La precandidata presidencial independiente, Cristiana Chamorro Barrios, aseguró que con la iniciativa de Ley de reformas a la Ley Electoral, Daniel Ortega estaría suspendiendo de facto las elecciones.
“Con esta reforma a la Ley Electoral, Ortega esta prácticamente cancelando las elecciones, está impidiendo desde ya que haya un cambio por la vía electoral. Con esta ley las condiciones en vez de mejorar se agravan. Está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legítimas y creíbles. Esta ley suspende la observación internacional, apunta a inhibir a los candidatos, a controlar los votos y volverse a imponer por encima de la voluntad popular”, manifestó Chamorro durante una conferencia de prensa, que por primera vez estuvo rodeada por agentes policiales.
Lea además: CxL advierte que reforma a la Ley Electoral no contempla resolución de la OEA
Señaló que lo que ha presentado la Asamblea Nacional “no son reformas electorales, son más restricciones para que el pueblo unido no pueda ir a elecciones en libertad y con transparencia y poder cambiar este sistema dictatorial hacia una democracia, son más mecanismos para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada, en un estado de sitio permanente, intimidando a la población”.
Aseguró que “Ortega se está adelantando a la pérdida de legitimidad que ya tenía, porque desde el 2008 perdió su legitimidad con los fraudes que comenzó a aplicar a las elecciones…”.
Lea también: Arturo Cruz propone buscar a dos expresidentes de Estados Unidos como garantes de las elecciones de Nicaragua
Recordó que el espíritu de abril (2018, fecha de inicio de las protestas masivas contra el régimen) “sigue vivo, vamos a seguir exigiendo condiciones democráticas para ir a las urnas y acabar a la dictadura, no podemos olvidar que hace tres años todo el pueblo salimos unidos pacíficamente a las calles a expresar el repudio a este régimen”.
Además anunció que esta tarde los precandidatos presidenciales sostendrán una reunión privada para analizar las condiciones para participar en un proceso electoral.
Ortega no da señales a la OEA
Carlos Tünnermann, opositor y uno de los voceros de la Comisión de Buena Voluntad –que busca la unidad de los sectores opositores–, señaló que Ortega no está dando ninguna señal de querer cumplir las recomendaciones de la Organizaciones de Estados Americanos (OEA), sobre cambios en el sistema electoral que garanticen elecciones libres y justas en noviembre.
La Asamblea General de la OEA, a través de una Resolución aprobada en octubre pasado, estableció siete recomendaciones esenciales para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, pero Tünnermann primero valoró la solicitud a la Secretaria General de la OEA de apoyar “negociaciones incluyentes y oportunas entre el Gobierno de Nicaragua y actores nacionales, que representen a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para implementación, a fin de promover elecciones libres y justas”.
Tünnermann señaló que de entrada eso se está incumpliendo, porque las reformas electorales serán aprobadas en la Asamblea Nacional, un órgano controlado por la mayoría de diputados del partido gobernante que encabeza Ortega y representantes de partidos políticos opositores que son minoría y algunos hasta son afines a Ortega.
Además, Tünnermann confirmó que la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral no estipula ni una de las siete recomendaciones de la Resolución de la OEA, que son las siguientes:
La modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable.
Un proceso político pluralista que conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos.
Un examen técnico independiente, la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes.
Observación electoral internacional independiente, fidedigna y acreditada.
Un registro de votantes transparente y efectivo, la distribución de tarjetas (cédulas) de identificación y la gestión de centros de votación.
Un recuento y consolidación transparentes de los resultados y la publicación de los resultados en tiempo real.
Procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de las elecciones y sus resultados, así como procedimientos para resolverlos.