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Los reos políticos William Navarrete y Danny García, apresados en Masaya ya fueron declarados culpables. LA PRENSA/ Cortesía

Al menos 10 presos políticos han sido condenados en lo que va del año

De acuerdo con defensores de derechos humanos, a todos los reos políticos condenados se les ha imputado el delito de tráfico de drogas

En solo lo que va de 2021 el régimen Ortega Murillo ha declarado culpables al menos a diez reos políticos que se oponen a la dictadura. Todos los casos tienen una característica en común: entre los delitos que les imputaron se encuentra el tráfico de drogas.

El empleo de la droga en las acusaciones contra reos de conciencia cobró fuerza desde agosto de 2018, según la abogada nicaragüense Yonarqui Martínez. Esto porque a veces el régimen no sabía “ni qué delito ponerles”.

Otra de las posibles razones es que trata de “uno de los delitos más fuertemente procesados”, señala. “Es un delito sin ninguna medida cautelar alterna, sin ningún beneficio. Tenés que cumplir tu condena a cabalidad”.

Al inicio de las protestas ciudadanas el régimen acostumbraba acusar por terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos y secuestros extorsivos, apunta el abogado nicaragüense Julio Montenegro. Pero “los delitos que se le están imputando ahora son tráfico de drogas, portación ilegal de armas, uso de armas restringidas, robo agravado”.

Para Montenegro se trata de delitos que aparentemente son más difíciles de detectar, algo que puede complicar la identificación de los casos.

El caso de Danny García

El preso político Danny García es uno de los casos más recientes. Amnistiado en 2019 y luego recapturado, fue declarado culpable el jueves 4 de febrero de 2021 por los delitos de portación de armas de fuego, tenencia de artefactos explosivos y tráfico de estupefacientes.

Se trata del vendedor de bisutería azul y blanco arrestado el 14 de septiembre de 2020 en la ciudad de Masaya. Su familia declaró que minutos antes de las 6:00 de esa mañana unos 20 policías allanaron la vivienda sin presentar orden judicial y, tras media hora de infructuosas pesquisas, montaron a García en una patrulla.

En cambio, la versión oficial asegura que fue capturado en compañía de William Navarrete, otro reo político, en las cercanías de la rotonda San Jerónimo, centro de la ciudad de Masaya. Según el informe de la Policía, entre otras cosas ilegales les encontraron diez “artefactos explosivos de fabricación industrial”, dos revólveres, municiones y catorce óvulos con “hierba color verde” que en la prueba de campo “dio positivo para marihuana”.

Familiares de ambos reos políticos afirmaron que la Policía fabricó pruebas en contra de los acusados por ser opositores a la dictadura.

Los reos Hader González y Cristian Meneses.

Otros condenados

También el reciente 4 de febrero la jueza sandinista Adela Cardoza Bravo, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, encontró culpable al preso político Julio César Pineda Izaguirre por los delitos de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y crimen organizado. Esto pese a una serie de irregularidades procesales denunciadas por el abogado defensor Julio Montenegro.

De acuerdo con el abogado, quien lleva los casos de más de 30 reos políticos del régimen, “ningún testigo pudo dar razón de que a él (Pineda) se le haya ocupado armas o droga alguna”. “Y si se habla de la supuesta implicación en crimen organizado, de igual manera no se logró acreditar en el proceso”, denunció tras conocerse el fallo de culpabilidad.

El 27 de enero de este año igualmente fueron condenados los presos políticos recapturados Hader González y Cristian Meneses, originarios de Masaya. A pesar de que, según los abogados defensores Yonarqui Martínez y Julio Montenegro, el Ministerio Público no logró demostrar su participación en los delitos imputados, la jueza sandinista Nancy Aguirre los encontró culpables por asesinato, crimen organizado, tráfico de droga internacional y portación de armas restringidas.

González y Meneses eran excarcelados políticos que se habían refugiado en Costa Rica, pero el 15 de agosto de 2020 fueron detenidos por el Ejército en la frontera con ese país cuando intentaban regresar a Nicaragua. En noviembre del año pasado el padre de González denunció que su hijo estaba sufriendo torturas en La Modelo.

Lea también: Fiscalía pide 92 años de cárcel para los opositores capturados por el Ejército en la frontera con Costa Rica

Imagen publicada por el Movimiento Campesino de Nicaragua en las redes sociales.

Los campesinos de Chontales

A los reos políticos condenados que ya hemos mencionado, habría que sumar los seis que ha registrado la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).

En esa lista se encuentran los campesinos chontaleños Juan Barrilla, Pablo Emilio Téllez, Jader Téllez y Augusto Calero, secuestrados la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2020 en la comunidad El Naranjo, municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. El excontra Pablo Emilio Téllez y su hijo Jader tenían siete meses de haber regresado de su exilio en Costa Rica, de acuerdo con publicaciones en medios independientes.

También fueron hallados culpables William Navarrete (presentado junto con Danny García) y el amnistiado jinotegano Jordan Edilio García, recapturado el 2 de octubre de 2020. Según la versión policial, a este último se le incautó “una bolsa plástica, color negro” que contenía “15 bolsas transparentes con hierba color verde”: cinco libras de marihuana.

Los delitos imputados a estos reos políticos van desde portación ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de armas restringidas y fabricación de explosivos hasta crimen organizado. Pero todos coinciden en el tráfico de drogas, apunta la abogada nicaragüense María Oviedo, de la CPDH.

Imagen tomada de las redes sociales.

Casos especiales

Aunque todavía no ha sido declarado culpable, hay que mencionar también a Sergio Beteta, el joven capturado el 21 de diciembre de 2020 cuando protestaba con una bandera azul y blanco en la Avenida Universitaria. A él lo acusaron dos días después por tenencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Además está el caso especial de Carlos Bonilla, preso político recapturado que fue acusado de tráfico de drogas un día después que fue emitida su orden de libertad por cumplimiento de la sentencia de un año de cárcel.

La nueva acusación contra Bonilla detalla que dos días antes de que se cumpliera la sentencia impuesta por la dictadura, agentes del Sistema Penitenciario La Modelo le encontraron una bolsa con cocaína en su camarote.

Bonilla negó los cargos y aseguró que la droga fue “plantada” cuando los sacaron a tomar el sol al patio.

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