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CONTENIDO EXCLUSIVO.Organizaciones civiles y grupos opositores tienen más de 15 años demandando reformas a la Ley Electoral (Ley 331). Pero particularmente este año de elecciones generales, tras tres años de crisis por la represión contra las protestas civiles, la reforma electoral se ha vuelto el único tema en que coinciden los políticos opositores.
Los críticos valoran que la situación del país no cambiará mientras Daniel Ortega se mantenga en el poder; de ahí la importancia de lograr cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Por ahora se puede decir que es casi imposible realizar elecciones libres y justas en Nicaragua, debido a que el órgano electorales está controlado por militantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Pero la situación del poder electoral va más allá de cambiar a todos sus miembros desde la cúpula hasta la estructura territorial, porque igual podrían volver a poner a nuevos partidarios del régimen de Ortega y de otro partido que ellos reconozcan como la segunda fuerza política.
En Nicaragua las leyes no prohíben que un militante de un partido político sea nombrado magistrado del CSE, lo que resultó muy conveniente cuando se dio el pacto entre las dos principales fuerzas políticas durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002).
El artículo 138, numeral 8, de la Constitución Política de Nicaragua establece que los magistrados electorales son elegidos en la Asamblea Nacional, de las listas que propone el presidente de la República y los diputados de la Asamblea Nacional, “en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), encabezado por Arnoldo Alemán, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega, eran la primera y la segunda fuerza política, respectivamente, cuando se aprobaron las polémicas reformas constitucionales en el año 2000, que abrieron la puerta al bipartidismo en todos los niveles del Estado.
Ese poder de la primera y la segunda fuerza política inevitablemente se reflejaba en la Asamblea Nacional, donde ambos partidos se repartieron en partes iguales los funcionarios y magistrados de los poderes del Estado.
El PLC y el FSLN estrenaron a sus militantes en los cargos de magistrados del CSE, aunque hay que señalar que entre ellos había un magistrado particular, que no venía de ninguna rama política, que estaba antes de ese pacto y que llegó a ser la cabeza sobresaliente de ese poder: Roberto Rivas Reyes, un hombre que supo moverse bien entre las dos aguas partidarias para mantenerse en ese cargo durante 23 años, de los cuales 14 fue presidente del CSE.
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Rivas sobrevivió a los liberales arnoldistas y luego, cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007, sobrevivió a los sandinistas hasta 2018. Bajo la presidencia de Rivas en el CSE, se permitieron los fraudes más descarados a beneficio del FSLN de Daniel Ortega, con lo que ha logrado mantenerse en el poder 14 años consecutivos, controlar más de 130 alcaldías y tener 70 escaños en el Parlamento nacional.
Las piezas en el CSE comenzaron a cambiar cuando Daniel Ortega afianzó su poder en su segundo período consecutivo de gobierno, de 2012 a 2016. Ortega se reeligió como presidente en las elecciones de 2011, pasando sobre el establecimiento constitucional que prohibía la reelección consecutiva.
En ese período de gobierno, el FSLN aumentó su número de diputados en la Asamblea Nacional; pasó de 38 (en el período anterior) a más de 60, en un plenario de 91 legisladores.
En ese período también aumentó el número de militantes sandinistas en cargos de magistrados electorales, tras dos muertes de magistrados liberales y otros cambios de sus propios militantes.
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Son siete magistrados electorales propietarios y tres suplentes. Actualmente hay un cargo vacante desde la renuncia de Roberto Rivas en mayo de 2018, después de que fuera sancionado por corrupción por Estados Unidos en diciembre de 2017.
Cinco magistrados propietarios son sandinistas, uno es liberal. Dos suplentes son sandinistas y uno es liberal.
Lumberto Ignacio Campbell Hooker
Lumberto Ignacio Campbell Hooker es el vicepresidente del CSE. Fue electo magistrado en abril del 2014.
Campbell además pasó a ser administrador del poder electoral en febrero de 2018, tras una reforma a la Ley 331 que hizo la Asamblea Nacional, para pasar la función administrativa del presidente al vicepresidente, debido a que el entonces titular, Roberto Rivas, fue sancionado por Estados Unidos.
Es originario de Bluefields, tiene licenciaturas en física y matemáticas. Es cercano a Daniel Ortega y militante del FSLN. Es hermano del actual embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Campbell.
Antes de ser nombrado magistrado en el poder electoral, fue secretario para asuntos de la Costa Caribe del FSLN y coordinador del Consejo de Desarrollo para la Costa Caribe.
Fue viceministro para la Costa Caribe en los años 80. En 1988, en calidad de delegado del gobierno sandinista, Campbell tuvo a su cargo el desplazamiento de miles de personas desde el Caribe al Pacífico para protegerse del devastador huracán Juana.
Fuentes del sector político han señalado que Campbell está atendiéndose asuntos severos de salud, LA PRENSA ha intentado corroborar el asunto en el CSE, pero no se ha logrado respuesta.
Emmett Lang Salmerón
El coronel en retiro Emmett Lang Salmerón ha sido magistrado del CSE desde el 2000. Fue vicepresidente de esa institución hasta 2014, cuando lo sustituyó Lumberto Campbell. Fue jefe de logística del Ejército y fue jefe de la Fuerza Aérea de Nicaragua, de 1984-1987.
También es presidente del Comité Olímpico Nicaragüense (CON). Está casado con María Esperanza Valle, diputada sandinista del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Lang es un sandinista de la vieja guardia y un cuadro destacado del FSLN. Entró al CSE en el esquema bipartidista, como hombre de confianza de Ortega.
Durante sus primeros años de magistrado y vicepresidente del CSE, fue el brazo fuerte de Ortega en la tercia de poder entre el FSLN y el PLC. Sin embargo, a partir de que Roberto Rivas adquirió más protagonismo y ya no significó un obstáculo para los intereses del FSLN, Lang pasó a un segundo plano.
Es considerado un político de bajo perfil, pero muy cercano a Ortega. Fuentes anónimas aseguran que Lang tiene “serias contradicciones” con la primera dama, Rosario Murillo, “como las tienen con la mayoría de los cuadros de primera línea sandinista”.
Luis Enrique Benavidez Romero
Ha sido magistrado del CSE desde el 2005, cuando llegó bajo el pacto entre el expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, caudillo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y el presidente inconstitucional Daniel Ortega.
Denunció en 2008 que las elecciones municipales se desarrollaron en un “ambiente oscuro y turbio” y estuvieron plagadas de “nulidades y artimañas” que restaron credibilidad a los resultados emitidos por el CSE.
Benavidez primero se negó a plegarse al decreto 03-2010, con el cual Daniel Ortega pasó por encima de la Constitución y postergó en sus cargos a decenas de funcionarios públicos con cargos vencidos. Sin embargo, Benavidez luego retornó a su puesto en condición de facto. Más tarde fue reelecto y se plegó a los intereses del FSLN, desde entonces no ofrece declaraciones a los medios de comunicación.
Judith del Socorro Silva Jaen
Fue nombrada magistrada del CSE en julio de 2015. Antes era presidenta ejecutiva del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), hasta el 16 de junio de 2015. Presuntamente fue obligada a renunciar a su cargo en el Invur por problemas presupuestarios en dicha cartera. Es militante del FSLN.
Norma Morena Silva
Norma Morena Silva fue nombrada magistrada del CSE en febrero de 2016, en reemplazo del exmagistrado Johnny Tórrez, quien renunció. Para proponerla de magistrada, el Gobierno de Nicaragua canceló su cargo de embajadora en Argentina y recurrente en Paraguay, que ejercía desde el 2013.
Es hermana de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Es abogada y notaria con amplia trayectoria en el partido FSLN. Fue miembro de la Juventud Sandinista y fundadora de la Asociación de Niños Sandinistas Luis Alfonso Velásquez Flores. También fue secretaria política del Distrito Cuatro, en Managua, en el 2010. Exprocuradora Especial de la Niñez (2005-2011).
Mayra Antonia Salinas Uriarte
Fue nombrada magistrada al mismo tiempo que Moreno en febrero de 2016, pero por la renuncia de José Luis Villavicencio a su cargo de magistrado electoral. Era codirectora del Instituto Nicaragüense de Cultura, cargo donde fue asignada en agosto pasado luego de ser destituida como presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) en julio de 2015.
Salinas es licenciada en Ciencias Sociales y posee dos maestrías, una en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Centroamericana (UCA) y la segunda en Alta Gerencia de la Administración Pública por la Universidad de Estudios Humanísticos (UNEH) de Managua.
Siendo Salinas presidenta del Intur, la poca efectividad de las campañas de promoción turística se reflejaba en que el gasto promedio diario de los extranjeros que llegaron al país hasta mediados de 2015 se redujo a 40.7 dólares, cuando en el mismo período de 2014 el gasto fue de 42.4 dólares.
También en la administración de Mayra Salinas, en el primer semestre de 2015, los proyectos nuevos de inversión en el área turística sumaron 22 millones de dólares, que significaron una fuerte reducción frente a los más de sesenta millones de dólares que el país recibió en la primera mitad de 2014.
Magistrados suplentes
Virginia Lorena Molina Hurtado es magistrada suplente desde 2014. Militante del FSLN. Fue vicesuperintendente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones (Siboif).
Emiliano José Enríquez Lacayo es magistrado suplente desde 2014. Militante del FSLN.
Miguel Ángel Meléndez Treminio es magistrado suplente del CSE desde 2014. Es militante del PLC. Fue diputado de ese partido dos períodos: durante el gobierno de Arnoldo Alemán, 1997-2002, y el gobierno de Enrique Bolaños, 2002-2006. Era señalado de apoyar las iniciativas del FSLN en la Asamblea Nacional durante su gestión. Ingeniero civil del departamento de Managua.