Eddy Montes dejó cuatro hijos en la orfandad, una finca en las afueras de Matagalpa —que está tomada por turbas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)—, una carrera de abogado sin poder ejercer y una partida de ajedrez inconclusa.
Su rival de siempre en el tablero, el excarcelado político José Alejandro Guido, aún recuerda el fatídico 16 de mayo de 2019, cuando a las tres de la tarde don Eddy Montes le dijo que mejor seguían jugando después, que los muchachos lo necesitaban para contrarrestar la represión a la que estaban siendo sometidos los reos políticos en las galerías 16-1 y 16-2 del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
A dos años de la muerte de Montes después de recibir un disparo, ejecutado por un guardia del penal, “el Gobierno le sigue dando la espalda a la justicia”, dice su primo Francisco Montes, uno de los pocos parientes que llegaba a visitar al exreo a La Modelo. La mayor parte de su familia, incluyendo sus cuatro hijos, viven en Estados Unidos.
Lea también: Conmemoran el asesinato del preso político Eddy Montes Praslín en medio de asedio orteguista
El campesino y excarcelado político Freddy Navas lo recuerda muy bien. Lo describe como una persona educada que hablaba pausado, y siempre le explicaba a los demás reos sobre los procesos de justicia transicional y la reparación que debía garantizarles el Estado por haber sido reos políticos.
A inicios de 2018, Montes se había graduado de abogado en la Universidad del Norte de Matagalpa (UNM), pero no le dio tiempo de ejercer la profesión porque estalló la crisis política y se unió a las protestas contra Daniel Ortega. En octubre de 2018 fue detenido y la Fiscalía lo acusó por los delitos de terrorismo, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos e incendio.
Tenía una finca en las afueras de Matagalpa que “era bastante grandecita”, la cual los tomatierras ya se habían tomado antes del estallido social. Cuando Eddy Montes se sumó a las protestas, las turbas del FSLN se tomaron toda la propiedad, explica su primo Francisco Montes.
El día que falleció Eddy Montes
Por la mañana se había rasurado y “se miraba más chavalo”, pero tenía 57 años. Antes de que Eddy Montes dejara el tablero de ajedrez donde jugaba con José Alejandro Guido, escucharon disparos. Un guardia, a quien le apodaron “Mayorga” por su parecido con el boxeador Ricardo Mayorga, llegó a insultar a los reos políticos que mantenían tomadas las galerías 16-1 y 16-2 desde hace dos meses, e incluso se puso a apuntarles con su AK-47.
Eran como las tres de la tarde, recuerda el “señor Guido”, a como Montes llamaba a su eterno rival de ajedrez. Un grupo de presos políticos respondió con piedras a los insultos y amenazas de “Mayorga”, quien salió corriendo y regresó con otros guardias y antimotines tirando balazos y gases lacrimógenos.
Puede interesarle: Presos políticos denuncian amenazas de muerte de reos comunes promovidas por custodias del Sistema Penitenciario
En ese momento fue que Montes fue a ver qué pasaba. Salió al patio y se dispuso a pasarle piedras a los muchachos cuando en eso una bala de AK-47 lo alcanzó. Cinco minutos después de haberse levantado de donde estaba jugando ajedrez, Guido vio pasar a su amigo cargado por los demás muchachos, pálido, con los ojos cerrados. “La sangre le salía como que fuera una manguerita abierta”, recuerda.
Funcionarios del penal lo llevaron al hospitalito Yolanda Mayorga de Tipitapa, pero no sirvió de nada; el hombre murió cerca de las cuatro de la tarde a causa del disparo del guardia.
La versión estatal
El gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, confirmó la muerte de Eddy Montes esa misma tarde, pero indicó que se dio durante un amotinamiento donde Montes supuestamente trató de herir a un guardia con un objeto metálico cortopunzante y que en medio del forcejeo el guardia disparó. Esta versión ha sido desmentida por los más de 100 excarcelados políticos que compartían las celdas con él, y tampoco ha sido creíble para los familiares de Montes.
El exvicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, dijo en una sesión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supuestamente “hay una investigación abierta desde el mismo día del asesinato”, pero hasta el momento no existe ninguna conclusión pública sobre esa investigación y tampoco se ha contactado a los familiares de Eddy Montes.
El Instituto de Medicina Legal negó los resultados de la autopsia y otras pruebas a la familia de Montes, que inició una investigación con forenses privados por no creer en la versión estatal.
Lea además: Esta es la historia de Eddy Montes Praslín, el “pastor” ajedrecista de La Modelo
La hija mayor de Montes, Eddy Jafet, vino a Nicaragua desde Estados Unidos para demandar al Ministerio Público y a la Policía una investigación creíble e imparcial para determinar responsabilidades por la muerte de su padre, pero hasta el momento ninguna de las instituciones ha dado respuesta, señala Francisco Montes.
“Se solicitaron en tres ocasiones informes al Ministerio Público sobre el avance de las investigaciones y no obtuvimos respuesta”, dice la abogada María Oviedo, quien lleva el caso desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos. “Hay una obstaculización de averiguar la verdad, determinar responsabilidades penales y sancionar a los autores de la muerte de Eddy Montes”, resalta.
Dos años de impunidad
La Comisión Permanente de Derechos Humanos notificó a los familiares que están tratando de llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para ello, en las siguientes semanas estarán haciendo la petición ante la CIDH.
“A nivel nacional no se hizo absolutamente nada, aun habiendo posibilidad de poder investigar y determinar la responsabilidad individual del funcionario del sistema penitenciario que disparó”, explica la abogada María Oviedo, quien encabeza el equipo para presentar el caso en instancias internacionales.
Esta noticia cayó como una luz de esperanza para la familia de Eddy Montes, comenta su primo, para que su muerte no quede en la impunidad, como ha pasado con las más de 320 víctimas fatales de la represión estatal, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.