El informe anual que el Departamento de Estado presenta al Congreso de Estados Unidos sobre “Libertad Religiosa Internacional”, ofrece un capítulo de Nicaragua en el que se reportan las arbitrariedades, agresiones y otros daños causados a los obispos, sacerdotes y templos religiosos en todo el país, debido al auxilio que proporcionaron éstos a los manifestantes que protestaron contra el régimen de Daniel Ortega en 2018.
El 2 de diciembre de 2020, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el Secretario de Estado de Estados Unidos volvió a colocar a Nicaragua en la Lista de Vigilancia Especial por haber cometido o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa, refiere el documento.
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El informe del año 2020 comienza señalando que el Estado de Nicaragua, a través de la Constitución Política, “prohíbe la discriminación basada en la religión; prevé la libertad de creencias, religión y culto; y establece que nadie ´estará obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias´”.
Aún así, el régimen orteguista permite que los fanáticos sandinistas agredan e insulten a los religiosos e irrumpan en iglesias católicas, para robar y causar daño, sin ninguna consecuencias, en un país donde la Policía solo protege a los simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega.
El informe indica que en 2020 “los líderes católicos y protestantes evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica a manifestantes pacíficos en 2018 continuaron sufriendo represalias del gobierno, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales, cargos que dijeron que eran infundados, retención de exenciones de impuestos, reducción en asignaciones presupuestarias y negación religiosa. servicios para presos políticos, según medios locales”.
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También recoge que “el gobierno ordenó a las empresas de agua y electricidad que cortaran los servicios a las iglesias católicas dirigidas por sacerdotes opuestos al gobierno, revocó las visas de al menos dos sacerdotes extranjeros después de que criticaron al gobierno y denegaron o revocaron los permisos de escuelas y clínicas dirigidas por católicos antigubernamentales”.
Además, describe que “los partidarios del gobierno interrumpieron los funerales y profanaron las tumbas de los manifestantes a favor de la democracia”. Particularmente recuerdan que “en junio, medios italianos informaron que la mujer rusa arrestada, sentenciada y encarcelada por arrojar ácido sulfúrico en 2018 a un sacerdote de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Managua vivía en Italia como refugiada”.
Los reportes del Informe sobre Libertad Religiosa Internacional están basados en las noticias de los medios de comunicación críticos de Nicaragua y en informes de Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El informe señala también que el Embajador de Estados Unidos en Nicaragua y su personal “se reunieron regularmente con altos líderes religiosos de la Iglesia Católica, grupos protestantes evangélicos, la Iglesia Luterana Morava, la Asociación Islámica Nicaragüense y la comunidad judía. En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra los grupos religiosos políticamente activos y las limitaciones a la libertad de religión y el fomento de la diversidad y la tolerancia”.