas y la no repetición. Son conceptos básicos de la justicia. Lo más difícil es si esta gente va a permitir una transición que implique cárcel, eso es difícil, pero eso es lo que desea la sociedad nicaragüense. Y no lo veo a corto plazo.
¿No mira a Daniel Ortega y Rosario Murillo siendo juzgados?
No es que no los vea, lo que no veo son las condiciones en el poder judicial o el Ministerio Público, ni en la Policía para que eso sea posible.
¿Y a nivel internacional?
A nivel internacional es posible. Hay quienes propugnan por la jurisdicción universal y si ellos (Ortega y Murillo) salen y un país los captura y los procesa, puede pasar. Pero yo no puedo decir lo que los países puedan considerar. Desde un punto de vista teórico es posible. Yo quisiera impulsar la idea, y soy un defensor de la idea, de que los problemas de los nicaragüenses los deben resolver los nicaragüenses. Tanto así que una de las críticas que hago a los líderes de la oposición es que dependen muchos de orientaciones y apoyo que solidariamente dan otros países. La jurisdicción internacional no me molesta, creo que es algo que está muy arraigado en países democráticos, pero creo que me preocupa más crear las condiciones institucionales para que aquí se pueda impartir justicia.
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¿Qué es lo peor de todo este marco legal inventado por la dictadura?
Lo peor de todo no son las leyes en sí mismas, que ya son muy peligrosas y muy lesivas en derecho. Lo peor es el aparataje estatal que las va a aplicar. Si estas leyes —que son muy cuestionadas— las aplicara un poder judicial independiente, jueces independientes e imparciales, tribunales que actuaran de acuerdo con los precedentes constitucionales y conforme a la legalidad, estas leyes verían disminuido su enorme potencial de peligro contra los derechos de los nicaragüenses.
Todo hace indicar que desde que Ortega volvió al poder ha ido preparando el camino para perpetuarse en el poder.
Me voy a ir un poco antes. En retrospectiva, podemos ver que las personas que están gobernando ahora, nunca quisieron impulsar un régimen democrático. Desde el punto de vista constitucional sí que había un régimen democrático, con sus matices y sus sesgos de lo que algunos autores llaman la tradición de la izquierda latinoamericana, pero con otro importante componente como es la tradición liberal democrática. Eso fue lo que se plasmó en la Constitución de 1987. Pero se suspendió con la guerra y en la práctica nunca se pudo implementar. En 1990 se hace un esfuerzo político y jurídico que se plasma en la reforma de 1995, que trata de reposicionar el ordenamiento constitucional. Entre el 90 y el 2000 se transitó en ese encuentro con la democracia y el Estado de Derecho.
¿Cuándo se rompió este proceso?
Yo creo que con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Ahí comienza un deterioro y una reversión de ese proceso de reencuentro con la democracia que comenzó en 1990. Esto comienza en el 2000 y llega hasta el 2007. Este pacto es muy importante. Las situaciones que se dieron, sobre todo en el poder judicial, donde se dividieron en bancadas judiciales la mitad y la mitad, permitió que se dictaran sentencias a favor o en contra que producen un efecto definitivo con base a intereses políticos del Frente Sandinista y el Partido Liberal . En 2007 ya comienza una concentración de facto del poder y luego se lleva a una reelección a través de una sentencia. Por eso siempre hablo del poder judicial. Fue una reelección inconstitucional.
¿Y la actualidad cómo la describiría?
Es el punto clímax y kafkiano de enloquecimiento generalizado. Disculpá el término, pero llegamos a una situación que no tiene ningún referente, ni ninguna racionalidad política, jurídica ni institucional, sino que se trata de imponer la voluntad personal del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Violando cualquier tipo de derecho, legislación, principio de legalidad, división de poder. Desde el 2018 para acá, primero de facto y ahora queriendo legalizar los instrumentos jurídicos, se están preparando para eventuales escenarios políticos, preelectorales, electorales y poselectorales. Se dictan estas leyes que, de alguna manera, supuestamente vienen a darle un fundamento legal a actuaciones que venían siendo violadoras de los derechos constitucionales. En resumen, estas tres leyes son la expresión normativa de la voluntad política de permanecer a perpetuidad en el poder. Otra cosa es que lo logren.
Algo que llama mucho la atención de estas tres leyes del régimen es la impresionante ambigüedad con la que fueron escritas. Por ejemplo, ¿quién puede decidir si algo genera zozobra en la población?
Ese es uno de los errores técnicos que tratan de disfrazar una voluntad política y de darle más instrumentos de represión a los operadores jurídicos. La utilización excesiva de conceptos sumamente amplios y ambiguos lo que hace es aumentar la discrecionalidad de los que aplican el derecho. Esto lo vemos en estas tres leyes, tanto en la de agentes extranjeros, la de ciberdelitos y en esta iniciativa de reforma constitucional que ya fue aprobada en primera legislatura. Las tres tienen una pésima técnica legislativa, pero esto no es por un simple error, sino que es voluntario.
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Si tuviera que decir cuál de estas leyes le hace más daño al país y perjudica al ciudadano, ¿cuál sería?
Es tentador y fácil decir que las tres, pero yo me atrevería a preocupar menos por la reforma constitucional de cadena perpetua. Puede sonar extraño, pero la van a aplicar y puede ser para buscar piezas de cambio en una eventual negociación. Sin embargo, los derechos de participación y asociación política que, a mi juicio, se ven seriamente amenazados con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y los derechos de libre expresión, acceso a la información y otros se van a ver mermados desde ya. Estos derechos pueden ser una especie de vertebración del resto de sistemas y derechos constitucionales. La cadena perpetua intimida, pero sin necesidad de ella el sistema judicial permite que alguien pase el tiempo que los que manejan eso crean conveniente.
Dicen que las condenas políticas nunca se cumplen.
Marvin Vargas, al que le dicen el Cachorro, tiene años ahí y la verdad es que nunca quedó claro el delito que inicialmente cometió y luego, estando preso, le imputaron otro delito. Esto sin cadena perpetua, así que la gente aquí entra por razones políticas y sale por razones políticas. En cambio, los cooperantes y donantes ya están haciendo planes de irse. Otros pueden estar pensando ya en dejar organizaciones, dejar de participar políticamente o en redes sociales. Cuando el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal decía que sin libertad de prensa no hay libertad, le daba una ponderación y posición preferente a la libertad de prensa y esto no fue un eslogan político o una frase afortunada, eso expresa un profundo conocimiento del doctor Chamorro del funcionamiento del Estado Democrático de Derecho. Entonces, cuando atentás contra la libertad de prensa y expresión, yo creo que se está atacando el núcleo duro del Estado Democrático de Derecho.
Da la sensación de que absolutamente todos, incluyendo a los propios sandinistas, estamos manos arriba.
La asociación, la participación política, la libertad de expresión y la de información y prensa están en jaque. Y no quiero decir jaque mate, porque el pueblo está en resistencia y los periodistas y medios independientes también están en resistencia. Esto yo lo veo grave.
La Ley de Ciberdelitos faculta a las autoridades a pedir datos a los proveedores de internet, pueden entrar incluso al servidor o casa y llevarse su computadora, discos duros y más. Atenta incluso contra el derecho a la privacidad.
Además, que hay una intervención judicial. La Policía o el Ministerio Público pueden solicitar a un juez que autorice ese tipo de medidas bastante invasivas en la esfera de libertad personal. Sin embargo, vuelvo al mismo punto inicial de antes, tenemos un poder judicial deficiente. Lo ponen en la ley para presentarlo en la galería internacional y decir que hay garantías judiciales, y eso es lo normal en otros países, pero aquí no ha funcionado de esa manera, porque casi siempre recurren a la convalidación posterior y porque el poder judicial no está integrado por jueces y tribunales independientes e imparciales. Estando clarísimos de la importancia superlativa de la privacidad, que incluso podría afectar a la dignidad de la persona humana, que es un valor superior del ordenamiento constitucional de cualquier sociedad plural, libre y abierta. La privacidad de todos está en peligro por las razones o sinrazón que a cualquier funcionario se le pueda ocurrir.
Además: ¿Qué nos espera con la ley de ciberdelitos de la dictadura?
¿Qué más le queda a esta dictadura por inventarse y hacerlo ley?
Si hay algo que no se le puede dejar de reconocer al régimen es su creatividad cada vez que toma una medida de absoluta represión. Uno no deja de asombrarse, pero se superan. Ya encontrarán otra ley u otra forma de aplicar estas de maneras más aberrantes. Tienen mucha creatividad para la represión.
¿Qué se puede hacer contra todo esto?
Yo soy un defensor de las vías constitucionales y las vías pacíficas y eso no tiene otra traducción que las vías electorales. Yo creo que el régimen de Ortega y Murillo está estratégicamente e irreversiblemente golpeado. Eso no quiere decir que esté pronto a ser sustituido por un régimen democrático. Quiere decir, en mi opinión, que ya no están en capacidad de volver o recuperar los niveles de estabilidad social de antes, crecimiento económico y mucho menos en el ámbito político. Desde hace años, muchos veníamos diciendo y criticando que menoscabar las bases de un Estado Democrático de Derecho iba a producir un colapso tarde o temprano. Entonces, ese modelo autoritario que existía ya no lo van a poder recuperar. Esto se puede mantener dependiendo de la credibilidad y el apoyo de la comunidad internacional que la oposición pueda tener, pero no se puede volver al antiguo modelo. Estaremos retardando la salida, pero el modelo no puede subsistir y, menos aún, por las vías que Ortega está escogiendo. Al pueblo nicaragüense le debe quedar la plena convicción de que efectivamente se está armando o ya se armó todo un engranaje normativo que constituye una verdadera amenazar al ejercicio de sus derechos, y que los responsables de eso no quieren una transición democrática, pero eso es una decisión política y, como tal, se puede cambiar.
“Si hay algo que no se le puede dejar de reconocer al régimen es su creatividad cada vez que toma una medida de absoluta represión”.
¿Cómo mira a la oposición?
La miro muy débil. Tiene sus claroscuros como todo y tiene sus méritos. En general, es una oposición y creo que no la ha podido doblegar Daniel Ortega, que está acostumbrado a negociar con personas e instituciones a las que les encuentra su precio rápidamente. Creo que han sido valientes y han demostrado una voluntad de buscar un cambio, pero también creo que han cometido errores que están intentando superar, es tan complejo que es inevitable cometer esos errores. En algunos momentos se observa una falta de visión bastante elemental. No hace falta ser un gran estratega político para darte cuenta que están cometiendo errores. Los veo en sus horas más bajas.
Usted habló de crear condiciones para impartir justicia real en el país. ¿Cómo se crean esas condiciones?
Lo primero es que los nicaragüenses somos muy cortoplacistas y eso está demostrado que no funciona. No pueden en otros países y nosotros menos, por tanto, creo que eso debe ser gradual. Eso es un tema político e implica hacer negociaciones y acercamientos. Implica decir a veces cosas que no todos quieren escuchar, porque todos esperan que digan que van presos Ortega y Murillo y tendremos democracia total, pero eso políticamente no es realista. Por eso hemos caído en un círculo vicioso, cada treinta o cuarenta años hay un dictador. El poder judicial creo que es lo más importante para que a mediano plazo se creen estas condiciones.
¿Qué opina de este poder judicial?
Tiene todas las características que no debería de tener. Tengo amigos, colegas y estudiantes ahí, pero debo afirmar categóricamente que la instrumentalización política y la manipulación del poder judicial fueron las primeras movidas de ficha de Ortega para construir lo que hoy existe en Nicaragua.
Plano personal
Gabriel Álvarez Argüello nació en León, tiene 55 años.
Se ha especializado en derecho público, estudió en Costa Rica y en Barcelona.
Ha sido docente en universidades públicas y privadas.
Está casado y tiene dos hijos, uno de ellos estudia Derecho y está a punto de graduarse.
Su abuelo y su padre también fueron abogados.
De joven le gustaba jugar futbol y le encanta el deporte en general.
Está agradecido por el apoyo que le dieron los docentes Miguel Ángel Aparicio, Joan Vintró Castells y Eliseo Aja. Gracias a ellos pudo salir del país a estudiar.