La investigadora y miembro del Colectivo Transparencia Nicaragua, Dayra Valle, validó la conclusión del informe de Transparencia Internacional, de que “la corrupción mata”, por considerar que esa metáfora se vuelve una realidad en este país, donde los nicaragüenses de escasos recursos dependen de las donaciones externas en materia de salud, para enfrentar la pandemia del Covid-19, pero si esos recursos se desvían por la corrupción, la consecuencia serán más muertes.
Valle valoró que la corrupción palpable en Nicaragua, y además confirmada por el informe de Transparencia Internacional, pone en duda el uso de los recursos externos que sean donados para enfrentar la crisis sanitaria.
“Si no hay transparencia, si hay corrupción, estaríamos posiblemente frente a una situación en que el gobierno está pidiendo recursos para enfrentar la pandemia, para la vacunación y otros temas de salud, pero ante estos niveles de corrupción nos tenemos que preguntar si estos recursos serán usados adecuadamente”, dijo la investigadora.
Por otra parte, manifestó que la calificación negativa de Nicaragua en el tema la transparencia institucional, tiene una grave repercusión en el desarrollo económico del país, por cuanto inversionistas, compradores y cooperantes van perdiendo la confianza de establecer relaciones con el país.
Nicaragua se percibe como uno de los países más corruptos en América Latina, solo por detrás de Haití y Venezuela, según reveló el informe del organismo Transparencia Internacional, publicado este 28 de enero, que en esta ocasión basó los resultados de acuerdo al manejo del Covid-19 que han tenido estos países.
“Estos índices los ven los inversionistas extranjeros, lo otro es que los ven los países cooperantes y los países prestatarios de recursos, y si en algunos casos decidieran establecer relaciones con nosotros, esos préstamos tuvieran un mayor costo y eso lo salimos pagando nosotros. Y lo otro es que entramos a calificaciones de mayores riesgos, sin contar con elemento interno”, valoró Valle.
La investigadora aseguró que la caída en picada de la credibilidad de Nicaragua comenzó en 2018, aunque los anteriores años ya venía decayendo gradualmente. Valle valoró que esa situación se debe a la percepción de la falta de transparencia de las instituciones del Estado, pero también porque el ocultamiento de información genera hechos de malversación de recursos públicos, de nepotismo, de tráfico de influencia.
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Expresó que en Nicaragua ya no solo se percibe la falta de rendición de cuentas, sino que es casi palpable en la escasa información pública que ofrecen las instituciones de Nicaragua. Señaló que las páginas web de las instituciones han quitado información básica que antes ofrecían y en cambio publican “información desactualizada” y que no corresponde a sus funciones.
Pero además, para la investigadora la información pública es poco creíble por el contraste entre la información que se ofrece y la realidad que se vive.
“Antes por lo menos teníamos pocas dudas de instituciones técnicas que generaban información. Estoy hablando, por ejemplo, del Banco Central, de la Siboif (Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua), o del Ministerio de Hacienda, pero ahora se duda y eso grave, y eso genera un clima de inestabilidad y los inversionistas tienen muchas dudas sobre si invierten sus recursos. Lo otro es que los proveedores que quieren tener relaciones con el Estado, de compra-venta, dudan de que si la información que está ahí es la información veraz, si pueden participar”, explicó la experta.
Efecto en el contexto electoral
Valle señaló que el tema de la falta de transparencia en Nicaragua no es un problema solo de la administración pública, sino de todos los ámbitos del país. Particularmente en el contexto electoral que vive Nicaragua actualmente, consideró que perjudica la confianza para participar en las elecciones.
“Es una percepción generalizada de falta de transparencia, de gran opacidad en nuestro país y eso se traduce a todas las esferas del manejo del Estado en su conjunto, no es que solo toca a la administración pública como tal, sino todos los poderes y esto es preocupantes frente a un proceso electoral que estaría probablemente ante una situación de falta de transparencia”, dijo la investigadora.