La Junta Directiva de la Asamblea Nacional amplió por un año más el período de funcionamiento de la “Comisión de la verdad, justicia y paz”, mejor conocida como “Comisión Porras”, creada el 29 de abril de 2018 para defender la versión del régimen de Daniel Ortega sobre la represión armada contra las protestas civiles.
El nuevo período comienza a contar a partir del 6 de febrero pasado hasta el 9 de enero de 2022, según la Resolución J.D. 02-2021, publicada este miércoles en La Gaceta, diario oficial del país.
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La creación de la “Comisión Porras” fue una iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, de ahí su sobrenombre. En marzo cumplirá tres años de operar. Sus integrantes no son diputados, sino simpatizantes del régimen orteguista que intentan dar la apariencia de neutralidad, para que la Comisión tenga credibilidad.
La “Comisión Porras” fue creada en medio de la cruenta represión policial contra la protestas civiles que surgieron en rechazo a una reforma a la Seguridad Social.
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Más de 300 personas murieron por la represión policial y parapolicial desde el 19 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La “Comisión Porras” solo reconoce 85 muertos y casi mil lesionados por la violencia.
La CIDH, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aseguró que en Nicaragua se cometieron “crímenes de lesa humanidad” de parte del Estado en los eventos de 2018.
La versión del gobierno de Ortega es que las protestas fueron un intento de golpe de Estado y solo reconoce las muertes de 22 policías y un civil armado que trabajaba en la alcaldía de Managua.