El caso Benavides
Han pasado muchos años desde entonces, pero hubo una época en la que había voces disonantes a lo interno del Consejo Supremo Electoral (CSE). Una de ellas era la del magistrado Luis Benavides. Como miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) llegó al CSE en 2005, bajo el pacto entre los caudillos Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, y al inicio se atrevió a criticar y a disentir desde su cargo público.
Por ejemplo, cuestionó públicamente los resultados imposibles de las elecciones municipales de 2008, afirmando que las votaciones se desarrollaron en un ambiente “oscuro y turbio” y estuvieron plagadas de “nulidades y artimañas”. Incluso pronosticó que en los comicios regionales de 2010 también habría fraude.
Además, el 14 de febrero de 2010 venció su cargo y, en un alarde de dignidad, Benavides entregó su oficina, pese a que un “decretazo” inconstitucional de Ortega le permitía permanecer de facto en sus funciones, como desde el comienzo hicieron los otros magistrados del CSE. El magistrado calificó el decreto de ilegal y en repetidas ocasiones llamó a sus colegas a no acatarlo.
Entonces muchos creyeron que estaban frente a un ejemplo del comportamiento que todo funcionario debería tener. Pero Benavides solo había tenido un lapsus y en junio de ese año regresó al CSE, amparándose en el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, que ya había sido derogado en las reformas constituciones de 1995 y 2000 pero que a su juicio jurídico seguía vigente:
“Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución”.
Regresó, además, motivado por la voz de su “conciencia” y la “iluminación” de Dios. “Lo hice de mi libre y espontánea libertad, sin que el PLC haya tenido absolutamente nada que ver en esto”, aclaró en aquel momento. Semanas después,fuentes del poder electoral revelaron que la conversión de Benavides costó, entre otros beneficios, cuatro meses de salario retroactivo. Es decir, unos 20 mil dólares.
Después de eso, Benavides se plegó a los intereses del Frente Sandinista y, aunque a la fecha continúa siendo magistrado del CSE, no volvió a cuestionar ninguno de los resultados electorales. Todo lo contrario. En marzo de 2019, por ejemplo, afirmó ante los micrófonos de la emisora La Costeñísima que el señalamiento popular de que el CSE “se roba los votos” no es más que “una falsedad enorme, un infundio, un mito”.
El PLC tomó distancia en 2010 y la sigue tomando ahora. En aquel momento el partido argumentó que sus funcionarios de facto eran responsables de sus propias acciones y en 2014 tampoco respondió por ellos. “Honestamente, yo te digo algo: qué voy a saber yo de sus actitudes y comportamientos. Lo único que sé es que ellos entraron como PLC y entiendo que son PLC”, dijo María Haydeé Osuna, entonces presidenta del partido.
De acuerdo con Miguel Rosales, actual presidente en funciones del PLC, Benavides “hace muchos, muchos años” ya no es considerado un miembro del partido. “Llegó como PLC al Consejo Supremo Electoral, pero ya después hubo una ruptura con don Luis Benavides. En su momento también teníamos a José Marenco Cardenal, que en paz descanse, y el doctor René Herrera, que en paz descanse. Ellos fueron magistrados del PLC pero de repente vimos nosotros que no desempañaban la función que deberían tener y dentro del partido muchos sectores efectivamente cuestionaban ese tipo de actitudes”, afirma.
Sin embargo, señala, desde el momento en que una persona se convierte en funcionario “ya no tiene que responder al partido, sino exclusivamente a la Constitución Política de Nicaragua”. “Esos cargos ya no pueden ejercer haciendo lo que un partido te diga. Obviamente en esto recae un compromiso ético y moral del funcionario, que tiene que denunciar si él considera que en la institución en la que está las cosas no se están haciendo correctamente y mantener su frente en alto”.
Domingo buscó al magistrado Benavides, pero no atendió a nuestras llamadas telefónicas.
Más del “decretazo”
El “decretazo” inconstitucional de 2010 que permitió a los funcionarios continuar en sus cargos pese a que se les habían vencido sus períodos también les “dobló el brazo” al magistrado liberal DámicisSirias (q.e.p.d.) y al contralor Lino Hernández. Inicialmente se rehusaron a seguir en sus cargos, pero terminaron regresando alegando que se trataba de una decisión personal que no involucraba al partido. De esa manera también avalaron la permanencia ilegal de Roberto Rivas Reyes como presidente del Consejo Supremo Electoral.
Únicamente el magistrado Sergio Cuarezma Terán se opuso hasta el fin a las ilegalidades del orteguismo y a la complacencia del PLC. Cumplió el mandato constitucional que establecía un período de cinco años y en marzo de 2012 entregó su cargo. Sin embargo, se había retirado de su oficina desde agosto de 2010, en respuesta a “la alteración de la voluntad del poder constituyente”.
Durante ese período de un año y siete meses, no devengó salario alguno ni recibió “ningún otro beneficio propio del cargo”, aseguró Cuarezma en 2012.
El caso Herrera
René Herrera fue de la línea dura del arnoldismo y uno de los negociadores del PLC en el pacto libero sandinista. Además, se desempeñó como secretario privado de Arnoldo Alemán durante su presidencia y fue su ministro de Gobernación. En 2005 lo nombraron magistrado del CSE en 2005 para un período de cinco años, pero en 2012 permanecía en el cargo debido a un decreto de Ortega.
Falleció en febrero de 2012, a los 69 años, distanciado del partido liberal, que lo acusaba de haberse plegado al oficialismo. Su muerte fue confirmada por Roberto Rivas Reyes, entonces presidente de facto del poder electoral.
En la Contraloría
La contralora María Dolores Alemán Cardenal, hija del caudillo liberal Arnoldo Alemán, se ha caracterizado por su persistente silencio, del que no ha salido ni siquiera para denunciar las anomalías en el INSS.
En julio de 2017 LA PRENSA le preguntó a qué se debía su mutismo y Alemán Cardenal reaccionó molesta. “Yo no trabajo en función de los medios de comunicación”, protestó. “Yo no puedo opinar porque en estos momentos se está llevando a cabo una auditoría y según nuestra Ley tenemos que pronunciarnos una vez que la auditoría esté terminada”.
La Contraloría General de la República (CGR), conformada por cinco contralores, se ha demostrado incapaz de investigar casos de corrupción y, al menos públicamente, la voz de Alemán Cardenal no ha hecho diferencia. “¿Cuántos casos de corrupción se han presentado y cuántos hemos visto que el PLC, a través de su representante en la Contraloría, haya denunciado? Ninguno”, cuestionó recientemente el doctor Carlos Tünnermann Bernheim.
De acuerdo con un estudio del Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción, publicado en agosto de 2020, la CGR realiza un trabajo “deficiente”, “tiene una política de opacidad” y “no brinda suficiente información”. Como punto extra, la entidad encargada de velar por el uso eficiente de los recursos públicos se recetó 360 mil córdobas para café y azúcar.
Según Miguel Rosales, presidente del PLC designado por el arnoldismo, “es evidente” que en los medios de comunicación no hay declaraciones de la contralora, pero es posible “que a lo interno esté haciendo señalamientos”. “No sabemos cómo expresa su opinión sobre ciertos temas, no sabemos si está presentando solicitudes para que se vayan a hacer auditorías propias de la Contraloría”, sostuvo. Y no lo saben, aseguró, porque el PLC ya no tiene “ninguna vinculación” con la hija del caudillo.
Para el gobierno de Estados Unidos sí hay relación entre María Dolores y su padre. El reciente 9 de noviembre les prohibió la entrada al país al caudillo rojo y su familia directa.
Martínez y Gurdián
Considerado un “operario político” de Arnoldo Alemán dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Manuel Martínez avaló en 2016 la sentencia con la que se despojó a Eduardo Montealegre de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI); en 2019 declaró que en la CSJ no había prioridad para resolver recursos contra la Ley de Amnistía y, entre otras cosas, en septiembre de este año validó la ciudadanía otorgada al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. A la fecha se le considera un magistrado liberal aliado del régimen.
El magistrado Virgilio Gurdián llegó a la CSJ en 2014 cuando aún era miembro del Partido Liberal Independiente (PLI), que había prometido no aceptar ningún cargo público. Por esa razón Eduardo Montealegre, entonces presidente nacional del PLI, le solicitó que renunciara al partido. Gurdián aceptó pero declaró que seguiría siendo liberal hasta la muerte, aunque no tuviera un cargo en el partido. Actualmente continúa en la CSJ, pese a que su período venció en abril de 2019.
Elegidos por voto popular
En la actualidad el PLC cuenta con once alcaldías y asegura que “alrededor de 600 concejales”, mientras que Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuenta con seis municipalidades, obtenidas en las elecciones de 2017. Además, el PLC tiene 14 diputados propietarios en la Asamblea Nacional y tres en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Ambos partidos han defendido su derecho a participar en elecciones, aunque sean amañadas, y niegan ser zancudos o satélites del Frente Sandinista. Para el PLC, por ejemplo, es necesaria la presencia de su bancada en la Asamblea para exponer su desacuerdo con las iniciativas impulsadas por la aplanadora sandinista.
Sin embargo, a juicio del sociólogo y analista político Oscar René Vargas el partido liberal está “cogobernando” con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “No tienen ninguna incidencia. Son solamente comparsa de Ortega”, afirma. “Cogobiernan porque pueden votar las leyes. Ya eso es cogobernar. Ni vos ni yo podemos votar las leyes, ellos sí, ya sea en la Corte Suprema de Justicia, ya sea en el Parlamento”.
La lógica del zancudo
En el ecosistema de la política nicaragüense hay una especie muy particular que viene adquiriendo fama desde los malos años de los Somoza. En su historia ha habido pequeños y grandes. Rojos, verdes y multicolores. El ingenio popular, al que nada se le escapa, los ha llamado “zancudos”. En realidad son partidos políticos que, de una u otra forma, se venden al poder.
Se puede ubicar su origen en el pacto de 1938, entre Anastasio Somoza García y políticos de la cúpula del Partido Conservador, un acuerdo en el que se gestó la reelección del dictador. Pero otros sitúan su nacimiento en el pacto firmado en 1948 por Somoza García y Carlos Cuadra Pasos, que representaba a los conservadores. El trato ayudó a que el gobierno de Nicaragua fuera reconocido internacionalmente tras el golpe de Estado cometido contra Leonardo Argüello. Por su colaboración, el partido verde ganó cargos.
En cualquier caso, se puede decir que el primer zancudo de la política nicaragüense fue el Partido Conservador, aunque hoy día los hay de diversos nombres y colores.
La historia moderna del zancudismo nica arrancó en 1999, con el pacto entre Arnoldo Alemán, líder del PLC, y Daniel Ortega, actual dictador de Nicaragua. No solo se repartieron los poderes del Estado, sino que regularon los procesos electorales y las candidaturas, de modo que obligaron a los partidos pequeños a girar entorno a dos partidos gigantes para poder subsistir en la selva política.