Secretismo en cómo se adquirieron acciones del grupo TSK Melfosur. El 83 por ciento de las acciones del grupo español TSK Melfosur en la distribuidora y comercializadora de energía eléctrica Disnorte-Dissur pasará oficialmente a manos del estado de Nicaragua este lunes 21 de diciembre, cuando los diputados de la Asamblea Nacional sesionen de forma extraordinaria para aprobar de forma urgente la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense. El documento no informa de qué manera el estado adquirió esas acciones, que en 2013 le costaron 57.8 millones de dólares al grupo TSK. Lea más información aquí.
Ortega le causará más daño a la economía con sus ataques a EE.UU. y a la UE. Con sus discursos confrontativos, daña más la confianza de los inversionistas en Nicaragua, así como pone en riesgo el Ada UE-CA y el DR-Cafta, refieren economistas. Lea más información aquí.
La Ley para inhibir candidatos viola Constitución. El jurista Gabriel Álvarez afirmó que el dictador Daniel Ortega y sus diputados serán los que alteren el orden jurídico del país, si se aprueba la nueva Ley para inhibir candidatos opositores señalados de ser «golpistas» y promover sanciones a personeros y negocios del régimen, porque se pasaría por encima de la Constitución y la Ley Electoral (331), donde ya se regulan los requisitos para ser candidatos a cargos en una elección. Lea más información aquí.
Más de 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en subempleo o no son remunerados. La última encuesta del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), publicada el 16 de diciembre, muestra que el 62.1 por ciento de la población con edades para trabajar y ocupadas se encuentra en condiciones de subempleo o realizando trabajos por los cuales no reciben un pago. Estas condiciones se han agudizado a raíz de la crisis política de 2018, pues hasta enero de ese año las personas en estas condiciones eran el 56.8 por ciento, es decir, 5.3 por ciento menos que ahora. Lea más información aquí.
Cafetaleros afirman que el régimen debería suspender el «impuesto» que les cobra por cada quintal de café exportado. En medio de todas las crisis que vive el país, el Fondo Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura debería ser devuelto a los productores, porque esos aproximadamente 30 millones de dólares que se han obtenido desde el 2013, producto del aporte que hacen por cada quintal exportado, no han tenido un buen uso, a juicio de los cafetaleros. Lea más información aquí.