“Necropolítica” es el nuevo término con que sociólogos y analistas políticos describen la forma de gobernar que ha incorporado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La forma de gobernar conocida como necropolítica, o políticas de muerte, es un concepto desarrollado por un pensador camerunés, Achille Mbembe. En la necropolítica, lo que se regula es la muerte, el poder decide quién muere y cómo.
Según Mbembe, en una entrevista que concedió al portal eldiario.es, la necropolítica está relacionada con la forma en que los poderes, económicos o políticos, tratan a la población que no le es útil. No se trata únicamente de que los mata, sino de que los expone “a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo mortales”. En la necropolítica no solo se mata, sino que también se destruyen los territorios donde habitan las poblaciones.
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“La necropolítica (de los Ortega Murillo) es la concepción que ellos tienen acerca del resto de la ciudadanía. Ven a los ciudadanos no como portadores de derecho, sino como súbditos, como personas que están a su servicio y que les deben obediencia y lealtad. Como eso no ha sucedido, como la ciudadanía no ha adoptado esa actitud, lo que hacen es implementar una serie de decisiones, de políticas, de medidas, en diferentes campos, político, económico, social, para de alguna manera castigar a los que no son leales”, expresa la socióloga Elvira Cuadra.
Estas son al menos diez de las razones que llevan a varios expertos nicaragüenses a considerar que Daniel Ortega y Rosario Murillo han incorporado la necropolítica a su arsenal de gobierno.
1. Acumular riqueza
El régimen orteguista sería necropolítico, explican sociólogos nicaragüenses, porque practica un capitalismo en el que todo va en función de acumular riquezas, especialmente a través del despojo, y para garantizar su sistema necesita controlar las fuerzas del orden. Cuando no puede sujetar las protestas, las manifestaciones, entonces recurre a una escalada de represión.
El sociólogo Óscar René Vargas considera que la lógica de Ortega, al aplicar la necropolítica, es asumir el derecho a imponer la muerte social o civil, el derecho a esclavizar a otros y de aplicar otras formas de violencia política. “Es una forma de subyugación de la vida al poder capaz de ordenar la muerte de sus adversarios, obligando a algunos a estar situados entre la vida y la muerte. Me refiero a los presos políticos”, dice Vargas.
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“La necropolítica en Nicaragua se instauró oficialmente desde que el presidente Daniel Ortega definió como ‘hijos de casa’, ‘agachados’, ‘peleles’, ‘serviles’, a sus opositores. Y cuando ocurrió la rebelión cívica de abril de 2018 los calificó como ‘terroristas’”, indica un especialista en comunicación que pidió el anonimato.
2. La represión
La más evidente acción de necropolítica de los Ortega Murillo ha sido la represión desatada desde abril de 2018, cuando el gobierno atacó las protestas sociales contra las reformas a la ley de seguridad social con paramilitares y armas de guerra, causando el asesinato de más de 300 nicaragüenses.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trajo a Nicaragua la OEA, calificó esta represión como “delitos de lesa humanidad”.
La socióloga Elvira Cuadra destaca entre esos crímenes a la “operación limpieza” que el gobierno orteguista realizó para levantar los tranques, así como las detenciones a personas que ellos consideraron que eran responsables de las protestas.
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Según Cuadra, hay hechos de represión que son individuales y otros colectivos. Estos últimos se convierten en políticas gubernamentales, por lo tanto, la represión ya es una política del gobierno de los Ortega Murillo. Una política de muerte.
Siempre dentro del contexto de abril de 2018, un sociólogo que pidió el anonimato indica que un acto muy grave fue la negación de atención médica a los heridos en las protestas en los hospitales públicos y en otros afines al gobierno. “Si Álvaro Conrado hubiese sido atendido en el hospital estaría con lesiones, pero vivo”, dice.
3. El Covid-19
Otro hecho de necropolítica que se le atribuye a los Ortega Murillo es el manejo de la pandemia del Covid-19, la cual inicialmente trataron de hacer ver que no existía en Nicaragua y que todo estaba “normal”.
Durante la mayor parte de la pandemia, el gobierno ha promovido las actividades públicas que significan aglomeración de personas, explica Elvira Cuadra, y que promueven el contagio, además de que el gobierno tampoco suspendió clases. Cuadra también critica que el gobierno ha ocultado información, la cual, en poder de la población, sería muy valiosa para contribuir a evitar contagios.
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Por otra parte, Cuadra señala que los gobernantes no han implementado medidas de apoyo económico para sectores más vulnerables, negando el impacto de la pandemia. Por ejemplo, menciona la socióloga, un 70 por ciento de la población nicaragüense depende del sector económico informal. Se han cerrado empleos y la pobreza ha crecido en Nicaragua.
Los médicos independientes de Nicaragua han denunciado una serie de anomalías por parte del régimen, que ni siquiera ha protegido al personal de salud con equipos de protección. Las muertes de médicos y del personal de salud evidencian la negligencia del gobierno respecto al manejo de la pandemia. Según informes extraoficiales, en Nicaragua han fallecido casi 3,000 personas a causa del Covid-19 y se han confirmado más de 12,000 contagios.
4. El extractivismo
En la necropolítica, el poder político y económico quiere hacer creer a la población que “el bienestar y el progreso social van de la mano de la necesaria explotación de la naturaleza en lo que hace a la lucha contra la pobreza y el desarrollo de la sociedad”, explica el sociólogo argentino Martín Díaz.
En Nicaragua, explica el ambientalista Amaru Ruiz, Daniel Ortega ha reformado las leyes de tal manera que toda la explotación de los recursos naturales está supeditada a él. Ortega es el que tiene la última palabra en cuanto a la explotación de madera, por ejemplo.
“Con Ortega lo que hemos visto es que las decisiones se han centralizado en toda la parte de la gestión ambiental. La gestión de los bienes y los recursos naturales del país está supeditada a lo que él decida”, explica Ruiz.
De acuerdo con el sociólogo que prefiere el anonimato, Ortega practica un “modelo económico extractivista autoritario”, es decir, que “prioriza la generación y acumulación de riquezas a costo de los recursos naturales y sacrificando a la gente, sus territorios, de forma inconsulta”.
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En otras palabras, Ortega decide qué recurso natural se va a explotar, cómo y quién lo hará, sin importarle si eso afecta la vida de las personas que habitan el territorio donde se encuentra el recurso natural deseado, explica el sociólogo. “Por eso es que Ortega logró imponer el canal interoceánico en la ley, aunque no se haya hecho en la realidad. No le importó que estuviera afectando la vida de miles de campesinos. No hubo nadie que pudiera detenerlo”, explica la fuente.
“Cuando hay consultas son procesos controlados, viciados. No se hacen informando, sino irrespetando la voluntad de las comunidades”, dice el sociólogo.
La fuente añade que el extractivismo, como la minería o la explotación de palma africana, pinares y otros recursos forestales, destruye las posibilidades de sobrevivencia de las comunidades y daña otros recursos naturales, como cuando se contamina el agua.
Muchas veces, estas actividades de extracción de recursos naturales para su explotación ocurren en áreas que son protegidas o que están en territorios indígenas. Además, desplazan a la población, desmantelan las economías locales y tornan inhabitables los territorios.
En ese sentido, el sociólogo afirma que el orteguismo practica la necropolítica. “En la necropolítica el poder no solo te quita la vida de forma inmediata, letal, sino que también lo hace de una manera estructurada y progresiva”, dice.
5. Mensajes de odio
Dentro de la necropolítica, los discursos de odio van construyendo el imaginario del enemigo. Lo deshumaniza y lo convierte en un objeto de agresión y de violencia. Algo así como hizo Adolfo Hitler con los judíos entre la población alemana, explica el sociólogo anónimo.
En Nicaragua, ese discurso de odio tiene coherencia hasta con las leyes que se están aprobando, como la tipificación de “crímenes de odio” que se acaban de instaurar en las leyes penales del país, agrega la fuente.
Un comunicador que pide el anonimato señala que “la necropolítica en Nicaragua ha desarrollado un discurso que cada mediodía emana de la vocera oficial Rosario Murillo, en el que descalifica a la oposición en su conjunto y a personas emblemáticas de ella. No los trata como iguales, sino como seres despreciables, que merecen ser maltratados, perseguidos y encarcelados por sus seguidores”.
En septiembre de 2020, durante la celebración de las fiestas patrias, el comunicador refiere que Ortega “resumió su necropolítica al decir que sus contrarios políticos son traidores, vendepatrias, peleles, siervos del imperio, cobardes, asesinos. Cerró su descarga de insultos diciendo que la oposición no tiene alma, no tiene corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo y están llenos de odio”.
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Para Elvira Cuadra, en los discursos de Murillo “no hay ninguna clase de reconocimiento ni de aprecio a la ciudadanía, por mucho que ella hable de amor a Nicaragua”.
“Los discursos políticos tienen consecuencias letales, ya no es necesario que alguien reciba una orden sino que puede actuar por iniciativa propia”, dice el sociólogo, quien considera que eso pudo haber pasado con el ciudadano esteliano que el 19 de julio de 2020 gritó “¡viva Nicaragua!” y fue asesinado inmediatamente por un simpatizante orteguista.
6. Los presos políticos
La encarcelación política es un “mecanismo perverso”, una medida extrema y un mensaje para otras personas que intenten adversar al gobierno, concuerdan sociólogos y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
En esta situación actúan las instituciones del Estado como la Policía, el poder judicial, la fiscalía, y dejan de actuar otros, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
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En Nicaragua, desde abril de 2018, los reos políticos no solo sufren ellos, sino también sus familiares, quienes padecen vejaciones cuando los visitan en el sistema penitenciario o pasan en sus casas pensando si están enfermos o fueron golpeados.
“La Constitución Política indica que la pena no trasciende al reo, pero el gobierno la extiende a la familia y la red de contactos de las personas definidas como enemigas del gobierno”, explica el comunicador que pidió el anonimato.
Uno de los sociólogos que habla para este artículo indica que el caso de Justo Rodríguez, el campesino de 68 años de edad, originario de Ometepe, es un emblema de lo que sufren los encarcelados políticos en Nicaragua. Él estaba bien de salud cuando lo encarcelaron y en prisión le dio derrame cerebral producto de las torturas.
7. Poblaciones marginales
Las noticias con frecuencia dan cuenta de masacres en territorios indígenas del Caribe de Nicaragua. Esas muertes ocurren porque el gobierno de Ortega no ha “saneado” los territorios indígenas y los colonos continúan invadiendo esas tierras. Los indígenas se defienden con armas, pero las armas de los colonos son superiores y terminan muriendo más indígenas.
Así resume el ambientalista Amaru Ruiz lo que ocurre con las poblaciones indígenas del Caribe, debido a una omisión del régimen orteguista.
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“Ortega se hace el ciego, sordo y mudo y no protege a las poblaciones más vulnerables. Él ya hubiera hecho un saneamiento y evitaría más muerte”, indica Ruiz, quien considera que Ortega prefiere “pelearse” con los indígenas, que son minoría, un ocho por ciento de la población total de Nicaragua, y no con los mestizos.
8. Migración
De igual manera, Ortega actuaría necropolíticamente con otra población en riesgo, los migrantes, quienes en la mayoría de los casos son víctimas del crimen organizado, coyotaje y narcotráfico, y a quienes en convenciones internaciones se ha mandado a los países que les den protección.
9. La atención a desastres
La actuación del régimen frente a los huracanes Eta y Iota dejó mucho que desear. La socióloga Elvira Cuadra dice que fue una respuesta tardía y no planificada.
Las noticias dieron cuenta de que en los albergues, improvisados, no había condiciones: sin agua, sin medicinas, sin medidas de protección ante el Covid-19, sin colchones.
“Vimos que la capacidad y la voluntad gubernamental estaba reducida a la mínima expresión en esas situaciones”, dice Cuadra.
Además, la atención del gobierno fue con sesgo político, atendiendo a víctimas de su partido y no a las que no simpatizan con el orteguismo.
10. Indultos
El femicidio de Katring López, en Jalapa, Nueva Segovia, causó mucha indignación en la sociedad y además se criticó que uno de sus victimarios había sido liberado en junio de 2019, beneficiado con convivencia familiar por el régimen de Ortega.
Los sociólogos critican que en esas liberaciones el régimen debió asegurarse de que esos liberados no iban a reincidir una vez libres, pero ni el procedimiento legal fue el correcto ni se tomaron las medidas necesarias con el reo, como asegurarle educación y empleo.
Dentro de la lógica necropolítica del régimen orteguista, con esas liberaciones crea más inseguridad entre la población.