El cierre de espacios cívicos es una amenaza directa contra el ejercicio del periodismo, porque muchos organismos apoyan el fortalecimiento de los procesos de formación y modernización, señaló este jueves Ana Gabriel Zúñiga, especialista en derechos cívicos en la era digital.
Zúñiga, indicó que esto es sumamente peligroso para la libertad de prensa y la democracia. Aseguró que es una amenaza regional. “El contexto nicaragüense no es ajeno ni aislado a lo que pasa a nivel de la región”, apuntó.
Agregó que el cierre de espacios públicos no debe ser visto como un fenómeno aislado, sino que es una amenaza que se cierne sobre otras sociedades de América Latina.
“En América Latina, en diferentes países se están poniendo sobre la mesa discusiones sobre políticas y proyectos dirigidas a disminuir el rol de las organizaciones de sociedad civil y el ejercicio libre del periodismo”, dijo Zúñiga.
A inicios de febrero tanto la Fundación Violeta Barrios, como el capítulo de Periodistas y Escritores de Nicaragua, (PEN), anunciaron el cierre de operaciones debido a la entrada en vigencia de la Ley de Agentes extranjeros, la cual entre otros aspectos, que obliga a onegés nacionales a registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, y les limita su rol como sociedad civil.
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Al respecto Zúñiga, quien participó este jueves en un conversatorio virtual sobre los retos que enfrenta el periodismo nicaragüense, agregó que es sumamente peligroso que los estados intenten reducir los espacios de participación de la sociedad civil.
“La reducción del espacio cívico es sumamente peligroso, porque eso también puede afectar las herramientas, las posibilidades, los contexto y la protección sobre la cual se ejerce el periodismo; porque muchas de estas organizaciones de sociedad civil son precisamente las que ayudan a financiar periodismo independiente, financian proyectos investigativos en los que periodistas tienen un rol fundamental y, donde además la desprotección a las organizaciones de sociedad civil y las entidades infomediarias y periodistas independientes naturalmente implica una vulnerabilidad por decirlo de cierta manera”, analizó.
Riesgo también en lo digital
Zúñiga agregó que actualmente en Nicaragua es palpable que existe una falta de voluntad por parte del estado para facilitar la información, ya no solo a través de declaraciones públicas de funcionarios de gobierno, sino también mediante la no divulgación de contenido digital.
Explicó que debido al contexto de la pandemia del Covid-19, en la que se las sociedades han tenido que “forzar la digitalización” hay ahora un mayor obstáculo y riesgo para los periodistas a ser amenazados.
A finales de octubre el régimen aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios comunicación.
“Posiblemente asociamos mucho el riesgo del periodista en el entorno físico, en la cobertura de la noticia in situ, pero también hay una serie de violencias asociadas a los entornos digitales y, naturalmente un país como Nicaragua donde se ha visto un detrimento en el resguardo de derechos digitales, donde no hay normas claras, donde el Estado pone límites al uso de las herramientas tecnológicas, se amplia la cantidad de vulnerabilidades a las que se asocia
el ejercicio del periodismo”, manifestó Zúñiga.
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Por su parte Pedro Vaca, relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, externó que es evidente que en Nicaragua hay una crisis generalizada de derechos humanos y un deterioro acentuado del Estado de Derecho.
“No es una buena noticia para la sociedad que se cierren organizaciones civiles”, valoró Vaca, quien también participó en el foro virtual.
Además mencionó que en el país se implementa un estado de censura bien estructurado, en el que el poder judicial maneja distintos ritmos para juzgar acciones en contra de la libertad de prensa y periodistas.
El foro virtual fue organizado por el Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca más.