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CONTENIDO EXCLUSIVO.Las Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) podría estar siendo útil para Daniel Ortega en momentos que sus empresas familiares y algunas de las instituciones públicas han sido sancionadas por corrupción y no pueden seguir funcionando, según la opinión de opositores.
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La Cornap no había tenido un rol activo durante el gobierno orteguista, pero ahora se ve con actividades de inversión en construcción inmobiliaria en tiempos de crisis económica.
Juan Sebastián Chamorro, economista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, dijo que lo más probable es que esa entidad sea utilizada como “testaferro” del régimen porque no ha sido sancionada.
“Es una figura jurídica que no ha sido sancionada o que no ha sido parte del andamiaje público, para pasar debajo del radar y para hacer las mismas cosas que hacen siempre, esas inversiones opacas, corruptas, eso es lo primero que se me tiene a la mente: revivir ese muerto con fines como usar una testaferro”, dijo Chamorro.
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Ortega reactivó el funcionamiento de la Cornap con proyectos de construcción de plazas comerciales, edificios y otros inmuebles, lo que llama la atención de los críticos debido a que el país lleva tres años de crisis económica. Su página web recién actualizada, reporta que están rentando locales y legalizando fincas.
Félix Maradiaga, opositor y también aspirante presidencial, valoró que “la Cornap abre un espacio de acción para que –usando la cobertura de una institución del Estado–, esas empresas del régimen tengan mayor margen de acción, como por ejemplo ofrecer bienes y servicios, participar en proyectos, licitaciones y contratos como proveedores del estado”.
“La activación de la Cornap parece ser parte de una estrategia del régimen para aumentar el papel empresarial del Estado, en un contexto en el cual las sanciones internacionales han puesto trabas para la operación del conglomerado de empresas vinculadas al FSLN y a Albanisa”, expresó Maradiaga.
En 2019, el Gobierno de Estados Unidos anunció que Alba de Nicaragua (Albanisa) había sido alcanzada por las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), debido a la relación que tenían a través de un contrato que estableció un capital mixto para el negocio de los hidrocarburos. Albanisa había cobijado un sinnúmero de negocios privados, desde que en 2007 se firmó un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y Venezuela, a través del que se prometían beneficios en doble vía y proyectos que se vendieron como emblemáticos, pero que nunca vieron la luz. Se estima que la cooperación petrolera con Venezuela ha permitido el ingreso de más de cuatro mil millones de dólares, que han sido manejados de forma discrecional.
Ese año también fue sancionado el Banco Corporativo (Bancorp); el negocio de combustibles por medio de la empresa Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP); Inversiones Zanzíbar; Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat). Y en 2020 Difuso Comunicaciones y Mundo Digital, y la Caja Rural Nacional (Caruna) ya en 2020, este viernes pasado.
Maradiaga aseguró que antes de las sanciones “el régimen se despachaba con la cuchara grande una serie de contratos con total impunidad y sin ninguna limitación bancaria”, pero dijo que ahora “las cosas han cambiado y el régimen se ha tenido que volver más creativo para poder blanquear su capital”.
“Si observamos las medidas tomadas con relación a entidades como Bancorp y Petronic, por mencionar dos ejemplos, la modalidad ha sido la de proteger activos del régimen, a través de un esquema en donde se usa al estado como escudo protector de recursos o empresas que están vinculadas al FSLN. No encuentro otra razón más lógica para la activación de la Cornap”, agregó Maradiaga.
Presión a la empresa privada
José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) valoró que la activación de la Cornap es un nuevo mecanismo de presión al sector privado, para obligarlos a a trabajar con el gobierno de Ortega, como lo hacían antes de abril de 2018.
“Es un esfuerzo que pretenden de alguna manera de seguir buscando cómo presionar. Hemos visto que han encontrado diferentes mecanismos para atacar al sector privado y este es uno más”, dijo.
Aguerri también consideró que detrás de los proyectos de construcción de la Cornap, están actuando empresas afines al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).