Para los opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega, las nuevas sanciones de Estados Unidos a tres funcionarios orteguistas, son un mensaje claro de que las presiones internacionales no se detendrán mientras Nicaragua viva bajo una dictadura. Ya son 25 los funcionarios y familiares de Ortega sancionados por el Gobierno norteamericano, por acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos.
El abogado y analista político Eliseo Núñez Morales manifestó que Estados Unidos está llevando al límite las presiones contra la dictadura orteguista, lo que para él significa que en año nuevo Ortega tendrá que escoger entre hacer cambios que regresen al país al camino de la democracia y el respeto de los derechos humanos, o perder a su principal socio comercial.
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Núñez dijo que si Ortega pensaba que con la administración de Joe Biden se iban a suavizar las presiones y sanciones, está equivocado. “El modelo de sanciones contra regímenes con los que Estados Unidos no está de acuerdo, es un modelo que proviene de los demócratas, no proviene de los republicanos, y esta administración, siendo republicana, se apropió también de este tipo de modelo”, explicó Núñez.
El analista político manifestó que a estas alturas las sanciones estadounidenses como medida de presión contra las dictaduras, “no son una política republicana, sino bipartidista”, por lo que razonó que será más difícil detenerlas mientras Ortega se empeñe en gobernar de forma autoritaria.
“Esto ya es parte de la política exterior estadounidense y difícilmente vamos a ver cambios en lo que respecta a Nicaragua, sino hay cambios en lo que Ortega está dispuesto a dar para poder suspender este modelo de presiones que viene aplicando Estados Unidos y que esta copiando la Unión Europea”, agregó Núñez.
Recrudecimiento de la crisis de Nicaragua motiva las sanciones
El también abogado y opositor José Pallais Arana destacó la importancia de que Estados Unidos siga fijando su atención en Nicaragua, incluso en los últimos días del año y en medio de una transición de gobierno republicano a demócrata, lo que para Pallais significa “el gran apoyo de la clase política norteamericana hacia la población nicaragüenses por la gravedad de la crisis que vive este país”.
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Pallais señaló que aunque el régimen orteguista y sus funcionarios quieran dar la apariencia de que no les molestan las sanciones, contradictoriamente todos sus esfuerzas y acciones están dirigidos a detener y penalizar a quienes las piden, como por ejemplo la Ley para inhibir a candidatos en las próximas elecciones nacionales, que establece que quien pida y celebre las sanciones no puede participar en ese proceso electoral, porque pierde sus derechos políticos.
“Si el régimen busca cómo se le suspenda, cómo se le levante, cómo castigar a los que, según él, inciden en que estas sanciones se den, es porque le preocupa”, dijo Pallais.
La opositora y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Ivania Álvarez, manifestó que es muy significativo que este lunes que se aprobaba en la Asamblea Nacional –controlada por el orteguismo–la Ley para sacar del proceso electoral a los opositores, Estados Unidos salga adelante con sanciones dirigidas al diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
“Wálmaro Gutiérrez ha sido uno de los promotores de la ley bozal, de la ley de agentes extranjeros. (Esta sanción) es importante porque se está focalizando contra quienes realmente están haciendo daño, contra quienes realmente son los violadores de derechos humanos”, manifestó Álvarez.
Álvarez dijo que la sanción al magistrados vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar, representa un mensaje al sistema viciado del poder judicial, que solo responde a los intereses de Ortega.
“La participación que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en el enjuiciamiento a más de mil ciudadanos que hemos sido acusados injustamente por delitos falsos y que la Corte Suprema, a través de sus juzgados y de sus abogados, ha servido de andamiaje para hacer esta violación de derechos humanos a una cantidad de presos y excarcelados políticos”, dijo Ivania.
Sexto jefe de la Policía sancionado
En el caso del jefe de la Policía de León, comisionado mayor Fidel Domínguez, éste sería el sexto jefe policial castigado por Estados Unidos, incluido el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y la propia institución policial como tal.
Álvarez dijo que la represión armada en León estuvo a cargo de Dominguez, por eso era de esperarse esta sanción dirigida a los violadores de derechos humanos.
La oposición nicaragüense espera que las sanciones de Estados Unidos y de la comunidad internacional, obliguen al régimen de Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, a detener la represión contra las manifestacionesa ciudadanas y a reformar el sistema electoral antes de mayo de 2021, de acuerdo al plazo establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Alcance de las sanciones
Las sanciones de Estados Unidos son aplicadas a través de la Nica Act, una ley de sanciones específicamente para los funcionarios del régimen de Daniel Ortega, acusados de cometer actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. La medida implica bloqueo de activos, prohibición de transacciones en el Sistema Financiero de EE.UU., o bajo su jurisdicción; bloqueo de propiedades o intereses en una propiedad, y negación o revocación de visados. Los afectados son declarados en “muerte financiera”, debido a que no pueden ni sacar un crédito debido al bloqueo.