El poder judicial de Nicaragua celebró que hubo “una exitosa gestión judicial” en Managua durante el año 2020, a pesar de la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, abogados independientes señalan que el júbilo del poder judicial pasa por encima de las muertes de todos los funcionarios judiciales, familiares de esos funcionarios y abogados que fallecieron contagiados por el mortal coronavirus, producto de que al principio de la pandemia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no atendió las medidas de prevención dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, los abogados independientes denuncian que, a pesar de la pandemia, el poder judicial no cesó de ser un instrumento de represión de la dictadura Ortega Murillo y en el 2020 no se detuvieron las violaciones a los derechos humanos, hubo nuevas detenciones, se celebraron juicios en los que se exponía a los reos políticos al coronavirus, entre otras anomalías.
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El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), magistrado Gerardo Rodríguez, informó que los juzgados civiles, penales y el TAM dictaron 53,752 resoluciones judiciales en el año 2020. Eso significa 2,975 más que en el 2019, cuando se emitieron 50,777.
“Pese a los efectos negativos de la pandemia del Covid-19, el poder judicial logró contener la mora judicial y elevar la cantidad de resoluciones judiciales, resultado del buen desempeño del personal, jueces y magistrados”, dijo Rodríguez, según consta en una nota de prensa de la CSJ.
“Cantidad no es igual a calidad”
El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, reaccionó a la celebración del poder judicial señalando que “cantidad no es igual a calidad”.
Cuevas indica que el principal problema del poder judicial radica en que sigue sujeto al poder ejecutivo y no actúa con independencia, politizando la justicia.
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El abogado independiente Julio Montenegro considera que “una cosa son las estadísticas y otra que se cumpla el cometido” de atender bien a los usuarios de la justicia en Nicaragua.
De acuerdo con Montenegro, no concuerda el hecho de que las autoridades del poder judicial se sientan “satisfechas” con el trabajo que realizan con la satisfacción de la población en general respecto al sistema de justicia de Nicaragua. “La sociedad nicaragüense cuestiona al poder judicial y si no hagan una encuesta y pregúntenle a cada ciudadano lo que piensa del poder judicial que tenemos”, expresó Montenegro.
“El Covid-19 no cambia en nada a la administración de justicia”
El abogado Montenegro indicó que en la actualidad existen entre 110 y 120 reos políticos en Nicaragua y que el poder judicial no los ha tratado a como lo mandata la Constitución Política del país, ya que en primer lugar violenta el artículo 7 de la Carta Magna, el cual manda a los poderes del Estado a actuar independientes entre sí.
Para la abogada Yonarqui Martínez, el Covid-19 no cambió en nada a la administración de justicia en Nicaragua, porque en el año 2020, de cuya gestión se jacta el poder judicial, en ese año continuaron las violaciones a los derechos humanos de los reos políticos, los juicios no se detuvieron exponiendo al virus a todos los presentes, hubo nuevas detenciones. “Continuaron las violaciones al debido proceso. El Covid no cambió absolutamente nada en cuanto a la administración de justicia (en 2020)”, dijo Martínez.
Más de 50 muertos
Por último, la abogada Yonarqui Martínez lamentó que el poder judicial celebre logros de gestión cuando en 2020, a causa de la pandemia del Covid-19, fallecieron más de 50 personas entre abogados y personal de los juzgados de Managua. Las noticias de las muertes eran manejadas con sigilo y los abogados se daban cuenta “por los rumores en los pasillos”.
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Según la abogada, el poder judicial no observó medidas de seguridad dictadas por la OMS sino hasta que empezaron a haber muertos. Nadie del personal del poder judicial sabía cómo tratar a los usuarios en el tema del Covid-19, indica Martínez. “Los defensores de derechos humanos desde que empezó todo tomamos medidas de prevención”, expresa Martínez, ya que a veces había hasta 25 personas en una misma sala, las cuales son pequeñas.
La abogada indicó que al principio la mascarilla no era exigida, según palabras del magistrado Gerardo Rodríguez, quien en otra nota de prensa del poder judicial, con fecha del 29 de abril de 2020, aclaraba sobre el uso de mascarillas en los recintos judiciales de Managua. “Es necesario aclarar que los usuarios no están obligados a portar mascarillas para ingresar a los complejos judiciales; a los que sí se lo vamos a exigir es a las personas que vengan a las audiencias o a los juicios, ya que las salas son pequeñas y no hay posibilidad de establecer una distancia de alejamiento, así prevenimos cualquier riesgo de contagio”, explicó en ese momento el magistrado Rodríguez.
Martínez, quien recuerda que recibía burlas de fiscales y jueces por llevar alcohol y mascarilla, también rememora que se tuvo que hacer recolectas para ayudar a las familias de los abogados muertos por Covid-19. En una de esas muertes, no había cómo trasladar el cuerpo del abogado y el abogado Manuel Urbina Lara fue el único que se puso a la orden para llevarlo al cementerio, aunque después se consiguió otro vehículo.
La nota de prensa del poder judicial indica que un total de 442,990 personas ingresaron al Complejo Judicial Central Managua en el año 2020, un promedio de casi 37,000 al mes. De ese total 277,956 fueron usuarios, 120,364 abogados litigantes y 30,328 procesados.