A juicio de analistas políticos y opositores, la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, no solo agudiza la crisis del país suramericano, sino que debería llamar especial atención en Nicaragua por ser una de las acciones que los regímenes autoritarios usan para amedrentar a sus opositores.
“Los modelos dictatoriales populistas insistirán siempre en atacar y tratar de eliminar a las fuerzas democráticas y al pluralismo, con el fin de imponer a la fuerza su dictadura y someter a los pueblos a modelos socialistas desfasados”, señaló José Dávila, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Dávila y la organización que representa, junto al partido Ciudadanos por la Libertad conforman la Alianza Ciudadana, es una de las fuerzas que busca —por separado de otras organizaciones políticas— aglutinar a la oposición contra Daniel Ortega, valora además que en países como Nicaragua, Venezuela, Cuba y ahora Bolivia “siempre se acusara a los opositores de golpistas o terroristas, para bloquear el pensamiento pluralista y toda posibilidad de construcción democrática”.
Usando esa misma tónica, pero implementando mecanismos legales, Áñez, fue arrestada la madrugada del sábado tras ser señalada junto a otros exmiembros de su gabinete de promover un golpe de estado que terminó con la caída del exmandatario Evo Morales en 2019.
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“En Nicaragua, la rebelión cívica antidictatorial del 2018 fue catalogada de golpista y terrorista, para justificar la represión y la restricción de las libertades públicas”, dijo Dávila.
¿Podría ocurrir algo parecido en Nicaragua?
Si una acción similar fuese realizada por el régimen de Daniel Ortega en contra de miembros de la oposición en Nicaragua, incrementaría la condena no solo a nivel interno, sino también de la comunidad internacional —de donde han recibido las mayores sanciones diplomáticas y económicas—, valora el analista político Bosco Matamoros.
“Esta acción más que estabilizar el país, profundiza la crisis en la sociedad boliviana y da poco crédito al gobierno de (Luis) Arce”, manifestó Matamoros, quien opina que “reproducir este tipo de medidas en Nicaragua agudizaría la crisis política”.
Según Matamoros, la comunidad internacional tiene bien claro que en Nicaragua hay una sistemática violación a los derechos de la ciudadanía y eso quedó de manifiesto con el profundo rechazo que causó la aprobación de un paquete de leyes represivas a finales del año 2020.
“Las leyes aprobadas han sido censuradas a nivel internacional por ser arbitrarias, y de darse algo como eso (arrestos) el impacto negativo sería mucho mayor”, sostuvo el analista.
Legislación represiva es su carta de juego
Entre octubre y diciembre del año pasado, el Gobierno aprobó mediante sus diputados y aliados (que son mayoría) en la Asamblea Nacional, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual entre otros aspectos manda a que toda persona natural u organización que reciba financiamiento foráneo se registre ante el Ministerio de Gobernación y también se abstengan de participar en actividades políticas.
Sobre este particular el lunes 8 de marzo durante un acto especial por el Día Internacional de la Mujer, Daniel Ortega justificó la existencia de esta ley, señalando que las oenegés que reciben financiamiento lo utilizan para financiar “actos terroristas”.
“Los que viven pidiendo sanciones, los que reciben dinero que se lava a través de esos organismos que llaman ONG, que se han creado ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas, desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes para eso, ya tenemos esas leyes; y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años, y todavía hasta hace poco miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror”, acotó Ortega.
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De igual forma a finales del año pasado fue aprobada la Ley de Ciberdelitos, bautizada como “Ley Mordaza”, por el control que busca ejercer sobre espacios digitales hasta ahora libres, tales como las redes sociales; de igual manera se propuso y ratificó una enmienda a la Constitución Política, con la que se estableció la cadena perpetua para quienes cometan “crímenes de odio”, según el discurso oficial. Está también la llamada Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación.
Asimismo a inicios de febrero, la aplanadora sandinista presentó y aprobó una modificación al Código Procesal Penal de Nicaragua, Ley 406 con la que se incrementa de 48 horas a un mínimo de 15 días y hasta un máximo de 90 días el tiempo que una persona puede pasar detenida mientras se le investiga. Todo el que sea sospechoso de un crimen que le señale el orteguismo, deberá permanecer tras las rejas aunque no se haya comprobado su culpabilidad.
“Esto agudiza la crisis que tienen las instituciones del país, en este caso el sistema judicial y pone en cuestionamiento también la autonomía de los poderes de Estado y la subordinación de la ley a una voluntad política”, sostiene Matamoros.
Al respecto, Dávila menciona que conforme se aproximen las elecciones de noviembre próximo se complicará el panorama para los sectores opositores, especialmente con las leyes punitivas aprobadas, una forma en la Ortega ha tratado de mantener “a raya” a los opositores políticos, pero que ahora cobraría más relevancia al intentar anular a sus rivales en las elecciones presidenciales.
“Aún para las elecciones de noviembre, penden sobre los opositores nicaragüenses este tipo de acusaciones, que sumadas a leyes represivas e inhibitorias, tratan de cerrar el paso a lo que podría ser un advenimiento democrático en el país”, afirmó.
Totalitarismo a sangre y fuego
Por su parte el también analista Enrique Sáenz manifestó que lo ocurrido en Bolivia debe interpretarse como un acto de venganza “el cual, además puede ser el inicio de una etapa de represión”.
Sin embargo, descartó que el arresto de la exmandataria Áñez pueda generar acciones similares en el país, ya que a su juicio, la coyuntura externa no determina lo que Daniel Ortega decida implementar en el país, sino todo aquello que le permita mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
“En Nicaragua la amenaza que representa Ortega no deriva de lo que ocurre a nivel internacional sino de aferrarse al poder a sangre y fuego”, sostiene Sáenz.
Agregando que “el aferramiento al poder y la vocación dictatorial, sea de una persona o de un partido, inevitablemente acarrean represión y venganza. Ortega no ha necesitado de leyes para confiscar, encarcelar, perseguir, allanar viviendas, torturar y arrebatar vidas, según lo consignan informes de organizaciones internacionales de derechos humanos”, dijo.