El 2020 cierra con la advertencia de un plazo que vence en mayo de 2021 para que Daniel Ortega reforme el sistema electoral antes de comenzar el proceso de las votaciones presidenciales del próximo 7 de noviembre. El plazo es un mandato de la Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 21 de octubre.
Esta acción es parte de las presiones de la OEA para que el régimen orteguista restablezca el orden democrático en Nicaragua, en el marco del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que inició en diciembre de 2018 por iniciativa del secretario general del organismo, Luis Almagro.
Algunos opositores demandan llevar al límite las presiones de la OEA —por ejemplo expulsar al Estado de Nicaragua del organismo internacional— para obligar a Ortega a cumplir con los compromisos democráticos. Pero el politólogo José Antonio Peraza manifestó que mientras no se cumpla el plazo de mayo, el proceso de aplicación de la Carta Democrática al Estado de Nicaragua estará suspendido.
“Yo lo que creo es que la aplicación de la Carta Democrática ni siquiera va a ser tocado antes de mayo. Esa fecha es el tiempo necesario para desplegar una misión de observación electoral, por lo tanto la OEA dio (al menos) cinco meses”, expresó Peraza.
Acciones de la OEA estancadas
Igual considera el exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Julio Icaza Gallard, quien calificó de “estancada” la aplicación de la Carta Democrática. Icaza valoró que este estancamiento de las acciones del organismo regional ocurre a pesar del “gran avance” que supuso el informe presentado por la Comisión de alto nivel, que confirmó la ruptura del orden democrático en Nicaragua.
La Comisión de alto nivel fue creada por el Consejo Permanente de la OEA por mandato de la Asamblea General de 2019.
Icaza recordó que el informe elaborado por la Comisión de alto nivel “determinó que Nicaragua era un Estado cooptado e incompatible con el Estado de Derecho y que los elementos esenciales de la democracia representativa se encontraban ausentes”.
También confirmó que “la grave y continua violación de los derechos humanos, así como el abuso de poder, contravenían la propia Constitución de 1987, lo que daba lugar a una alteración del orden constitucional que afectaba gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el Artículo 20 de la Carta democrática interamericana”.
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Sin embargo, la Resolución de la OEA aprobada en 2020 también tiene elementos importantes poco valorados. El exdiplomático señaló que esa resolución establece un seguimiento a la situación de Nicaragua de la que tiene que estar pendiente el secretario general de la OEA.
“Hay un mandato muy importante contenido al final de la resolución adoptada, dirigido al secretario general (de la OEA), quien debe informar periódicamente sobre el estado de los acuerdos y calendarios para la aplicación de las reformas electorales que conduzcan a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas”, valoró Icaza.
Explicó que “se refiere a los acuerdos entre el Gobierno y la oposición, los que no se han dado y pareciera que no van a darse por falta de voluntad de Ortega, y a los plazos que requieren las reformas”.
Según la valoración Icaza, Almagro debería presentar en enero un informe sobre lo que se ha hecho y no se ha hecho, así como lo que ya definitivamente no podrá hacerse por el transcurso del tiempo y los plazos que algunas reformas requieren.
También valoró que el anuncio hecho la semana pasada por el asesor económico del régimen, Bayardo Arce, de que las reformas electorales se harán hasta mayo, “son un claro indicio de que las mismas se harán de forma unilateral o con el reducido grupo de partidos zancudos y que tendrán un alcance muy limitado, es decir, cosmético”.