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CONTENIDO EXCLUSIVO.La tormenta comenzó el lunes 16 de abril de 2018, cuando se anunció un paquete de reformas al Seguro Social. Como es bien sabido, las drásticas medidas originaron protestas ciudadanas que fueron reprimidas salvajemente por el régimen Ortega Murillo; sin embargo, es menos conocido el paquete aprobado diez meses y más de 300 muertos después, el 1 de febrero de 2019, pese a que sigue en vigencia y es bastante peor que el de 2018, derogado por el propio Daniel Ortega.
Más recientemente, el 18 de marzo de este año, el régimen dio otra estocada a los asegurados al eliminar las prestaciones económicas por subsidio para quienes se encuentran en el régimen de seguro facultativo. De acuerdo con la resolución 28/345, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) solo mantendrá prestaciones médicas y de servicios, pero no el pago de subsidios, ya sea por enfermedad o por maternidad.
Ese fue el segundo golpe bajo a los contribuyentes desde que estalló la crisis sociopolítica y económica de la que el país no ha logrado salir.
En abril de 2018 Roberto López, director del INSS, anunció la reforma que Ortega tuvo que derogar cinco días después de su aprobación. Esta decía que a partir del 1 de julio de 2018 aumentaría la tasa de contribución de los trabajadores y empleadores (la de los empleados sería de 7 por ciento, en lugar de 6.25 por ciento, y la de los empleadores pasaría de 19 a 22.50 por ciento).
Además, las futuras pensiones serían reducidas en aproximadamente 12 por ciento y, aunque no se aumentaría la edad de jubilación, todos los jubilados deberían aportar el 5 por ciento de su pensión mensual para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad, entre otras “medidas”.
En la reforma de 2019, Ortega no le quitó el 5 por ciento a las pensiones por vejez, invalidez e incapacidad; pero en “compensación” eliminó el ajuste anual del cinco por ciento de las pensiones conforme al mantenimiento de valor. Por otro lado, estableció hasta en 22.50 por ciento la cuota patronal y en 7 por ciento la de los asegurados, como dictaba la reforma de 2018.
Fue una reforma “jurídica y cuantitativamente más violenta, más dura que la abril de 2018”, valora Manuel Israel Ruiz, experto en temas de Seguridad Social. “Dijeron ‘ahora no vamos a tocar a los pensionados, vamos a tocar a los que andan trabajando y no saben si se van a pensionar mañana. A esos son los que vamos a golpear duro, hasta reducirles entre un 60 y un 30 por ciento de sus pensiones’”.
¿Por qué peor?
Hay varios motivos por los que la reforma de 2019 es mucho más dura que la que se intentó establecer en 2018. Por ejemplo, encontró al país en peor situación económica y aplicó medidas de urgencia, no graduales. Pero el motivo más evidente es que redujo aun más las futuras pensiones de los trabajadores.
“El trabajador, desde que empiece a aplicar la reforma, ya va perdiendo desde el 30 por ciento de su futura pensión si logra cotizar al menos 750 semanas y llega a la edad de jubilación (60 años), si quiere mejorar su pensión final, tiene que trabajar más allá de los 60 años y aun así, en comparación con la fórmula que se propuso en 2018, va perdiendo hasta el 20 por ciento más por una serie de aplicaciones draconianas a la fórmula de cálculo que se aplica en esta reforma de 2019”, explicó Róger Murillo Sandoval, consultor en Seguridad Social, el 29 de enero de 2019, un día después de que el nuevo paquete fuera anunciado.
Este ajuste ya ha afectado a los trabajadores que se encontraban a las puertas de la jubilación.
Desde la aprobación de la reforma, para que alguien obtenga una pensión equivalente al 70 por ciento de su salario promedio debe cotizar 2,756 semanas. Es decir, 53 años. “Si empezás a cotizar a los 20 años de edad, significa que vas a retirarte a los 73, si querés retirarte con el 70 por ciento”, señala Ruiz.
A su juicio hay tres razones por las que es decididamente “imposible” cotizar 53 años. La primera es que somos humanos, a veces nos enfermamos y requerimos de subsidio; la segunda es que podemos perder el empleo y pasar varios años intentando regresar al mercado laboral formal; y la última es que somos mortales: existen muchas posibilidades de que fallezcamos antes de cumplir 2,756 semanas cotizadas.
Antes de la reforma, si una persona tenía un salario de 12 mil córdobas y había cotizado, por ejemplo, 30 años, “iba a recibir el 88 por ciento de 12 mil: 10, 560 córdobas”, explica el experto. “Con la reforma, en vez de 88 recibe el 47 por ciento de 12 mil pesos: 5, 640 pesos”.
Si en lugar de 12 mil córdobas esa persona tuviera un salario promedio de 30 mil córdobas y hubiera cotizado por 30 años, antes de 2019 habría recibido una pensión del 63 por ciento: 18,900 córdobas. “Ahora le van a dar el 47 por ciento: 14,100 córdobas. En el año va a perder 62,400 córdobas”, calcula Ruiz.
Todo esto se debe a unas formas bastante oportunistas de calcular las nuevas pensiones, con las que el más perjudicado es el trabajador asalariado promedio.
En Nicaragua el promedio salarial “anda por 11,600 córdobas”, dice Ruiz. “Hay un ocho por ciento que gana más de 30 mil córdobas, pero el 90 por ciento tiene un salario igual o inferior a veinte mil córdobas”.
Más años, salarios más bajos
En la actualidad el reglamento del INSS establece que se puede optar a una pensión a los 60 años de edad y con 750 semanas cotizadas; en ese caso, de entrada se recibe el 31 por ciento del promedio salarial de los últimos siete años.
Antes “si usted ganaba 20 mil córdobas se iba con el 50 por ciento de esos 20 mil y le daban 10 mil, ahora se va con el 31 por ciento”, subraya Manuel Israel Ruiz.
Por otro lado, dependiendo del número de semanas cotizadas, anteriormente la pensión se calculaba con base en el salario promedio de los últimos cinco, cuatro o tres años. Con la reforma eso se derogó y se estableció que el promedio sale de los últimos siete años, independientemente del salario. “No es lo mismo. Entre más me alejo a la antigüedad van a encontrar salarios más bajos, por regla general”, apunta el especialista.
Para él, esta es una de las reformas más duras del mundo. “Me atrevo a decir —sostiene— que no existe en América Latina algo parecido a lo que ocurrió en febrero de 2019”. Solo ese año se otorgaron 26 mil nuevas pensiones y al aplicarse las nuevas medidas, el INSS se “ahorró” 23 millones de córdobas en el año.
No obstante, los expertos han advertido que no es a través de medidas draconianas que se resolverá el problema de solvencia del Seguro Social. El problema, para el régimen, es que algunas medidas que deben tomarse pasan, por ejemplo, por una auditoria de los gastos del INSS.
Es necesario transparentar y reducir los gastos de esta institución que ha funcionado como “caja chica” del Gobierno; trasladar al Estado las funciones de protección social que le corresponden y que han recaído sobre el INSS (como el pago de pensiones de guerra y pensiones reducidas); auditar la cartera de inversión del INSS; auditar también que el Estado pague su deuda histórica de 500 millones de dólares al Seguro Social de acuerdo con lo establecido en la reforma, e incrementar el número de asegurados activos.
En los últimos tres años el INSS ha perdido casi 200 mil afiliados y se proyecta que termine este año con un déficit de 8,050 millones de córdobas. Ninguna reforma ha surtido un efecto positivo; por el contrario, han sido un efecto y también una causa de la crisis en la que se halla sumida Nicaragua.